La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto a la exalcaldesa de Manilva (Málaga) Antonia Muñoz de los delitos de malversación y prevaricación en el caso Manilva III, relativo a los pagos realizados por el Ayuntamiento a la entidad urbanística colaboradora de conservación del complejo residencial El Hacho.

Además de la exalcadesa en este procedimiento había otras seis personas mas procesadas, entre ellas el actual alcalde, Mario Jiménez, el asesor jurídico del Ayuntamiento y otros exediles, todos ellos absueltos por los mismos delitos que a Muñoz, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

Los hechos se remontan a 2008 cuando se constituyó la entidad urbanística colaborada de conservación del complejo residencial El Hacho, la mayor urbanización del municipio, junto al puerto La Duquesa.

El fiscal siempre ha mantenido que tanto la alcaldesa como algunos miembros de la junta de gobierno ordenaron o ayudaron a aprobar operaciones por las que presuntamente se financiaba El Hacho con dinero público del Ayuntamiento.

En los fundamentos de derecho de la sentencia se subraya que no ha quedado acreditado que los acusados realizaran actuaciones ilegales a sabiendas y/o con voluntad de beneficiarse a sí mismos o a un tercero y perjudicar al ente municipal.

"Mas al contrario, consideraron en todo momento, que no podían hacerlo de otra manera" ya que El Hacho necesitaba fondos y transferencias y que ellas serían devueltas porque estaban aseguradas a través de las cuotas del Patronato.

Se considera probado que la entidad colaboradora "era caótica y desastrosa" (debido en gran parte a los impagos de las cuotas debidas por los propietarios de las viviendas que la conformaban), y que los acusados consideraron que "debían actuar por razones de necesidad", ya que los fondos y transferencias que se hicieron fueron para pagar los salarios de los empleados y algunos suministros básicos, como la luz y el agua.

Los magistrados reconocen que el actuar de todos ellos fue "irregular y poco ortodoxo", pero que se trataba de "salvar" a la misma y abonar los salarios a los trabajadores y atender necesidades básicas.

Se destaca en la sentencia que el Ayuntamiento recuperó todas las cantidades adelantadas y que incluso el saldo actual es favorable a la entidad y que procesados no solo no se apropiaron de nada sino que el consistorio no ha sufrido perjuicio alguno.