Una anciana con movilidad reducida enfrenta un desahucio en Tenerife tras 16 años sin recibir la ayuda prometida

Una mujer de 82 años del barrio santacrucero de María Jiménez se enfrenta a un desahucio después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife haya dejado de abonarle el alquiler del piso donde fue realojada tras la riada de 2008, que convirtió en inhabitable su vivienda original, según denuncia Drago Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, la formación advierte de que la anciana, con problemas de movilidad, no puede asumir por sí sola el pago mensual y ha recibido ya la comunicación de que será expulsada de su domicilio actual.

Según recuerda Drago, las familias afectadas por aquel desprendimiento de una roca en la ladera llevaban años alertando a la administración local del riesgo que corrían sus casas. Incluso, antes de la riada, los bomberos inspeccionaron la zona y se inició la colocación de un vallado de protección, aunque ese cierre nunca llegó a abarcar los inmuebles donde residían estas vecinas, que terminaron sufriendo las consecuencias del episodio de lluvias de 2008.

Tras el desalojo forzoso, el gobierno municipal de entonces se comprometió a costear los alquileres en otros pisos hasta que el entorno resultara seguro y a apoyar la rehabilitación de las viviendas dañadas. Con ese acuerdo, las familias confiaron en que podrían regresar a su barrio en condiciones dignas una vez culminadas las obras de estabilización y reparación.

Sin embargo, Drago sostiene que la Corporación local ha dejado de asumir ese alquiler sin haber rehabilitado todavía los hogares afectados. La vecina octogenaria, que arrastra limitaciones físicas y depende de esa ayuda pública para llegar a fin de mes, ha quedado en una situación de absoluta vulnerabilidad, al borde de perder el techo que ocupa desde hace años como consecuencia de una decisión administrativa que rompe el acuerdo inicial.

Ante este escenario, el portavoz de Drago Santa Cruz de Tenerife, Aitor Montelongo, reprocha la inacción institucional y apunta a una responsabilidad compartida a lo largo del tiempo. A su juicio, "ninguno de los partidos políticos que han pasado por el Ayuntamiento en los últimos 18 años se ha preocupado por estas familias" y considera comprensible que la ciudadanía "pierda la fe en la política" cuando ve que compromisos tan concretos se desvanecen sin explicación clara.

Montelongo admite que se trata de un caso muy específico, aunque subraya que precisamente por ese carácter excepcional la administración local debería implicarse de manera directa en la rehabilitación de los inmuebles afectados. Recuerda que existe un compromiso previo del consistorio y añade que las residentes son personas humildes, de edad avanzada, con escaso margen para afrontar por sí mismas una obra de esa envergadura o un cambio de vivienda no previsto.

Además, el representante de Drago asegura que la clave está en que las vecinas llevaban años avisando de que la roca podía desprenderse y nadie actuó con la rapidez necesaria. Ese riesgo, advierte, no era imputable a las familias, que simplemente vivían en unas casas situadas bajo una ladera inestable sobre la que la administración tenía información y capacidad de intervención.