Pedro Sánchez no admite preguntas en Doñana y critica a la Junta de Andalucía

Sin preguntas y sin analizar el fondo del problema social que existe en el entorno del Parque Nacional de Doñana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha limitado a hacer una declaración institucional en la Estación Biológica de Doñana como escenario en el que ha pedido al Gobierno andaluz que "rectifique" y "vuelva a la legalidad europea" para evitar un "coste inasumible" al Parque. Según ha señalado, de seguir su tramitación, podría llegar a un "punto de no retorno" si se aplica.

Horas antes de su intervención, se ha filtrado la carta que el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha firmado en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López. En ella, asegura que la Comisión Europea utilizará "todos los medios a su alcance" para garantizar que España cumpla "efectivamente y sin demora" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige la protección del humedal si el Parlamento andaluz aprueba dicha ley de regadíos en Doñana en los términos anunciados.

El presidente del Gobierno se ha servido de ese argumento para remarcar que la Comisión Europea es la "institución principal encargada de velar por la protección de nuestro medio ambiente, de la biodiversidad de nuestro patrimonio natural" y ha asegurado que su posicionamiento es "rotundo, tajante" y "deja las cosas rotundamente claras".

Según Sánchez, la Comisión Europea ha venido a trasladar que "la proposición de ley que se está tramitando por PP y Vox en el Parlamento andaluz contraviene la legislación europea", por lo que ha realizado "un llamamiento a la reflexión y rectificación" por parte de la Junta, a "abandonar posturas soberbias y a volver al camino de la legalidad europea y del respeto al medio ambiente y la concienciación que, día sí y día también, la ciencia nos está advirtiendo de los efectos de la emergencia climática, sobre todo en ecosistemas tan frágiles como el Parque Nacional de Doñana".

El texto que se tramita en el Parlamento y no está aprobado, recuerda la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para "garantizar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva, mejorar la garantía del riego, la recuperación de los acuíferos de la zona y el equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana".

Igualmente, apuntar que los terrenos objeto de regulación "podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".

También se asegura en la exposición de motivos, entre otras cosas, que "en un ejercicio de honestidad, es sano recordar que no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno, son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real y se busca dar una solución de legalidad y justicia materiald a ciudadanos y empresas".