Comisión sobre Doñana: todos admiten las «injusticias» y la necesidad de actuar

Todos los grupos parlamentarios admitieron ayer durante la jornada de comparecencias de los agentes sociales, como parte de la tramitación de la proposición de ley de regulación de regadíos en el entorno de Doñana, que la aplicación del Plan de la Corona Norte en 2014 generó «injusticias» entre los agricultores y reconocieron la necesidad de actuar. Fue la principal conclusión tras una larguísima sesión en la que se pudo escuchar a afectados explicar casos particulares flagrantes. La izquierda rechazó la fórmula empleada por PP y Vox, llegando a promover excepciones en la aplicación de la normativa que se intenta corregir, mientras que los promotores insistieron en que es la mejor y única posibilidad factible ante la negativa del Gobierno a dialogar y buscar soluciones alternativas a «pequeños agricultores», como quedó ayer claro.

En una jornada completamente politizada, especialmente en las exposiciones de los alcaldes de los municipios afectados –Almonte, Rociana del Condado, Moguer, Lucena y Bonares– y sindicatos, y que el socialista Mario Jiménez trató de embarrar desde el minuto uno (una vez más), fue la comparecencia de Ana Warleta González, jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio en Huelva, la que más luz arrojó sobre el asunto capital que ayuda a comprender la gravedad del problema que la iniciativa legislativa intenta resolver. Precisó que acudía «en calidad» de su experiencia como jefa del servicio de Gestión del Medio Natural en la Delegación de Medio Ambiente de Huelva entre septiembre de 2009 y agosto del pasado año 2022; y explicó el procedimiento funcionarial seguido para la elaboración del Plan de la Corona Norte de 2014, reconociendo la falta de recursos humanos para una ágil realización y de herramientas técnicas adecuadas, lo que derivó en «ilegalidades» y al mismo tiempo «situaciones injustas». La profesional técnica resaltó que «fuimos conscientes de errores del plan especial» y que se aplicó una exigencia «arbitraria» en 2014 al determinar el tipo de suelo en base a una imagen fija de 2004. Y, por último, a las preguntas de los grupos, señaló que la proposición de ley «no traspasa las líneas rojas para afectar a Doñana».

«Desde la Castellana es fácil ser ecologista; olvidan quién les dio de comer en la pandemia»

«Algunos políticos, si se callaran la boca, harían mucho bien», le espetó el representante de UPA-Huelva en contestación a Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía. Un repaso a todo el «ruido» generado, principalmente desde Madrid, que inició con una frase lapidaria: «Desde la Castellana es fácil ser ecologista». «Ya no recuerdan que cuando estábamos en pandemia eran los agricultores los que les daban de comer», recordó.

Se habló de todo lo posible, con especial hincapié en el reconocimiento de la falta de infraestructuras hidráulicas prometidas que posibilitarían el cierre de pozos –legales e ilegales– al ejecutar el trasvase de agua superficial; se recordó el consumo de agua en superficie que genera Matalascañas, equiparable al que requiere la ampliación de 650 hectáreas; se abordó la posibilidad de utilizar hasta 40 hm3 de aguas regeneradas por las depuradoras del entorno; y todo ello para preservar el parque y otorgar seguridad jurídica a los agricultores, que hicieron hincapié en que «no se sienten engañados» por la propuesta de ley sino que es la «única» solución tras casi una década de injusticia.

El empeño de Nieto –Por Andalucía– fue recalcar que la iniciativa normativa deja una puerta abierta al uso de agua del acuífero y dejó entrever su gran miedo: que el 23 de julio el Gobierno de coalición pase a la historia y deje de dirigir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la izquierda en España y el Ejecutivo entrante, prácticamente, suponga el fin del Parque Nacional.

La complejidad del conflicto dejó en evidencia incluso a los parlamentarios de la oposición participantes, nada proclives a alterar una posición política impuesta desde fuera de Andalucía. Baste significar una frase del alcalde socialista de Moguer, que desmontó el argumentario sostenido una y otra vez por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «Es un problema de zonificación, no de agua», admitió. El grupo socialista propuso coordinar soluciones caso a caso desde la comisión de seguimiento del Plan de la Corona Norte.

No fueron pocos los intervinientes que criticaron la falta de diálogo previo, especialmente los alcaldes socialistas y de Almonte de los municipios afectados sin ofrecer alternativas. Nadie planteó, en lo que podría ser entendido como un acto de valentía ecologista, ni siquiera WWF, la necesidad de reducción las casi 10.000 hectáreas legalizadas como medio radical de protección de Doñana. Una clara evidencia de que solo se busca el conflicto político y el crédito electoral por unos y otros.

Juan Antonio Millán, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), anunció la firma de un convenio con la Junta para la terminación «sí o sí» de la presa de Alcolea. «Los científicos nos tienen que escuchar», subrayó. Y en la intervención final, el presidente del Consejo de Participación de Doñana,

«Las cosas han ido demasiado lejos»

Miguel Delibes mostró su rechazo a la proposición de ley, como se esperaba. Dijo venir «en son da paz» pero porque su «capacidad de indignación se ha saturado». No dejó de criticar el hecho de «declarar regable una zona sin agua». «Las cosas han ido demasiado lejos», añadió, para terminar pidiendo el fin de la crispación y la retirada de la iniciativa.