El hallazgo de que un joven marroquí que iba a ser enviado a Extremadura no era menor sino mayor de edad encendió las alarmas en el Ejecutivo canario. A raíz de este episodio, Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP regional, reclamó al Gobierno central y a la Fiscalía la puesta en marcha de un plan masivo de comprobación para todos los migrantes que aseguran ser menores en el archipiélago. “Si no se toman medidas ya, estaremos atendiendo a adultos en espacios reservados a la infancia, y eso es algo que no se puede permitir”, afirmó ante los medios este viernes.

El dirigente popular acusó al Estado de abandono y de actuar con poca responsabilidad en un asunto que considera de máxima urgencia. “Este caso es una muestra más de la dejación de funciones del Gobierno central con Canarias”, declaró, advirtiendo de que el Ejecutivo autonómico responderá con contundencia. Según Domínguez, la ausencia de pruebas sistemáticas provoca confusión y erosiona la confianza en el sistema de acogida.

El vicepresidente pidió celeridad para garantizar que cada persona reciba la atención adecuada. “No podemos seguir mirando hacia otro lado. Es necesario actuar de manera inmediata para conocer la verdadera edad de los que llegan y dejar de poner excusas”, insistió. En su opinión, una intervención conjunta con la Fiscalía permitiría reforzar los protocolos y evitar situaciones en las que adultos se beneficien de recursos reservados para adolescentes.

Domínguez también criticó la actitud del Gobierno central respecto a las derivaciones de solicitantes de asilo. El popular recordó que el Tribunal Supremo concedió un plazo de diez días para ejecutar esos traslados y subrayó que todavía no se ha cumplido. “Yo ya no recuerdo cuántos días han pasado, pero son muchos meses. Los niños con derecho a asilo siguen en las Islas sin recibir la atención debida”, lamentó. A su juicio, la respuesta del ministro Torres, al afirmar que no era necesario sacar a los menores de las islas, refleja una falta de compromiso con la protección de la infancia.

El líder regional se preguntó por qué, si el proceso era tan sencillo como aseguraba el Ejecutivo central, aún no se han efectuado las derivaciones. “Si de verdad era tan fácil, ¿por qué después de tantos meses no se ha hecho nada? Esa es la gran incógnita”, reprochó. Domínguez advirtió de que el retraso perjudica tanto a los menores como a las comunidades que deberían colaborar en el reparto de responsabilidades.