La Fiscalía de Cantabria, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha conseguido por primera vez que un juzgado de Santander declare la injusticia de la condena a cadena perpetua impuesta a una víctima del franquismo.

Según ha informado este jueves la Fiscalía Superior de Cantabria, el procedimiento se inició el pasado mes de enero a iniciativa del Ministerio Fiscal. Atendiendo a la petición recibida de un familiar, la Fiscalía recabó toda la información relativa a las circunstancias que rodearon el juicio y posterior condena a cadena perpetua de una víctima de la represión de la dictadura y procedió a instar la declaración judicial de estos hechos ante el juzgado de primera instancia.

Efectos demoledores para su persona

En los mismos términos solicitados por la Fiscalía, y tras la celebración de una vista oral en la que se practicó la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal, el órgano judicial ha dictado una resolución por la que se tienen por acreditados los hechos, declarando que la víctima fue sometida "a un juicio sin garantías y condenado a cadena perpetua sin haber cometido infracción penal alguna, por lo que fue sometido a una privación de libertad arbitraria e inhumana, con efectos demoledores para su persona y muy perjudiciales para su familia directa".

El procedimiento de jurisdicción voluntaria para declaración judicial de hechos pasados, creado por la Ley de Memoria Democrática, tiene naturaleza civil y su objeto es la declaración por un órgano judicial de la realidad y circunstancias de hechos determinados ocurridos en el pasado.

Este procedimiento, según la Fiscalía de Cantabria, constituye "una valiosa herramienta más" que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las víctimas y del Ministerio Fiscal a fin de garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.