La Junta amplía a 10 días el plazo para resolver los ERTE

La Junta ha ampliado en cinco días, hasta un total de diez, el plazo máximo de resolución de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por fuerza mayor que tengan su causa en el Covid-19, con el objetivo de “reforzar la seguridad de las empresas que se están viendo obligadas a suspender contratos o a reducir las jornadas de sus trabajadores para minimizar el impacto de esta crisis en sus balances”.

Ante el elevado número de solicitudes recibidas, cuyo volumen no se puede contestar en los cinco días estipulados por el Gobierno central, y para garantizar que la tramitación se haga con todas las garantías que exige el procedimiento además de evitar sanciones posteriores por irregularidades, la Consejería de Empleo e Industria que dirige Germán Barrios también ha insistido en su petición al Ministerio de que elimine la obligación de constatar la fuerza mayor por parte de la autoridad laboral y en su lugar se sustituya por una declaración responsable de la empresa, que permita a acortar los tiempos de la tramitación.

En estos procedimientos, el silencio administrativo se entiende en sentido positivo, por lo que transcurrido el plazo desde la presentación de la solicitud del ERTE la empresa pudiera considerarlo aprobado. Sin embargo, la normativa nacional también prevé sanciones para las empresas que hayan incurrido en falsedades o incorrecciones en su solicitud o a las que se hayan acogido a medidas en relación con el empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina.

Por tanto, el Ejecutivo autonómico quiere “evitar que se produzcan efectos indeseados” en materia sancionadora con una revisión exhaustiva de los expedientes, porque sino se “podría perjudicar al tejido productivo”.

El departamento que dirige Germán Barrios también explicó que la Administración debe ser rigurosa en la aplicación de esos expedientes y “está obligada a examinar y constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por cada una de las empresas para evitar que se produzcan autorizaciones no ajustadas a la legalidad vigente en perjuicio de los trabajadores y del interés público”.

Por su parte la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, ha asegurado en un comunicado que “respeta” esta decisión de la Junta y entiende que se deba a “la innumerable” normativa del Gobierno central, en muchas ocasiones, “improvisada y contradictoria”.

Casi 26.000 solicitudes que afectan a 144.441 trabajadores

En este sentido, la Junta ha recibido, hasta las 14 horas del día 31 de marzo, 25.986 solicitudes de ERTEs que afectan a un número potencial de 144.441 trabajadores en la Comunidad.

Del total de expedientes, 345 han sido gestionados por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria, con 31.868 trabajadores afectados. A ellos se suman los presentados en las nueve oficinas territoriales de trabajo (OTT).

Por provincias:

• En Ávila se han tramitado 1.596 ERTEs de 6.172 trabajadores
• En Burgos, 3.764 para 25.505 empleados
• En León, 5.228 expedientes para 18.778 trabajadores
• En Palencia, 1.510 ERTEs y 6.980 personas
• En Salamanca, 3.344 ERTEs que afectan a 11.563 trabajadores
• En Segovia, 1.807 y 7.795
• En Soria, 1.012 y 5.490 trabajadores empleados
• En Valladolid, 5.635 ERTEs y 24.264
• En Zamora, 1.745 expedientes y 6.026 trabajadores