Sanidad

Salud se da un año para solucionar las listas de espera y apagar las protestas

Los sindicatos convocan paros en los hospitales por la «saturación» de las Urgencias en pleno pico de gripe y la consejera recuerda que estamos en «alta frecuentación»

La consejera de Salud, Catalina García, reunida con Juan Marín
La consejera de Salud, Catalina García, reunida con Juan MarínLa Razón

En pleno pico de contagios de virus respiratorios, los sindicatos han convocado para hoy concentraciones en todas las capitales de provincia –excepto Huelva– para exigir «medidas inmediatas» ante la «insostenible situación» de las urgencias hospitalarias.

Concretamente, se producirán en los hospitales de Torrecárdenas (Almería), Puerta del Mar (Cádiz), Reina Sofía (Córdoba), Santa Ana, en Motril (Granada), Médico Quirúrgico (Jaén), Regional (Málaga) y Virgen Macarena (Sevilla).

Ante este panorama, la consejera de Salud, Catalina García, ya reconoció el martes que los principales hospitales están tensionados en esta época de "alta frecuentación" y recordó que existen «planes de contingencia» que «se habilitan cuando son necesarios». Pero desde UGT exigen a la consejera un «plan de choque», ya que según el secretario general del sindicato, Antonio Macías, se llegan a esperar hasta 15 días para tener una cita en Atención Primaria. «La gente se desespera y acude al hospital, lo que genera una rueda imposible si no hay un verdadero plan de choque», denunció. Desde UGT también solicitan al presidente Juanma Moreno una reunión para abordar «los asuntos olvidados» del Pacto Económico y Social firmado en marzo de 2023, entre los que cita el acuerdo sobre la Atención Primaria y sobre salud mental, de la misma forma que lo referente al bono joven y al de carestía.

La alta frecuentación de los hospitales en plena temporada de gripe también ha sido utilizado por la oposición para forzar un pleno extraordinario sobre Sanidad. Sin embargo, el PP andaluz ha hecho valer su mayoría absoluta para frenar sendas peticiones del PSOE y Por Andalucía para celebrar una sesión extraordinaria en la que también querían abordar cuestiones como las dimisiones del ex gerente del SAS y el ex viceconsejero de Salud, así como las listas de espera.

Pese a la distancia ideológica, todos los grupos de izquierda y Vox defendieron ayer en la Diputación Permanente la necesidad de que acuda a la Cámara la consejera para explicar la «desastrosa y penosa» gestión sanitaria, que consideran «agravada» con las recientes dimisiones de dos altos cargos de Salud. Las acusaciones fueron contrarrestadas por el portavoz del PP-A, Toni Martín, que tildó de «tufillo electoralista» la petición de un pleno extraordinario al considerar que «no se da» una situación extraordinaria en la sanidad», Según el diputado popular el objetivo de la oposición es «erosionar» al Gobierno de Moreno y reprochó al PSOE-A dibujar una situación «apocalíptica» cuando fueron sus gobiernos los que «destrozaron» la sanidad pública andaluza.

Desde el PSOE criticaron que el SAS «no aguanta ni un periodo de alta frecuentación de la gripe por el colapso generado por el desastre organizativo». «Ponen en peligro la vida de la gente y quieren tapar la situación en un ejercicio de cinismo e hipocresía del que es responsable el presidente Moreno, que tiene blindada a la consejera», denunció al respecto la portavoz socialista Ángeles Ferriz.

Para Por Andalucía, según su portavoz Inma Nieto, el Gobierno andaluz lleva cinco años de mandato, cinco años de decisiones sanitarias «equivocadas» en las que sigue insistiendo por «obcecación dogmática» y que pasa por el desvío «creciente» de recursos públicos a la sanidad privada que «no soluciona» los «graves» problemas que «ha generado» en la pública. Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, detalló problemas como la falta de personal, el colapso en urgencias o el aumento de las listas de espera para recordar que la sanidad es la principal competencia del Gobierno de Moreno.

Lo cierto es que desde que se publicaron las últimas cifras de demora para pruebas diagnósticas y cirugías –850.000 y 192.000 respectivamente–, la consejera de Salud ha estado cuestionada tanto por sindicatos como por oposición. Tanto es así, que desde la Junta tuvieron que salir al paso y mostrar públicamente su apoyo a Catalina García.

El Ejecutivo popular es consciente de que la Sanidad es una cartera muy poderosa capaz de derrocar gobiernos fuertes, como le pasó a Susana Díaz, Por ello, uno de los objetivos prioritarios de 2024 es aliviar la situación de las listas de espera. Así lo subrayó la consejera en una reunión con el Consejo Andaluz de Colegio de Médicos, al asegurar que la meta es acabar este año 2024 «con ningún andaluz fuera de los decretos de garantía con el esfuerzo de todos y especialmente de nuestros profesionales» y que esto será posible una vez esté listo el acuerdo marco para realizar intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas. Un plan para el que se destinará más de 700 millones de euros.

El otro gran tema pendiente de la consejería es la prometida ley contra las agresiones a sanitarios, que incluirá la puesta en marcha de un Observatorio para prevenir estos actos y un régimen sancionador que proteja a los profesionales mediante la imposición de multas económicas contra sus autores. Según Catalina García esta ley estará en vigor en este 2024 en un escenario en que «está aumentando la agresividad y la conflictividad en la sociedad, no sólo dirigida a los profesionales de la salud, sino que también ha habido un aumento exponencial de agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la comunidad educativa o en el ámbito familiar». «Nuestra función nunca puede ser solucionar un conflicto a través de una agresión y vamos a trabajar en ello con un ley muy potente que incluirá la puesta en marcha de un Observatorio contra las agresiones y un régimen sancionador para proteger a los profesionales sanitarios en el ámbito de su trabajo», añadió Catalina García, que detalló que la Consejería ya cuenta con un borrador de la futura Ley que en el plazo «de un año puede estar funcionando».

Preguntada por el régimen sancionador previsto en la Ley, la consejera destacó que se incluirán sanciones económicas, «que muchas veces suelen ser las que más duelen y las que hacen pensar a las personas» más allá de la propia vía judicial.