Canarias estrena la vía exprés de la Ley de Extranjería. Casi 40 menores migrantes que llegaron a partir del 29 de agosto saldrán hacia otras comunidades en un máximo de quince días. El primero en hacerlo será, previsiblemente, el adolescente marroquí de 17 años rescatado del pesquero encallado en Órzola el pasado 10 de septiembre. Ya fue escuchado por los servicios de protección. Su destino está asignado, aunque no se ha revelado públicamente por motivos de seguridad.

El mecanismo pretende aliviar la saturación de la red canaria, que acoge a más de cinco mil menores en centros desbordados. Con la reforma, la tutela pasa de forma inmediata a la comunidad de destino. Esta no puede rechazar la acogida y debe habilitar una plaza de manera obligatoria. Sobre el papel, es un sistema pensado para reducir el hacinamiento y repartir la carga de manera solidaria.

Sin embargo, la medida llega en medio de fuertes críticas. El Gobierno de España presenta los traslados exprés como un paso histórico, pero lo cierto es que el archipiélago arrastra meses de colapso sin que se hayan reforzado de manera estable los recursos de acogida. Los centros improvisados y la falta de personal especializado muestran que la política migratoria ha sido reactiva y no preventiva. La vía exprés aparece más como un parche que como un plan integral.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha pedido paciencia. Reconoce que los plazos podrían alargarse al inicio, aunque asegura que, una vez ajustado el sistema, los traslados se harán “en cuestión de días”. También recordó que la Fiscalía puede frenar expedientes si el menor se opone con argumentos razonables, como la existencia de familiares en otra región. En esos casos, un juez tendrá la última palabra.

El contexto político complica la aplicación. Varias comunidades gobernadas por el PP han impugnado la reforma y los decretos que la desarrollan. El Gobierno central acusa a esas autonomías de poner trabas, pero evita explicar por qué no existía un plan robusto cuando se dispararon las llegadas. La confrontación política alimenta la incertidumbre, mientras la presión sobre los centros de Canarias sigue creciendo.

Los datos muestran que la declaración de contingencia del 29 de agosto fue una respuesta tardía. Hasta entonces, el archipiélago acumulaba miles de menores sin un marco legal claro para derivarlos. Con la vía exprés, los nuevos ingresos se tramitan de manera acelerada, mientras que los anteriores siguen un proceso más lento de hasta cuatro meses.