“El recorte Tajo-Segura solo esconde motivos políticos e ideológicos”

“Estamos indignados por este nuevo ataque contra Alicante, Murcia y Almería; los usuarios del trasvase Tajo-Segura", afirmó el presidente de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora de Almería, Fernando Rubio, porque “la medida sólo responde a motivos políticos e ideológicos y a que el Gobierno contente al presidente de Castilla-La Mancha, que insiste en la derogación”. “La Ley del trasvase lo deja bien claro, tiene prioridad la cuenca excedente y nosotros lo entenderíamos perfectamente si sus cultivos se estuvieran secando, pero es que tienen agua de sobra y no hemos visto a ningún agricultor ni industrial manifestarse en contra de estas concesiones”, señaló el también vicepresidente de la Federación de Regantes de Almería (Feral), ante la ausencia de “problemas de abastecimiento o en el caudal ecológico del río” tras las últimas lluvias.

De hecho, Rubio manifestó que “nosotros hemos llegado a acuerdos con regantes de Aranjuez y el río Henares para pasar 40 hectómetros cúbicos de agua y están encantados, porque ellos van a recibir dinero y nosotros un agua que necesitamos”. En este sentido, recordó que “le hemos dado mucho beneficio a Castilla-La Mancha, ya que una parte de nuestra tarifa para la cuenca del tajo se destina a las comunidades autónomas y nosotros hemos entregado más de 500 millonede euros en esos conceptos”. Motivos que incrementan la “indignación entre los regantes y agricultores” almerienses, puesto que “nuestro Gobierno nos priva de una materia prima imprescindible, cuando exportamos alimentos a toda Europa, con calidad y seguridad”.

Para el presidente de los regantes del Almanzora “lo peor es la falta de sensibilidad y comunicación” por parte del Ejecutivo, porque “no hemos negociado nada, incluso nos enteramos del contenido de este nuevo plan a través de la prensa, que fue informada por los pueblos ribereños que están en la cabecera de Entrepeñas-Buendía”. Un “atraco” que “va a afectar a miles de familias y hasta 24.000 hectáreas en el Levante y la comarca del Almanzora”, tras con la reducción drástica de las transferencias que reciben actualmente.

Sin embargo, “no solo nos reducen los aportes, sino que el Nivel 1 en el que estamos actualmente, porque se alcanzaron los necesarios 1.300 hectómetros cúbicos embalsados en la cuenca del Tajo y que permiten que estos meses cojamos 60 hectómetros para riego y abastecimiento; lo quieren elevar ahora hasta los 1.600 hectómetros cúbicos”. “Algo inalcanzable, que no se había planteado jamás”, lamentó Rubio, indicando que no se veía tanta agua en esos pantanos desde hace décadas. “En Nivel 2 pasaremos de recibir de 27 a 17 hectómetros cúbicos y en el Nivel 3, que suponía una aportación de apenas 20 hectómetros cúbicos y quedaba a potestad del ministro de turno, aunque excepto con Teresa Rivera todos no lo concedieron, se van a quedar ahora en 10”. “Serían 7,5 hectómetros para abastecimiento y apenas nos quedarían dos y medio para regadío, o sea nada”, precisó el vicepresidente de Feral, cuestionando una “tropelía” que “no beneficia a nadie”, mientras siguen paralizadas las alternativas de desalación, “sin conducciones a la desaladora de Águilas” y con “la del Almanzora inutilizada desde hace 13 años” y con “continuas promesas de reapertura que nunca llegan”.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, manifestó la postura "frontalmente contraria" de la Junta de Andalucía respecto al "recorte" por el que Almería “recibirá 7,5 hectómetros cúbicos menos, prácticamente la mitad de los recursos que tenía hasta ahora". Una “oposición absoluta” del Ejecutivo regional, escenificada hace días en la movilización conjunta con Murcia y Valencia, para reiterar el compromiso de “paliar la situación hídrica” de los almerienses que tampoco pueden acceder al trasvase del Negratín-Almanzora. “Algunos han hecho de este bien público un arma arrojadiza con la que pagar fidelidades y castigar territorios”, concluyó Fernández-Pacheco.

Muy distinta la lucha de organizaciones ecologistas como Greenpeace, criticando la manipulación de datos en la cuenca del Segura y divulgando informes internos de con desviaciones superiores al 10%. “Es imprescindible que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actúe con contundencia para restaurar la legalidad, proteger los recursos hídricos y garantizar el futuro de los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos”, declaró Julio Barea, responsable de la campaña de agua de la oenegé.

En cuanto a la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, esta semana advirtieron de que "no tienen garantías" de que el Gobierno pueda cumplir con las nuevas reglas del trasvase, porque “no se puede fiar a la continuidad de un gobierno". Por ello, solicitaron “una única modificación del Real Decreto para no dejar en el aire las modificaciones para 2026 y 2027", en palabras de su presidente, Borja Castro.