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Condenan al Sescam a pagar 10.000 euros por daño moral a una facultativa

La trabajadora fue sujeta de un expediente disciplinario y se encontraba suspendida de sus funciones durante seis meses
Hospital de Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real)
Hospital de Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real)Sescam
  • Graduado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y master en dirección de protocolo y diseño de eventos por la Universidad Camilo José Cela. Apasionado de la comunicación. Ha trabajado en gabinetes de prensa de eventos de renombre como los Premios

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a pagar 10.000 euros por daños morales a una facultativa que fue sujeta de un expediente disciplinario y se encontraba suspendida de sus funciones durante seis meses. Así mismo el Sescam tendrá que abonarle el salario correspondiente al no haberse producido dicha suspensión.
Así lo ha anunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que inició un proceso legal en marzo de 2023 cuando la Gerencia de Inspección y Coordinación del Sescam abrió un expediente disciplinario a esta trabajadora sin conocer la versión de la persona afectada.
En este sentido, la sentencia recoge que el Sescam emitió "un informe que relata unos hechos de forma genérica y que dichos hechos son suficientemente graves y atentatorios con el normal funcionamiento del servicio público, sin tener en cuenta, en suma, que se incoa el expediente por el hecho de la negativa de la recurrente a no ser sometida a una vigilancia de la salud".
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo señala que a la hora de llevar a cabo una suspensión urgente es necesario conocer la postura del trabajador y que en este caso no fue así. Además ha emitido la anulación de la suspensión de sus funciones a esta facultativa durante seis meses.
De esta forma para el CSIF esta condena deja en evidencia la falta de motivos adecuados para llevar a cabo una acción tan perjudicial para la trabajadora, provocando así daños personales y públicos de difícil solución que afectan al derecho de ejercer su profesión dignamente y al derecho de la presunción de inocencia; derecho al honor y dignidad profesional.