Liberan a 29 mujeres explotadas sexualmente y utilizadas para vender droga en Málaga

Agentes de la Policía Nacional han liberado en la provincia de Málaga a 29 mujeres que estaban sometidas a explotación sexual por una "trama criminal" que, además, las utilizaban como 'camello' para vender drogas.

De este modo, la operación 'Vagary' se ha saldado con 37 detenidos en varios municipios y prostíbulos por su presunta implicación en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, contra la Salud Pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, según un comunicado de la Policía Nacional.

La red criminal obligaba a las víctimas a prostituirse en condiciones abusivas, por las que las sometía a un sistema de sanciones económicas "muy riguroso" ante unos supuestos incumplimientos de las condiciones internas de los clubes. Además, los detenidos forzaban, presuntamente, a sus víctimas a mantener relaciones sexuales y a vender droga entre sus clientes.

Por su parte, la Policía Nacional ha llevado a cabo siete registros en prostíbulos y domicilios en las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Pizarra y Málaga capital. Allí han intervenido 261.670 euros en efectivo, 30 gramos de MDMA, 15 gramos de cocaína, 114 dosis de vigorizantes sexuales, cinco vehículos de alta gama y una cartera de criptomonedas por valor de unos 100.000 euros. Además, se han bloqueado cuentas bancarias y propiedades por valor de 2.500.000 euros.

Los agentes comenzaron con la investigación, llevada a cabo por agentes adscritos a la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Málaga, a raíz de unas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo organizado que captaba mujeres de diferentes países que se encontraban en situación de vulnerabilidad. El objetivo de este secuestro era explotar a las víctimas laboral y sexualmente en clubes de alterne y domicilios de la comarca del Valle del Guadalhorce.

Según las diligencias, las víctimas residían en los prostíbulos y eran explotadas sexualmente en "condiciones abusivas". Además, estas estaban sujetas a una férrea disciplina dentro de estos y tenían que afrontar sanciones económicas si incumplían supuestas "medidas de régimen interno" de los clubes como, por ejemplo, incumplimientos de horarios o citas con los clientes.

Igualmente, las damnificadas estaban sometidas a un proceso de rotación por el cual no podían permanecer durante mucho tiempo en un mismo club, todo ello para evitar que se diesen situaciones de confianza entre las explotadas y de estas con los clientes habituales.

Delinquiendo y defraudando

Los responsables de la organización, además de delinquir explotando sexualmente de las mujeres y obligándolas a vender droga, también utilizaban un complejo entramados societario a partir del que defraudaban dinero a las arcas públicas, no pagando, en algunos casos, la cuota de los trabajadores a la Seguridad Social o, en algunos casos, creando altas ficticias. Así, las diferentes compañías investigadas habrían llegado a alcanzar una deuda con la Seguridad Social que rondaría el millón de euros.