El Gobierno de Sánchez dice que hará en 4 meses lo que no hizo en 5 años en Doñana

¿Otra mentira? ¿Otro titular que quedará en nada? En cuatro meses se comprobará si es cierto o no. A priori resulta complicado, pero el verano lo soporta todo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido hoy en que en los cuatro meses que restan de 2023 va a cerrar 400 pozos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Es decir, que en un cuatrimestre pretende hacer lo que no ha hecho en cinco años. Y es que el propio departamento de la vicepresidenta en funciones Teresa Ribera expone que desde 2019 se han clausurado por ejecución subsidiaria 208 sobre un total de 615, aunque los 407 restantes sondeos sancionados cuentan con resolución firme.

De cerrar 4 pozos al mes de media en Doñana y su entorno, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que pasará a inutilizar más de cien de media al mes en lo que queda de año. Lo realmente llamativo y requiere una explicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio, es que no ha cambiado nada o casi nada en un año. Hace justo doce meses, coincidiendo con el cierre de 7 pozos por ejecución forzosa, la CHG publicaba una nota con el siguiente balance: "Esta nueva tanda de cierre vendrá a sumarse a los 220 pozos ya cerrados por ejecución forzosa por el actual Ejecutivo desde 2018 -ahora se habla de 2019-, 105 de ellos sellados de forma voluntaria por los usuarios tras la recepción de las multas. A esta cifra hay que añadir los 443 pozos con derecho cerrados por sustitución de agua subterránea por agua superficial, tras la concesión definitiva a la Comunidad de Regantes El Fresno. Es preciso señalar que, en la actualidad, el Organismo de cuenca tiene abiertos procedimientos de ejecución subsidiaria para el cierre de un total de 467 pozos, sondeos que han sido sancionados, que cuentan con resolución firme y cuyos titulares tienen la obligación de cerrarlos".

Es decir, que un año después, ya con la sentencia del TJUE, que recordemos condenó a España por ignorar las extracciones ilegales de agua subterránea, se ha pasado de 443 pozos con derecho cerrados por sustitución de agua subterránea por superficial a 450 (prácticamente nada); y de 467 pozos sancionados con resoluciones firmes por captaciones ilegales a 407, por lo que se han cerrado 60 pozos ilegales en un año marcado por la bronca política provocada por el propio Gobierno a raíz del anuncio de la convocatoria electoral. ¿Qué pasaba antes? ¿Dónde estaba el interés del PSOE por proteger Doñana? Y algo muy importante, ¿quién explica que no se hayan cerrado antes los pozos ilegales si es que llegan a cerrarse como han prometido?

Estos datos, que parecen olvidados, vienen a reflejar la dejadez del Gobierno, que hoy se permitía recalcar que el informe de estado de los acuíferos de Doñana correspondiente al año hidrológico 2021/22 recoge actuaciones de competencia estatal ajenas a la Proposición de Ley de PP y Vox de regularización de regadíos del norte de la Corona Forestal de Doñana y supeditadas a medidas como la no autorización de nuevas concesión para riego, la eliminación de regadíos no legalizables o el cierre de captaciones ilegales.

El Ministerio sostiene que dicho informe recoge "actuaciones previstas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir", incluyendo con relación al Estado un trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de agua, un incremento de la regulación del río Agrio, uso conjunto de aguas de distinto origen, adquisición de derechos y declaración de interés general de la conducción desde la ETAP del Tinto a Matalascañas, unas obras ajenas según señala al Ministerio a la Proposición de Ley de PP y Vox de regularización de regadíos del norte de la Corona Forestal de Doñana hasta ahora al margen de la ley. Infraestructuras que vienen siendo reclamadas por el Gobierno de Juanma Moreno y la Junta de Andalucía desde hace ya años.

En la estrategia para recuperar el acuífero, el informe del año hidrológico aboga por una "mayor coordinación entre administraciones", el mensaje político de Moncloa hoy es otro: "El Gobierno defiende que sus actuaciones en Doñana son propias y no dependen de la Junta". Sigan.