El laberinto de los ERE entra en terreno inexplorado

El «caso ERE» entra en terreno inexplorado e, incluso, inhóspito en términos de jurisprudencia considerando los votos particulares contra el dictamen de la mayoría progresista del Constitucional (siete contra cuatro) que ha enviado de nuevo la causa a la Audiencia de Sevilla para dictar nuevas sentencias e invalidando –pero no anulando los delitos– las sentencias del citado órgano judicial y del Tribunal Supremo (TS). Los votos particulares aluden al «exceso de jurisdicción en que ha incurrido el Tribunal Constitucional al rectificar por primera vez al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica, que socava la jurisdicción del TS como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes y máxima autoridad jurisdiccional en la función de interpretar y aplicar la legislación vigente convirtiéndose el TC en un tribunal de casación». La duda que se plantea, por tanto, es: el caso vuelve a la Audiencia de Sevilla ¿y ahora qué? Los ERE, en su laberinto.

El proceso sigue postergándose. La instrucción arrancó en 2009, con las cintas del «caso Mercasevilla». El 19 de enero de 2011, Alaya inicia la investigación de los ERE, propiamente dichos. El 7 de marzo de 2012, el ex director de Trabajo Javier Guerrero implicó a todo el Gobierno andaluz. El 2 de julio de 2013 llega la imputación de la ex consejera Magdalena Álvarez. El 10 de septiembre de 2013 se señala a los ex presidentes Chaves y a Griñán. En agosto de 2014 la Instrucción llega al Supremo. En abril de 2015, comparece Griñán ante el TS y a la salida admite que «no hubo un gran plan pero hubo un gran fraude». El 31 de mayo de 2016 llega el procesamiento de Chaves y Griñán y 24 ex altos cargos de la Junta. El 13 de diciembre de 2017 comenzó el juicio, cuya fase oral acabó más de un año después: el 17 de diciembre de 2018. La sentencia de la Audiencia se notifica en noviembre de 2019. La del Supremo, el 26 de julio del año 2022. Este julio de 2024 se ha consumado la revisión del TC, aceptando en parte los recursos de una docena de condenados, con la salvedad del ex director de Trabajo Juan Márquez; el ex viceconsejero Agustín Barberá, que no recurrió al TC; y el ex consejero José Antonio Viera, cuyo recurso fue rechazado por un error de forma «insubsanable». Ahora la Audiencia debe dictar nuevas sentencias en un proceso que durará meses y sin precedentes. Se insta a la rebaja de la pena de inhabilitación, como en el caso de Chaves, y a la anulación de condenas de cárcel por malversación a otros como el que fuera su sucesor, José Antonio Griñán.

Cuando estén todas las notificaciones del Constitucional en la Audiencia, ya para después del verano al ser agosto inhábil, se constituirá la sala. Se da la circunstancia de que sólo una de los tres magistrados que en su momento dictaron la sentencia sigue en la Audiencia. Posteriormente, se determinará el procedimiento judicial y si se dará vista a las partes, mediante convocatoria o alegaciones por escrito. Se trata de «un melón por calar», señalaron a Efe fuentes judiciales, que prevén un camino largo porque «existen muchas dudas» por la falta de precedentes. La deliberación, previsiblemente, se postergará «meses» y podría haber una sentencia o varias. El TC se ha pronunciado de los recursos por separado pero la sentencia fue una en la Audiencia y el Supremo. Hay algunas certezas, como que Griñán, que no entró en la cárcel por la enfermedad que padece, no pisará la prisión definitivamente al anularse la malversación. Otros ex altos cargos han visto anuladas o reducidas sus condenas de malversación y cinco han salido ya de prisión, como la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, que estaba en régimen de tercer grado. Al ex consejero de Empleo Antonio Fernández le «reducirán» la pena pero no se anulará la cárcel. La condena de Chaves a nueve años inhabilitación debe ser «reducida», también la de Magdalena Álvarez o Griñán. La nueva sentencia de la Audiencia no será el final de esta pieza de los ERE, al ser recurrible. Aparte, la causa tiene más 130 piezas pendientes de juicio, lo que convierte a los ERE en un laberinto sin final.