La Lista multiplica por seis el número de sanciones por las viviendas ilegales

El 24 de diciembre de 2021 entró en vigor la nueva norma del suelo de Andalucía. La Lista –Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía– sustituyó a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 2002, tras más de una quincena de modificaciones durante las dos décadas que estuvo vigente con una gran litigiosidad en los planeamientos urbanísticos. La norma se aprobó con un gran consenso en casi todos los aspectos. Uno de los puntos de desacuerdo entre PP y PSOE fue el artículo 22.2, sobre la edificación de viviendas unifamiliares en terreno rústico. Los socialistas defendieron que se abría la puerta a la construcción indiscriminada. Algo más de un año después, se puede empezar a hacer balance. En 2022, la Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio levantó 892 actas de inspección, más de cinco veces más que las que se ejecutaron en el último año de Gobierno del PSOE (164 en 2018). Los expedientes de protección de la legalidad en 2022 –133– multiplican por más de seis los de 2018 –22–. Los expedientes sancionadores también se han multiplicado casi por seis: de 25 a 145. Los precintos han pasado de cero a 375.

El pasado 16 de marzo la Guardia Civil informó de actuaciones por 41 construcciones ilegales en suelo rústico, con 40 personas entre particulares y empresas investigadas, en Utrera. Las viviendas ilegales son uno de los aspectos sensibles de la Lista, que «busca acortar la distancia entre la norma y la realidad social a la que debe servir, propiciando que la implantación de las viviendas en suelo rústico pueda realizarse en el marco» de la normativa, según la Consejería de Fomento.

El total de las principales actuaciones de inspección urbanística se resume en: 557 en 2018, 965 en 2019, 1.087 en 2020; 1.826 en el año 2021 y 1.839 en el ejercicio de 2022 (contando todo tipo de actuaciones, desde expedientes, informes a juzgados, precintos, actas de inspección, etc).

Transcurrido más un año desde la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la Consejería de Fomento hace balance de su aplicación práctica en relación con las medidas implementadas para el control de las edificaciones ilegales en el suelo rústico.

A este respecto, la Lista introduce en el ordenamiento andaluz el concepto de disciplina territorial como competencia directa, lo que permite a la comunidad iniciar expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad de manera más ágil. Dicha competencia directa, señalaron desde la Consejería, ha propiciado una mayor eficacia de la inspección autonómica, y con ello el aumento del número de expedientes de restablecimiento de la legalidad tramitados, que en 2022 asciende a un total de 133, cifra que contrasta con los 22 expedientes tramitados en 2018. Este significativo aumento arroja un total de 462 construcciones y subparcelaciones en suelo rústico que han sido objeto de expedientes de restablecimiento de legalidad territorial durante el primer año de vigencia de la Lista.

En los últimos meses se han comunicado a la Inspección demoliciones voluntarias de edificaciones ilegales en los términos municipales de Vejer de la Frontera, Barbate y Arcos de la Frontera (en la provincia de Cádiz), Dos Hermanas (Sevilla), Mojácar (Almería), Linares (Jaén), Manzanilla (Huelva) e Iznájar (Córdoba).

En aplicación de los principios de eficacia, eficiencia e intervención preventiva por lo que se rige la disciplina territorial y urbanística, el nuevo marco normativo da un mayor protagonismo a la adopción de medidas cautelares o preventivas, circunstancia que ha motivado que durante 2022 se haya alcanzado la cifra récord de 375 precintos efectuados por la Inspección autonómica, contrastando con la ausencia de precintos efectuados en 2018 o con el único precinto efectuado en 2019. Con ello, indicó la Consejería, «se evita la continuación de las obras y los usos ilegales del suelo, y con ello el daño territorial y ambiental producido». A este respecto, «se ha podido comprobar que la mayor parte de estas edificaciones estaban llevando a cabo captaciones ilegales de agua y energía, y vertidos sin ningún tipo de control ambiental o sanitario».

Al mismo tiempo, en 2022 se iniciaron hasta 145 expedientes sancionadores por infracción territorial, alguno de los cuales puede suponer a sus responsables multas de hasta 120.000 euros o el 150% del valor de las obras ejecutadas, de los terrenos afectados o de los daños causados, si fuera mayor. La cuantía de dichos procedimientos supera los 2,5 millones de euros.

El proceso de renovación de la normativa territorial y urbanística se ha completado con el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Lista, que entre otras cuestiones simplifica la tramitación de los procedimientos, obliga a una mayor coordinación de las Administraciones con la jurisdicción penal, y ahonda en la importancia de las medidas cautelares y del acto de precinto.

En los meses de enero y febrero de 2023 la Inspección Autonómica ha precintado un total de 216 edificaciones y subparcelas ilegales en el marco de grandes parcelaciones ilegales de reciente ejecución en los términos de San Roque, Jerez de la Frontera y Dos Hermanas. Todo ello, en colaboración con todos agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, destacando la colaboración prestada a la Inspección Autonómica por los agentes de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, y la coordinación con la Fiscalía especializada en delitos sobre la ordenación del Territorio y Urbanismo.

Proliferación de edificaciones prefabricadas sin licencia urbanística.

En los últimos años, la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta viene detectando un aumento exponencial del número viviendas prefabricadas y de casas prefabricadas, caravanas fijas, casas móviles e instalaciones similares, como contenedores de transporte, que se instalan de manera irregular en el suelo rústico. Pese a la confusión generalizada existente en buena parte de la ciudadanía, desde Fomento se aclara que la instalación de dichas edificaciones está sujeta a las mismas exigencias que cualquier otra edificación y requiere en todo caso licencia urbanística municipal. Su implantación irregular podría, incluso, ser constitutiva de la actuación tipificada como delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo por el Código Penal.

Por ello, desde el pasado mes de febrero se remitió un escrito dirigido a los 785 municipios andaluces, poniendo de manifiesto la necesidad de que por las Administraciones Públicas competentes se adopten medidas urgentes para evitar la implantación irregular de estas edificaciones en nuestro territorio. Al mismo tiempo, con la aspiración de lograr una eficaz función preventiva que asegure el cumplimiento del ordenamiento sin necesidad de activar los mecanismos represores, se ha solicitado la colaboración de los Ayuntamientos para la sensibilización de la ciudadanía en relación con las exigencias legales señaladas, informó la Consejería.