La Fiscalía analiza ya la gestión de los cribados

La Fiscalía de Andalucía remitió ayer a la Consejería de Salud de la Junta una copia de las denuncias presentadas hasta ahora por la gestión de los cribados de cáncer de mama para que informe sobre los hechos y las «medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas». Con ello queda oficialmente abierta la vía judicial sobre la posible responsabilidad de la administración autonómica –a la espera de que se archive o se decida seguir investigando–, un camino que se suma al abierto por la izquierda opositora: el político.

De hecho, ambas vías se tocan si se observa que las denuncias que han motivado el inicio de las diligencias por parte del Ministerio Público han sido presentadas por la Asociación Del Defensor del Paciente, que ha ido ampliando con varios casos particulares de afectadas, por Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía. En ellas, esta entidad solicitó a la Fiscalía que actuara contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por «dejación de funciones». El Defensor del Paciente sostiene que se ha producido una «clara dejación de funciones» lo que ha puesto, a su juicio, en «grave riesgo» a las mujeres que «pueden agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía» y la Fiscalía ha recogido el guante.

Izquierda Unida formalizaba su denuncia por los «errores graves» en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud considerando como «implicados» a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, Rocío Hernández, que actualmente ostenta el cargo; Catalina García (ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente) y Jesús Aguirre (actual presidente del Parlamento autonómico).

La explotación del escándalo por parte de la oposición se hizo muy evidente ayer en la sesión de control al gobierno andaluz, con una sesión de nuevo tensa y llena de dimes y diretes en las preguntas al presidente, quien ya a su entrada al Parlamento se mostraba decepcionado. Juanma Moreno, aseguró que echa en falta una «actitud colaborativa y constructiva» por parte de la asociación de mujeres Amama, que denunció los retrasos en la comunicación de los resultados en el cribado del cáncer de mama. «La verdad que tengo el máximo respeto no solamente a la asociación sino también a las afiliadas, y yo personalmente les abrí las puertas del Palacio de San Telmo, de mi despacho. Nos denegaron ese acceso y han preferido manifestarse fuera», comentó a los medios. Para el presidente, las mujeres de Amama han optado por la «vía incorrecta» y han evitado cualquier diálogo fluido con el gobierno y con el nuevo consejero de Salud, un Antonio Sanz que asumió el cargo hace poco más de una semana y que, desde su llegada, ha presentado un plan de choque para paliar la crisis, algo que ni las asociaciones ni la oposición, en perfecta sincronía, han querido escuchar.

Durante la sesión de control la izquierda cumplió su papel y puso el grito en el cielo, mientras que el Ejecutivo andaluz asumió los errores y defendió sus propuestas y soluciones. Mientras tanto, planeaba sobre el ambiente el fantasma de la manifestación que tendrá lugar el domingo a las puertas de San Telmo, movilización que el Partido Socialista ha hecho suya, capitalizando la protesta, olvidando quizá que los fallos en el cribado son responsabilidad compartida de los gobiernos que han dirigido Andalucía en los últimos quince años, también de aquel en el que María Jesús Montero fuera consejera de Salud.

Si el aire en las intervenciones de los socialistas contra Moreno estuvo crispado, el momento más tenso de toda la sesión fue el que protagonizaron la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, y el propio presidente. La primera, tras mostrar sendas fotografías, acusó a la bancada popular de haber aprovechado la caída del sistema informático del SAS ocurrida el martes, para modificar los resultados de algunas mamografías que presentaban lesiones entre mujeres afectadas por la crisis de los cribados. La respuesta del presidente andaluz fue contundente: plantear eso es decir que los profesionales sanitarios han recibido órdenes para cambiar de forma intencionada unas pruebas clínicas y así beneficiar políticamente al gobierno, un planteamiento que la oposición parece dispuesta a creer en su lucha por desgastar al Ejecutivo liderado por Moreno. «Es una barbaridad lo que está diciendo. Acaba de acusar a los profesionales de manipular los datos, datos a los que sólo tienen acceso los profesionales y, por tanto, usted está diciendo que alguien les ha dado una orden y los profesionales se han prestado a hacer esos cambios. Dejen de deteriorar la imagen de los sanitarios, dejen de machacar su imagen , dejen de manipular, dejen la palabrería», aseguró el presidente. Ambiente caldeado que previsiblemente alcanzará su máxima expresión con la manifestación dominical, o así lo esperan algunos.