Primero fue la eurodiputada de Podemos Irene Montero, que acudió el domingo por sorpresa a la concentración convocada por Amama Sevilla en la capital andaluza en protesta por los «errores» en la comunicación de los cribados no concluyentes por parte del Servicio Andaluz de Salud; ayer, fue la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, la que se reunió en la capital andaluza con la asociación Amama y exigió explicaciones sobre lo sucedido al presidente de la Junta de Andalucía.

La izquierda andaluza está huérfana de líderes en Andalucía. La líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, es vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y tiene su agenda semanal copada fundamentalmente en Madrid. En Sumar –que se presenta con la marca Por Andalucía en la región–, su portavoz Inma Nieto no repetirá como candidata a las elecciones autonómicas; y, en Podemos, que va por libre y rechaza unirse al resto de formaciones de izquierdas, no existe aún candidato oficial.

Así las cosas, los dirigentes de izquierdas en Andalucía miran cómo los líderes nacionales de sus respectivas formaciones tratan de capitalizar la crisis de los cribados en Andalucía y se esfuerzan en asemejar aJuanma Moreno con Isabel Díaz Ayuso o Carlos Mazón bajo la etiqueta del «modelo PP» de gestión.

En el caso de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras reunirse con Amama, aseguró que su departamento explorará todas las «acciones legales» que estén en su mano para que las comunidades autónomas del PP den los datos sobre la situación actual de los cribados del cáncer de mama, sobre los que «han perdido el control» en Andalucía porque «han troceado la sanidad pública para privatizarla».

García insistió en que los datos de los cribados «no son de Ayuso, ni de Moreno ni de Mazón; no son rehenes del PP» y argumentó que el Ministerio de Sanidad los quiere porque «se ha roto la confianza en estos gobiernos y en los programas de cribado y tenemos la obligación de restablecerla».

La ministra de Sanidad también se hizo eco de lo que el SAS ha calificado como «bulo»: la modificación de las pruebas diagnósticas para hacer desaparecer posibles tumores. «Esto es de una gravedad extrema; es irregular e inusual. Queremos saber en qué momento se rompió la cadena del cribado», dijo.

El pasado miércoles, el responsable de Servicios de Infraestructuras Digitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Luis Santiago Sánchez, explicó que usando la información recopilada en las diferentes bases de datos de Diraya, las pruebas de imagen se planifican y se citan en la base de datos de diagnóstico por imagen (PDI) y posteriormente es el técnico en radiología el que selecciona el paciente mientras que el equipo electromédico recoge la información del mismo así como la prueba a realizar, que se integra atendiendo a una directiva internacional de intercambio de información radiológica Dicom (Digital Imagen and Comunications in Medicine).

«Inmediatamente después, el equipo genera la prueba y la almacena automáticamente en el Centro de procesamientos de datos con el que cuenta el propio centro en el que se realiza la prueba y del CPD local ubicado en el centro sanitario, automáticamente se genera también una réplica y se envía a los Centros de Procesamientos de Datos centralizados», motivo por el que en ningún caso se pierde o manipula la prueba clínica de un paciente.

Por otro lado, tras la reunión con la ministra, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, justificó el cambio de posición de la entidad al reunirse este pasado miércoles con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, porque, según ella, «lo estaban usando como arma arrojadiza».

«Si no nos dan respuesta desde fuera, pues entendemos que tenemos que estar dentro», argumentó Claverol, que confirmó que ahora sí participarán en las próximas comisiones de seguimiento del plan de choque para el cribado del cáncer de mama.

De todas formas, la presidenta de Amama insistió en la «desconfianza» porque aún no saben «¿dónde ha estado el origen?». Según dijo, el consejero les explicó que el fallo estuvo en las «órdenes verbales» de jefes de servicio para que no se llamara a las mujeres con pruebas no concluyentes porque se haría cargo «una empresa» tras pasar el programa de la Escuela Andaluza de Salud Pública a la compañía NTT. En comisión parlamentaria, el consejero Antonio Sanz negó que no existió "orden" sino que "será más una cuestión de organización del propio hospital", que "ha sido ya reformado" con "una garantía: "que todas las mujeres son informadas proactivamente, estén en la situación que estén".