El Ministerio de Cultura se tendrá que implicar directamente en la polémica sobre el traslado de los murales románicos de Sijena, dictaminados por la Justicia. El pasado viernes, el presidente del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Joan Oliveras, envió una carta al ministro Ernest Urtasun reclamando un informe sobre la idoneidad de mover las pinturas del siglo XII, actualmente exhibidas en Barcelona. Esta es la primera vez que el patronato del museo formaliza la petición, a pesar de la ofensiva documental que ha mantenido para impedir el traslado, argumentando la "gran debilidad estructural" en la que se encuentran los murales.

El informe lo tendrá que realizar el Instituto de Patrimonio Cultural (IPCE), máxima autoridad española en conservación y que ya tiene antecedentes de informes técnicos que mostraban su oposición al traslado de obras. La misma solicitud realizada a Urtasun se ha trasladado este lunes al Juzgado número 2 de Primera Instancia de Huesca, que tiene sobre su mesa la sentencia de ejecución.

La compleja demanda de preservación

Lo que reclama exactamente el MNAC es un proyecto de conservación que tenga en cuenta la reubicación de las imágenes. Los técnicos advierten que es difícil conseguir la adecuación, porque los bastidores de madera donde se fijaron los murales, una vez arrancados, "ahora no cabrían en los arcos del monasterio de Sijena". La petición obliga a evaluar si el cenobio oscense cumple con las condiciones ambientales necesarias para prolongar el estado de una obra que ofrece síntomas de gran fragilidad. La carta de Oliveras destaca que la operación de traslado no atiende a comparaciones y que su ejecución es difícil. Dada la dificultad técnica y que la tutela de una obra catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) recae en el Estado, demandan el informe pericial del IPCE.

El escaso protagonismo del Ministerio

El Ministerio de Cultura forma parte del patronato del museo catalán junto a la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y otros representantes sociales. Sin embargo, su protagonismo en el litigio ha sido hasta ahora escaso. De la documentación aportada a la jueza, solo hay un informe sellado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona que aconseja precauciones extraordinarias, sin que exista ninguno de un técnico ministerial.

En paralelo a la carta al ministro, el MNAC también ha solicitado a la jueza de Huesca que tiene que dictar la ejecución de la sentencia que sea ella quien pida a Cultura ese informe. El museo recuerda que la participación del IPCE ha sido solicitada también por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. Judicialmente, el MNAC reclama “un dictamen pericial sobre la manera en que deben desarrollarse las muy complejas y variadas operaciones técnicas necesarias para la ejecución de la sentencia”.

Advertencias internacionales sobre los posibles riesgos

Este cambio de planes del MNAC, que argumenta que entra dentro de su estrategia judicial, llega tras obtener un documento clave. Este fue firmado por el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Iccrom) -máxima autoridad en preservación de patrimonio cultural e institución integrada por España- que reclamaba un informe de riesgos antes de decidir el traslado.

En una entrevista en SER Catalunya, Ernesto Ottone, el subdirector general de la Unesco, reconoció que “la integridad física [de los murales] podría ser afectada” en caso de movimientos. Ottone recordó que otros murales que han protagonizado traslados también han sufrido daños graves a causa de las operaciones.