El Procurador del Común considera escasas las viviendas de protección pública para su alquiler social

Nueva jornada en el Parlamento regional. Esta vez con más procuradores para escuchar de primera mano la presentación del informe anual del Procurador del Común, Tomás Quintana, quien empezaba su comparecencia en un Pleno que contaba con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mostrando las condolencias de la institución por las víctimas afectadas por el coronavirus y sus familiares.

En este sentido, ha señalado que esta pandemia ha provocado “numerosas quejas” presentadas por los ciudadanos, centradas en especial en la Sanidad, los Servicios Sociales y la Educación. Entre ellas, ha considerado escasas las viviendas de protección pública para su alquiler social y como ejemplo ha indicado que se pueden arrendar las Casas de los Maestros, a las familias más vulnerables, para de esta manera, fijar más población.

Respecto a los datos relativos al año 2019, Quintana ha declarado que un 67 por ciento del total de las resoluciones emitidas en las que se formulaban recomendaciones han sido contestadas por la administración o entidad pública destinatarias; estando pendientes de contestación a esa misma fecha, pero aún en plazo para responder, un 24 por ciento de resoluciones, y que sólo un 7 por ciento de nuestras resoluciones no obtuvieron respuesta. De ese 67 por ciento de resoluciones que obtuvieron respuesta, el 68 por ciento fueron respuestas positivas, es decir nuestras resoluciones fueron aceptadas en su totalidad; el 14 por ciento fueron aceptadas parcialmente; y, en fin, el 18 por ciento fueron rechazadas.

Quintana se ha congratulado de que la aceptación de “nuestras resoluciones por las Administraciones ha aumentado en relación con el año 2018”, aunque ha mostrado su preocupación por que el 7 por ciento de ellas no haya habido ningún tipo de pronunciamiento y es por ello que ha hecho un “enérgico llamamiento” a los responsables de las Administraciones y entes que integran el sector público de la Comunidad para que colaboren con el Procurador del Común.

El Procurador indicaba que durante 2019 promovimos 34 actuaciones de oficio y fueron presentadas 5.694 quejas, lo que supuso la apertura de un total de 5.728 expedientes. Unas quejas, las más numerosas, remitidas desde el colectivo de trabajadores de Escuelas Infantiles o profesores contratados laborales fijos de Universidades; por la instalación de un velatorio en Toral de los Vados (León) o la apertura de un centro de Proyecto Hombre en el barrio de la Prosperidad en Salamanca. Precisamente, esta última provincia es la que ha presentado más quejas con un total de 946, seguida de Valladolid con 669.

A continuación se detalla algunas de las recomendaciones realizadas por el Procurador del Común a lo largo de esta mañana en las Cortes.

Educación

• Los alumnos con deficiencias auditivas cuenten con los debidos apoyos humanos y materiales; igualmente nos hemos dirigido a la Administración educativa para que facilite el acceso a las enseñanzas de régimen especial al alumnado con discapacidad.
• En el ámbito universitarios eliminar comportamientos inadecuados con motivo de las novatadas.
• Dar respuesta ágil a las deficiencias existentes para que los edificios e instalaciones puedan servir al destino para el que han sido concebidos; lo que exige una adecuada coordinación entre la Consejería de Educación y las entidades locales en cuyo ámbito territorial radiquen.
• Que los vehículos destinados al servicio de transporte escolar cuenten con todas las medidas de seguridad, tanto las que son estrictamente obligatorias, como aquellas otras que, sin serlo, como por ejemplo, los mecanismos de retención, puedan contribuir a una mayor seguridad para todos los alumnos con independencia de su talla y peso

Industria

• Perseverar el control y eliminación de dichos focos de riesgo que suponen las instalaciones mineras abandonadas.
• Control de las explotaciones porcinas de gran tamaño con objeto de mitigar el impacto generado por la carga contaminante de los purines y deyecciones procedentes de estas actividades.

Juegos y apuestas

• Medidas de diverso contenido, dirigidas a eliminar y, en su caso, reducir al máximo los riesgos de adicción que presenta la realización no responsable de la práctica del juego y las apuestas.

Servicios Sociales

• Cambio normativo para recoger una excepción a la edad mínima de 25 años para el reconocimiento de la renta garantizada de ciudadanía, con el fin de que puedan ser destinatarios de la misma ciudadanos extranjeros menores de dicha edad, en el caso de que procedan de países en conflicto armado, cuando su estancia en la Comunidad se encuentre justificada por razones humanitarias y no tengan derecho a ninguna otra prestación pública que permita la satisfacción de sus necesidades básicas.
• Establecer un título oficial acreditativo para acceder al disfrute de los beneficios previstos para las personas que forman parte de las familias monoparentales, así como la previsión de un carnet personal de familia de esa condición para cada uno de sus miembros con los mismos efectos que el propio título.
• Actuación de oficio sobre la elaboración de un nuevo Proyecto de Decreto que regule la autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores.
• Actuación de oficio para la eliminación de elementos que impidan o dificulten la movilidad en establecimientos públicos.

