Se dispara la actividad de los bancos de alimentos

La crisis sanitaria está empezando a vislumbrar ya una económica y social sin precedentes en este país, algo que se está notando en las colas cada vez más largas de personas en los bancos de alimentos y otras entidades sociales como Cáritas o Cruz Roja que buscan algo que poder llevar a la boca.

De hecho, desde que comenzara la pandemia de la Covid-19 la distribución de comida entre personas con escasos recursos y riesgo de exclusión social ha aumentado entre un 7 y un diez por ciento, y el Gobierno autonómico estima que al final de este año los bancos de alimentos habrán atendido a alrededor de 90.000 personas, cuando el pasado año llegaron a unas 60.000.

Así lo destacaba este lunes la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, durante su comparecencia en las Cortes para dar cuenta de su gestión en estos dos meses y tres semanas de estado de alarma, en la que avanzaba que se va a mejorar la financiación que aporta la Junta a las entidades sociales y centros que se encargan de repartir estos alimentos.

“Esperamos que esta situación sea coyuntural y estaremos a la expectativa para ver las consecuencias sociales reales provocadas por la pandemia, que tememos que pueden ser muchas", aseguraba la directora general, quien llamaba a no bajar la guardia y estar preparados ante lo que pueda ocurrir “para dar le mejor respuesta posible a las personas más vulnerables”.

En este sentido, recordaba que Castilla y León cuenta con la Red de Protección a las Familias para proteger de los más desfavorecidos y que este mecanismo está funcionando bien en colaboración con las ayuntamientos y las entidades del tercer sector durante esta crisis sanitaria. “Estas asociaciones están dando lo mejor de sí y están siendo capaces en estos momentos tan complejos de atender con rigurosidad, implicación y compromiso a los que más lo necesitan”, apuntaba. Una Red que, según avanzaba, tiene previsto atender este año a unas 160.000 familias con un coste de 11,4 millones de euros, a través de 252 programas.

Críticas de la oposición

PSOE y Podemos cargaban contra la gestión de la Junta en los Servicios Sociales durante la pandemia y echaban en cara al Gobierno autonómico que esta Red funciona gracias al tercer sector, las corporaciones locales y los voluntarios, además de beneficiarse de la financiación que ha llegado del Gobierno central.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, María del Carmen García, se preguntaba por el personal propio ha destinado la Junta al reparto de alimentos y por la cantidad aportada para tal fin por “cuando Castilla y León ha recibido del Estado 17 millones de euros y otros 1,7 millones más para becas de comedor mientras se desconoce el presupuesto de la Junta”.

Asimismo, afeaba a la directora general que se “congratule” con la existencia de 160.000 pobres y 11.000 niños en riesgo de vulnerabilidad en Castilla y León. “Podemos congratularnos de que tenemos un sistema que les cubre pero les tendría que dar vergüenza felicitarse por tener esa gente sin recursos. Lo que tienen que evitar es que estas personas existan y no que les tengamos que ayudar”, decía.

En la misma línea, se pronunciaba Laura Domínguez, de Podemos en representación del Grupo Mixto, al advertir que los Servicios Sociales y el reparto de alimentos en la Comunidad no se puede basar en los voluntarios. “Debe ser los más públicos posible”, afirmaba, en declaraciones recogidas por Ical. También criticaba el “desamparo” al que han llevado a las entidades locales, que aún no han cobrado el desembolso que han realizado en servicios sociales, distribución de alimentos y el pago de gastos básicos.

Además, Domínguez pedía a la Junta no engañar a la ciudadanía con que la crisis económica provocada por el coronavirus será “coyuntural” y por ello reclamaba que la salida a esa crisis sea diferente a la anterior del año 2008 y se apuesta por crear un “escudo social” y un refuerzo de los servicios públicos, además de unas condiciones laborales mejores y dignas.

La intervención de la directora general de Familias también sirvió para conocer la actividad de los centros de protección de menores, en los que entre el 14 de marzo y el 28 de mayo, se produjeron 56 nuevas altas consecuencia de resoluciones administrativas o por decisiones de juzgados o de la Fiscalía y 64 bajas. La mayor parte de ellas fue por mayoría de edad, aunque hubo 29 casos se acordó la prolongación de actuaciones para prestar a estos jóvenes el apoyo necesario para una transición a la vida independiente.

Asimismo, mostraba su “preocupación” por el descenso de los acogimientos familiares a lo largo de la pandemia, llegando a 26 acogimientos familiares. Una situación que ha motivado que la Consejería y Cruz Roja hayan lanzado una campaña de sensibilización y captación de familias de acogida bajo el lema ‘Ahora más que nunca buscamos familias de acogida, buscamos familias solidarias’. Y anunciaba que la Consejería trabaja en un protocolo de actuación en los puntos de encuentro familiar de cara a la desescalada, debido a que estos centros podrán reiniciar su actividad durante la fase 2.

Ingreso Mínimo Vital

Por otro lado, Esperanza Vázquez se refería al repunte de perceptores de renta garantizada de ciudadanía en los casi tres meses de pandemia, ya que desde el mes de marzo hay 499 hogares nuevos y actualmente beneficia a más de 9.600 familias y 22.600 beneficiarios, para paliar sus situaciones de pobreza extrema o personas y familias que lo necesitan.

Y calculaba que menos de la mitad de los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León se beneficiaría, de forma inmediata, del ingreso mínimo vital del Gobierno de España al incluir solo a los que ahora reciben la prestación por tener un hijo a cargo. “Menos mal que la Comunidad cuenta con una renta garantizada porque si no parece que más de la mitad se iba a quedar sin prestación, al menos con carácter inmediato”, apuntaba, mientras afirmaba que Castilla y León se puede “congratular” de que el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ha aprobado un ingreso mínimo vital que es muy similar a la renta garantizada de la Comunidad. “Demuestra que el Gobierno central tiene, una vez más, a Castilla y León como referente de los Servicios Sociales”.

Pese a ello, no escondía su inquietud por el texto de la normativa del ingreso mínimo vital al hecho de que no haga referencia a la inclusión social y laboral, tal y como está recogido en la renta garantizada de Castilla y León. Eso motiva, por ejemplo, que los perceptores de esta prestación pueden perderla al rechazar una oferta de empleo o de formación. “De momento, se habla solo de que estará sujeto a los convenios con las comunidades autónomas, por lo que tampoco será inmediato”, expuso. Y es que la directora general de Familias reconocía que estas ayudas son adecuadas para “solucionar” situaciones de pobreza extrema que pueden vivir las familias más vulnerables pero, en su opinión, deben existir mecanismos para ayudar a que estas personas se reinserten, tengan un trabajo y un empleo digno para que no tengan que depender, toda su vida, de un ingreso mínimo.