Canarias denuncia un trato desigual en la condonación de deuda y acusa al Gobierno central de castigar a quien ha cumplido

El Gobierno de Canarias ha mostrado su rechazo al anteproyecto de ley orgánica que regula la condonación de deuda pública a las comunidades autónomas del régimen común. El Ejecutivo regional considera que el plan impulsado por Moncloa introduce una clara discriminación hacia el archipiélago, que ha mantenido sus cuentas saneadas durante años mientras otras autonomías serán premiadas por su elevada deuda.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes que Canarias “ha cumplido en tiempo y forma con los plazos y con la estabilidad presupuestaria”, pero ahora se encuentra con una propuesta “totalmente injusta y discriminatoria”. Cabello subrayó que el Gobierno regional “no puede aceptar una medida que castiga a quienes han hecho bien su trabajo y beneficia a quienes han incumplido sistemáticamente”.

Durante su intervención, el portavoz detalló que las alegaciones presentadas por la Consejería de Hacienda, dirigida por Matilde Asián, se centran en cuestionar la metodología utilizada por el Estado para calcular los importes de deuda que asumiría. “El sistema empleado es opaco y vulnera principios básicos de equilibrio y equidad, además de ignorar la adicionalidad de los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal”, advirtió Cabello.

El Ejecutivo regional sostiene que el límite del 50% impuesto por el Estado para la deuda asumida perjudica especialmente a Canarias. “Se nos impone un tope que no responde a nuestra realidad ni a nuestra responsabilidad fiscal”, afirmó Cabello, quien recordó que el archipiélago “ha mantenido su deuda bajo control durante años, incluso con gobiernos de distinto signo político”.

La decisión de condonar deuda de forma parcial a comunidades con mayor nivel de endeudamiento, como Cataluña, ha generado un profundo malestar en las islas. “Se ha tomado una decisión unilateral, sin transparencia y sin informar debidamente a las comunidades afectadas”, reprochó Cabello, insistiendo en que el proceso “carece de trazabilidad y deja fuera aspectos técnicos esenciales, como la situación de la deuda en manos de acreedores privados”.

El Ejecutivo canario advierte de que esta medida, “por arbitraria y discriminatoria, puede sentar un precedente peligroso”, ya que rompe el principio de igualdad entre comunidades y distorsiona las reglas fiscales. “No pedimos privilegios, pedimos justicia y transparencia”, recalcó Cabello, quien reclamó al Gobierno central “un debate real sobre la financiación autonómica y no un parche improvisado que desvirtúa la responsabilidad financiera”.

Desde Canarias insisten en que la solución debe pasar por una reforma profunda del sistema de financiación y de las reglas fiscales, no por acuerdos bilaterales opacos que beneficien a unos pocos. “El Estado no puede seguir actuando por afinidades políticas o por intereses coyunturales”, advirtió el portavoz, quien cerró su intervención con un mensaje firme: “Canarias ha cumplido, y lo mínimo que exigimos es respeto a quienes hemos hecho las cosas bien”.