Baleares prohíbe nuevas plazas turísticas en pisos y endurece las multas para frenar la masificación

El Parlament balear ha convalidado este martes el nuevo Decreto Ley de medidas urgentes de contención turística, una norma que marca un antes y un después en la regulación del modelo turístico de las islas.

El texto, impulsado por el Govern autonómico, prohíbe la creación de nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares en todos los municipios del archipiélago y endurece de forma notable el régimen sancionador contra la oferta ilegal, con multas que podrán alcanzar los 500.000 euros.

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha defendido el decreto asegurando que es fruto del “diálogo real con muchos actores de nuestra sociedad” y que responde a un compromiso adquirido en el marco del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad.

“Este decreto nace de una escucha profunda y de un trabajo intenso. Contener no es restringir arbitrariamente, sino defender aquello que amamos”, ha afirmado desde la tribuna del Parlament.

Limitación de las plazas turísticas

Entre las medidas aprobadas, destaca también la creación de una bolsa transitoria de plazas turísticas que permitirá mantener el número máximo actual sin aumentarlo, recogiendo aquellas que sean dadas de baja.

También se habilita de nuevo el intercambio de plazas entre particulares, aunque sin que eso implique crecimiento de la oferta, y se permite el cambio de uso de establecimientos turísticos en desuso para convertirlos en viviendas residenciales, a la espera de que los consells insulares determinen su techo de plazas y la capacidad de carga de cada isla.

En la lucha contra la oferta ilegal, el decreto establece por primera vez la obligación para los portales comercializadores de exigir el número de registro del alojamiento turístico que anuncien, responsabilizándolos de las posibles infracciones, junto a los propietarios.

Endurecimiento de las multas

Además, se endurece el régimen sancionador. Las infracciones muy graves pasarán de sancionarse con entre 40.001 y 400.000 euros a un nuevo umbral de entre 50.001 y 500.000 euros. Las graves aumentan hasta un máximo de 50.000 euros, y las leves hasta los 5.000.

Con la voluntad de aliviar la tensión del mercado inmobiliario, los propietarios que sean sancionados podrán obtener una reducción de hasta el 80% de la multa si destinan su inmueble al alquiler social o a precio limitado.

En esos casos, los beneficios del alquiler irán destinados a la comunidad autónoma. El objetivo: aflorar vivienda disponible en un contexto de emergencia residencial.

Creación de nuevas zonas saturadas

El decreto también prevé la creación de nuevas zonas saturadas y de reconversión turística, que serán declaradas por los consells insulares previa presentación de un plan estratégico. En estas zonas se podrán aplicar incentivos para la modernización de establecimientos, como el aumento de hasta un 10% de la superficie construida, aunque sin incremento de plazas ni alturas.

Por último, se introduce un procedimiento extraordinario para transformar alojamientos turísticos inviables o desfasados en viviendas de precio limitado o en residencias para trabajadores del sector turístico. Una medida que busca dar respuesta a la escasez de vivienda en los municipios más tensionados por la presión turística.

Este nuevo marco legal sitúa a Baleares a la vanguardia de la regulación turística en España, apostando por la calidad y la sostenibilidad frente al crecimiento descontrolado que ha caracterizado otras etapas.