Corporaciones locales

• En el ámbito de la Administración local hemos continuado pidiendo que se respeten los derechos que integran el estatuto jurídico de los representantes políticos de los ciudadanos, en el convencimiento de que resulta imprescindible para que puedan ejercer con plenitud su función de representación.
• Hemos llamado la atención sobre la ilegalidad que supone la falta de celebración de las sesiones ordinarias de los órganos de gobierno, o la alteración de las fechas previstas para su celebración.

Servicios municipales

• Carencias que presenta la prestación de servicios mínimos municipales, tan fundamentales para el desarrollo de la vida ordinaria, como la pavimentación, el abastecimiento de agua potable, la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos, sobre todo en las localidades de menor tamaño.
• Preocupación por los fallecimientos por ahogamiento ocurridos en zonas de baño sin vigilancia en nuestro ámbito territorial.

Obras públicas, transportes públicos y Comunicaciones

• Deficiente estado de conservación de algunas carreteras, ya sean de la red autonómica, provincial o local.
• Mal funcionamiento de la telefonía móvil e internet.

Vivienda

• Escasa disponibilidad de viviendas de protección pública para su alquiler social y la excesiva demora en la tramitación de las solicitudes presentadas por familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
• Arrendamiento de las casas de los maestros para atender situaciones de necesidad de vivienda, prestando amparo inmediato a personas vulnerables o en situación o riesgo de exclusión social; arrendamientos que, además, pueden favorecer el asentamiento de población en el medio rural, siempre que se garantice que la vivienda alquilada sea destinada, de forma habitual y permanente, a residencia de los arrendatarios y sus familias.

Medio ambiente

• Contaminación acústica también ha estado en la base de numerosas quejas; en unos casos producida por establecimientos de ocio nocturno y terrazas en determinados municipios.
• Necesidad de compatibilizar la caza con el ejercicio de actividades de esparcimiento y de disfrute de los espacios naturales en Castilla y León.

Cultura, Turismo y Deporte.

• Medidas de conservación, protección y puesta en valor de los bienes que gozan de la mayor protección en la normativa vigente, y actuar de forma programada y bajo el principio de cooperación por parte de las Administraciones públicas de nivel estatal, autonómico y local, cooperación que ha de alcanzar a todas ellas con la Iglesia Católica, como exige la Ley, en cuanto titular de muchos de estos bienes.

Sanidad

• Deficiencias que sufre la prestación sanitaria del servicio en el medio rural en genera lo que se pide una regulación que permita que los pacientes conozcan cumplida y detalladamente su lugar en la lista de espera y la evolución de la misma, regulación que venimos demandando una y otra vez; una espera que, además, no es de la misma duración en todas las provincias, lo que genera importantes desigualdades.
• Mejor desplazamiento de los pacientes para recibir atención sanitaria, por lo que se reclama revisar la normativa reguladora de las ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención, sobre todo en el caso de personas pertenecientes a algunos colectivos, como el de menores, discapacitados o pacientes que acuden a tratamientos prolongados.

Reacciones

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha pedido este martes que se aprovechen las recomendaciones efectuadas por el Procurador del Común en su informe anual para mejorar la sanidad autonómica, especialmente la rural, también con motivo del coronavirus.

Así lo ha expresado en su intervención durante el pleno monográfico dedicado a la presentación del informe de esta institución propia de la Comunidad el portavoz de los socialistas en la Cámara, Luis Tudanca, quien ha agradecido a su titular, Tomás Quintana, y a su equipo el trabajo realizado este año."Nada se parece tanto a la injusticia que la justicia tardía", ha parafraseado Tudanca a Séneca, para pedir de este modo que las recomendaciones que año a año se hacen en materia sanitaria por el Procurador del Común sean de una vez resueltas.

MIentras, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes ha valorado la figura del Procurador del Común como un sello de garantía institucional y democrática en Castilla y León. La portavoz parlamentaria, Ana Carlota Amigo, ha destacado que esta institución “debe ser a la sociedad castellana y leonesa lo que el eco es a nuestra voz, una parte inseparable, una constante democrática que muestre un reflejo fiel de nuestra sociedad”.

Desde el partido liberal han mostrado su preocupación por el silencio de algunas administraciones, que supone una doble falta de respeto hacia la institución y hacia la ciudadanía. “Sorprende ir a la información sobre entidades no colaboradoras, a las que se apercibe si no contestan, y encontrar el Ayuntamiento de León, el de San Andrés del Rabanedo… y otros Consistorios de las nueve provincias”, ha señalado.