El Presupuesto andaluz de 2026 advierte del agujero de la financiación autonómica: 19.892 millones

El Consejo de Gobierno se reunirá el martes –está previsto que se adelante un día la reunión tradicional de los miércoles– y aprobará el anteproyecto de ley de presupuestos de 2026, que será el último de la actual legislatura. Será, de nuevo, el más alto de la historia autonómica y ascenderá a 51.597 millones, lo que supone un crecimiento del 5,6 por ciento respecto a las cuentas del presente ejercicio, es decir, 2.700 millones más.

Este volumen de recursos se sustenta, fundamentalmente, en dos aspectos: el aumento de la recaudación gracias a la buena marcha de la economía y el empleo; y los fondos europeos, tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del despliegue de fondos estructurales correspondientes al marco 2021-2027. Ahora bien, esa cantidad podría ser incluso mayor con un sistema de financiación autonómica igualitario y que no perjudicara a cuatro regiones, una de ellas Andalucía. De hecho, el texto del Anteproyecto incide en este aspecto.

En concreto, señala que «más allá del contexto económico, el Presupuesto para 2026 se elabora de nuevo bajo un sistema de financiación de las Comunidades Autónomas sin reformar, acrecentándose con ello el perjuicio para Andalucía». Apunta que «solo en el último año liquidado, 2023, la Comunidad Autónoma tuvo una insuficiencia de 1.528 millones de euros respecto a la media de las comunidades de régimen común, según el análisis de la financiación efectiva a competencias homogéneas realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) del último año liquidado, 2023, bajo el criterio de población ajustada, cifra se eleva hasta los 1.896 millones de euros, según la población de derecho». Recopilando los años en vigor de este sistema que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras un pacto con los independentistas de ERC, es decir, entre 2009 y 2023, «el déficit de recursos acumulado por Andalucía asciende a 19.892 millones de euros, una cantidad equivalente al 9,4% del PIB regional».

Ese dinero del sistema de financiación es el que nutre, fundamentalmente, los servicios públicos, especialmente sanidad y educación por lo que hubiera sido clave para que los distintos gobiernos regionales hubieran afrontado los desafíos, sobre todo en materia sanitaria, a los que han tenido que hacer frente.

Recuerda el texto del presupuesto de 2026 que se aprobará y se remitirá al Parlamento para su tramitación, que «el Gobierno andaluz ha reclamado la adopción de un Fondo Transitorio que palíe el perjuicio que está ocasionando a la ciudadanía andaluza hasta que se concrete su necesaria reforma», solicitud que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero no ha atendido pese a que sí lo exigía al Gobierno de Rajoy cuando era consejera en el Ejecutivo de Susana Díaz.

El Presupuesto autonómico de 2026 también ha tenido que sortear la falta de Presupuestos Generales del Estado, circunstancia que ya es una norma en los últimos años. Apunta que esto afectará a «partidas esenciales como la actualización efectiva de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, la evolución de las retribuciones del empleo público o los programas de gasto financiados o cofinanciados con transferencias finalistas están condicionados por la parálisis presupuestaria del Gobierno».

Igualmente, recuerda que «en 2026 persiste la incertidumbre sobre la aplicación interna del nuevo marco europeo de reglas fiscales, ya que el Gobierno de España aún no ha definido cómo va a ser la relación entre la reformada gobernanza europea y el marco interno definido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».

Pese a que María Jesús Montero, ha reiterado en varias ocasiones que este año sí presentará Presupuestos Generales del Estado y que, previamente, aprobará los objetivos de estabilidad y deuda, la realidad es que aún no lo ha hecho. El texto de las cuentas andaluzas para 2026 recuerda que esta situación tiene «consecuencias directas sobre las comunidades autónomas, que deben desenvolverse en la incertidumbre en lo que respecta a la aplicación de la mencionada Ley Orgánica».

Por ese motivo, «Andalucía mantiene una gestión prudente en aras del cumplimiento de los compromisos de estabilidad sin renunciar a la inversión en servicios esenciales y en políticas de desarrollo, tal y como se ha puesto de manifiesto en 2024, que terminó sin déficit y siendo una de las pocas comunidades que cumplieron con la regla de gasto».

El texto articulado consta de cuarenta y dos artículos, veintiséis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y catorce disposiciones finales.