Las relaciones en materia migratoria entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía están prácticamente rotas. No existe interlocución –casi como en cualquier asunto–y la prueba es que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, denunció ayer que Andalucía roza ya los 700 menores migrantes aras haber llegado a la comunidad remitidos por la Administración central «camuflados» como adultos.

Hay que recordar que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad planteó un requerimiento dirigido por la Junta de Andalucía a la Administración General del Estado para que financie los más de 16,8 millones de euros que había soportado –a fecha de febrero de este año– al asumir la atención integral e inmediata de las 567 personas menores migrantes trasladados a Andalucía como adultos por el Gobierno de España. Estos 567 menores migrantes no acompañados ingresaron en centros de protección de Andalucía y continuarán su atención en los programas de preparación para la vida independiente.

En dicho requerimiento, la Junta de Andalucía solicitó además al Gobierno que «planifique y coordine» con la comunidad autónoma las políticas migratorias y lamentaba la falta de acción y respuesta por parte del Ejecutivo central ante esta complicada coyuntura social. Por ello, el Gobierno andaluz exigió que las llegadas de los flujos migratorios a los distintos territorios de la Península se hagan de manera ordenada y respetando los procedimientos establecidos.

La administración autonómica planteó en su requerimiento que se incoen los expedientes de determinación de edad en el lugar a donde llegan estas personas, en las Islas Canarias, y se les acompañe de su reseña policial y su inscripción en el Registro Mena, cuando corresponda. En relación a los 567 menores migrantes detectados hasta febrero, el ejecutivo andaluz recordaba que fueron trasladados sin que el Ministerio del Interior verificase su edad, lo que provocó que llegasen como adultos con las consecuencias que esto ha generado para atenderlos con todas las garantías.

No era la primera vez que se producía una discrepancia entre ambas administraciones. La Junta de Andalucía recordó que había advertido en reiteradas ocasiones al Gobierno de España de la llegada a territorio andaluz de menores migrantes bajo apariencia de adultos entre los traslados a la Península realizados por el Ejecutivo central. Lo hizo tanto en comisiones y conferencias sectoriales de Infancia y Adolescencia, en la Conferencia de Presidentes celebrada en el mes de diciembre de 2024, o por cartas a la ministra de Juventud e Infancia.

Casi nueve meses después, lejos de solventarse este problema, el número de adultos que han llegado a Andalucía como supuestos menores extranjeros ha crecido en torno a un 23% y ha pasado de los mencionados 567 a casi 700, con el consiguiente aumento del gasto para su atención.

Hay que sumar que Andalucía, junto a la Comunidad de Madrid, ha sido la comunidad autónoma que más menores inmigrantes ha tenido que asumir tras la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto que perseguía repartir por la España peninsular los menores llegados a Canarias y Ceuta, que se encuentran completamente desbordadas.

Este asunto también está judicializado. La Junta, como otras comunidades autónomas, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, que acordó el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas por una «invasión de competencias» por parte del Gobierno de España.

El Ejecutivo autonómico entendía que el texto aprobado «extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores, y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos».

Además, cuestionaba «la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española».

Con la presentación del recurso ante el TC, la Junta de Andalucía defendía «su autonomía competencial» y demandaba «un trato equitativo para todas las comunidades que conforman el Estado español».

Las relaciones entre administraciones siguen rotas.