Un parado andaluz recibe tres veces menos que uno de Baleares

La lista de desencuentros entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España es cada vez mayor. Más allá de la estrategia política, hay algunos que son objetivables, como es el caso de la financiación autonómica, donde ambas administraciones admiten que el actual modelo es perjudicial para la comunidad autónoma, que se encuentra infrafinanciada y recibe en torno a 1.400 millones de euros menos al año de lo que le corresponderían, según los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Hay otros, como el dinero para políticas activas de empleo que también se encuentran en la lista de discrepancias porque, según las cifras, Andalucía sale perjudicada en el reparto.

Como ha hecho en otras ocasiones, la consejera de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, reclamó ayer al Gobierno de España que «reformule» el reparto de fondos entre las comunidades autónomas para políticas activas de empleo y poder corregir así el desajuste que existe. Los datos avalan esta petición porque los ingresos que se reciben por los parados en las comunidades autónomas son absolutamente dispares.

Así, en el caso de Andalucía, la comunidad recibe 636 euros por cada desempleado cuando en Baleares esa cuantía se eleva a 2.100 y a 1.100 euros en el caso de Galicia, ejemplos que puso la consejera de Empleo.

No es la primera vez que Blanco insiste en estos datos. En otras ocasiones ha puesto como ejemplo el presupuesto destinado por parte del Gobierno a los planes especiales de empleo en determinadas comunidades autónomas. Así, los 50 millones destinados a Andalucía por este concepto suponen 71,6 euros por parado frente a los 194,2 que recibe por un plan similar cada desempleado de Extremadura o los 258,6 euros que le corresponde a cada parado en Canarias.

Hay que señalar que la política de empleo en España se regula en la Ley 3/2023 y que, entre otros objetivos, persigue generar una oferta de una cartera de servicios adecuada a las personas o entidades demandantes de los servicios públicos de empleo, a fin de contribuir a la creación de empleo y reducción del desempleo, mejorar la empleabilidad, reducir las brechas estructurales de género e impulsar la cohesión social y territorial. Estas políticas se hacen más necesarias en aquellas regiones con mayor tasa de paro, como es el caso de Andalucía.

Esta ley señala que debe quedar «garantizado el desarrollo de tales políticas –en referencia a las políticas activas de Empleo– en todo el Estado, correspondiendo su diseño e implantación, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Agencia Española de Empleo y a los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas».

Además, señala que «para dotar a las políticas activas de empleo de mayor transparencia, favorecer el intercambio de buenas prácticas y mejorar la eficacia y eficiencia del gasto, tales políticas serán objeto de balances o memorias anuales, en que se expresarán gastos y resultados y cuya elaboración queda encargada a la Agencia Española de Empleo y a los servicios autonómicos» y que «tal seguimiento y evaluación de las políticas de empleo se recogerán en un Informe Conjunto».

Para cumplir estos objetivos no es lo mismo disponer de 636 euros por cada desempleado, como es el caso de Andalucía, que de 2.100 euros, con los que cuenta Baleares, más del triple. De ahí el malestar que genera en la Consejería de Empleo, departamento encargado de poner en prácticas estas políticas y que se suma al que existe en Salud, Educación o Servicios Sociales por la falta de financiación.