Nuevas subvenciones para mejorar la negociación colectiva en Andalucía

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que dirige Rocío Blanco, aprobará en los próximos días la orden que regula las subvenciones para financiar planes formativos en diálogo social y negociación colectiva. El texto sustituye a la norma de 2021 y actualiza el marco de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, con criterios técnicos reforzados, mayor control y un enfoque transversal de igualdad de género.

El borrador fue sometido a consulta pública, un trámite en el que participaron la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-A), cuyas propuestas han sido incorporadas parcialmente.

La CEA planteó ampliar los criterios de valoración para incluir indicadores de impacto económico, no solo de representatividad, y solicitó mayor flexibilidad en la ejecución de las actividades y en la compatibilidad con otras ayudas. Valoró positivamente la orden por «reforzar la formación estratégica de los agentes económicos y sociales» y considerarla «una herramienta necesaria para la competitividad empresarial andaluza».

Por su parte, CCOO-A propuso reforzar la obligatoriedad de incluir formación específica en igualdad de género, mejorar los mecanismos de seguimiento y garantizar que los criterios técnicos ponderen la eficacia real de los planes. El sindicato calificó la orden como «un avance en la profesionalización de la negociación colectiva» y celebró que se mantenga un reparto equilibrado de fondos entre sindicatos y patronal.

La norma reserva el 50% de los fondos a organizaciones empresariales y el 50% a sindicales, con opción de redistribuir remanentes. Podrán beneficiarse entidades de ámbito autonómico y sus fundaciones, siempre que participen en órganos de representación o en procesos de negociación colectiva. Los destinatarios finales serán personas vinculadas a estas organizaciones –por contrato o representatividad– que intervengan en tareas de interlocución laboral.

Las ayudas financiarán planes formativos que incluyan cursos, talleres, jornadas o intercambios, en modalidad presencial, virtual o mixta, con la obligación de integrar contenidos de igualdad de género. Las solicitudes se evaluarán con un baremo de hasta 100 puntos, de los que 70 corresponden a la representatividad, 25 a la calidad técnica del plan y 5 a otros factores como la existencia de un plan de igualdad voluntario o un sistema de gestión ambiental.

La ejecución de los proyectos estará sujeta a control técnico y económico, con auditoría externa. La orden permite anticipar hasta el 70% de la ayuda y abonar el resto tras la justificación final. En caso de incumplimiento, se aplicará el reintegro total o parcial de los fondos.

Para la Consejería de Rocío Blanco, esta orden «es fruto del diálogo social y de la participación activa de asociaciones y sindicatos en su diseño» y «refuerza el papel de los agentes sociales como garantes de un empleo estable, de calidad y adaptado a los retos actuales». La medida se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2025, dentro del área de Prevención y Relaciones Laborales, y se financia con transferencias finalistas de la Administración General del Estado. Con su entrada en vigor, Andalucía busca consolidar un modelo de relaciones laborales basado en la profesionalización, el consenso y la igualdad de oportunidades.

1.443 liberados sindicales hay en la Administración de la Junta y Educación, Justicia y Sanidad

Los últimos datos oficiales, correspondientes al segundo trimestre de 2025, constatan que el número de liberados totales por organizaciones sindicales en la Administración General de la Junta de Andalucía y los correspondientes a la Mesa General en los sectores de Justicia, Sanidad y Educación es de 718, de los cuales 402 son mujeres y 316 hombres. Los sindicatos con mayor número de liberados totales son: UGT (210), CSIF (187), CCOO (178), Ustea (66) y SAF (33). La cifra de liberados parciales asciende a 725 (399 hombres y 326 mujeres). En este caso, las organizaciones con mayor número son CSIF (209), UGT (169), CCOO (151), SAF (94) y Ustea (77). En total, la Junta tiene 1.443 liberados, encargados de verlas por los derechos de los trabajadores públicos.