El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el decreto por el que se crea un consejo de dirección que coordine las acciones y gestión de los nueve consorcios de transporte metropolitano de Andalucía.

Según ha explicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, este nuevo órgano analizará posibles áreas de mejora en la gestión del transporte metropolitano, promoverá grupos de trabajo para el intercambio de buenas prácticas y adecuará los consorcios a las demandas de la sociedad andaluza.

La Junta de Andalucía impulsó la creación de consorcios para atender el transporte metropolitano de nueve grandes aglomeraciones urbanas: Almería, Bahía de Cádiz, Córdoba, Granada, Costa de Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Campo de Gibraltar. A partir de 2014 se instituye un nuevo marco normativo que introduce cambios en el régimen jurídico de los consorcios, que no se adoptan hasta 2019, cuando el Gobierno andaluz decide modificar los estatutos y adscribe los consorcios a la Junta de Andalucía.

Según la Junta, esta adscripción demanda la creación de un órgano colegiado que supla al que crearon los propios consorcios, manteniendo su carácter participativo, pero sometido al régimen legal de los órganos de la administración autonómica.

El consejo de dirección de la red de consorcios se reunirá al menos una vez al año, con la presencia de todos los directores gerentes de los consorcios y presidido por la persona titular de la Consejería Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Sus funciones irán encaminadas, sobre todo, a coordinar la gestión de los consorcios.

Entre las medidas, está promover foros especializados y grupos de trabajo para el intercambio de buenas prácticas y la generación de soluciones comunes cooperativas; identificar posibles áreas de mejora en la gestión de los consorcios; facilitar modelos y herramientas comunes o adecuar los consorcios a las demandas de la sociedad.

De igual manera, también servirá para la puesta en conocimiento de medidas como los planes de transporte metropolitano, al igual que promover un marco contractual común, así como criterios homogéneos para la contratación de servicios y suministros o el fomento del transporte público o la calidad del servicio, la flota de autobuses o el equipamiento.