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Castilla y León contrata a más de 4.000 personas para luchar contra la pandemia

Siete de cada diez son enfermeros o auxiliares de Enfermería y la mayoría provienen de la bolsa de empleo de la Junta

Mercedes Pérez, directora general de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, comparece en la Comisión de Sanidad
Mercedes Pérez, directora general de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, comparece en la Comisión de SanidadCCyLLa Razón

Desde que comenzara la pandemia a mediados de marzo y hasta mayo, que se iniciara la desescalada, el Gobierno autonómico llevó a cabo alrededor de 4.000 contrataciones de personal sanitario y no sanitario para plantar cara a la Covid-19 en la Comunidad, la mayor parte de ellos (92 por ciento) procedentes de la bolsa de empleo de la Junta, mientras que el 7 por ciento restante han sido voluntarios. Además, cuatro de cada diez de estos contratos se realizaron a enfermeros y el 33 por ciento correspondieron a auxiliares de Enfermería, mientras que también se reforzó el sistema con celadores y médicos, que representaron el 11 y el cinco por ciento de contrataciones, respectivamente.

Estos son algunos de los interesantes datos que ha facilitado este viernes en la Comisión de Sanidad de las Cortes la directora general de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, Mercedes Pérez, quien desvelaba también la contratación en estos meses de pandemia de hasta 55 aspirantes a médicos con el MIR aprobado en 2018 o 2019, así como de cuatro estudiantes de Medicina y 65 de Enfermería además de una treintena de profesionales médicos y enfermeros que estaban jubilados que volvieron a poner la bata blanca para echar una mano en los peores momentos ante una situación realmente complicada.

Pérez confirmaba igualmente la incorporación de personal sanitario sindical liberado y reivindicaba las medidas que el Gobierno de Fernández Mañueco aprobó para premiar a los profesionales que se jugaron la vida en estos meses mirando al coronavirus a los ojos, entre las que se encuentran gratificaciones extraordinarias por sus servicios prestados , que el tiempo trabajado compute el doble en los baremos para las bolsas de empleo, contratar durante tres años a los residentes que terminen su formación especializada, e incluso considerar la Incapacidad Temporal (IT) por Covid-19 como enfermedad profesional.

Ineficacia ministerial

Por otra parte, la intervención de la directora general de Profesionales de la gerencia Regional de Salud no estuvo exenta de algún rifi rafe con la oposición socialista principalmente, debido a sus manifestaciones en contra del Gobierno de España a cuenta del material de protección. Mercedes Pérez cargaba duramente contra el Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa al que, por ser el mando único, acusaba de “falta de eficacia” en la provisión de equipos de protección individual (EPIs) además de provocar que Castilla y León perdiera una compra de material procedente de China en los inicios de la pandemia, concretamente entre los días 10 y 17 de marzo, cuando ya se veía venir lo que podía pasar al no dejar que las Comunidades Autónomas pudieran adquirir material por su cuenta.

“Desde el 11 de marzo la Consejería de Sanidad procedió a requerir al Ministerio de Sanidad el suministro de todo el material necesario; peticiones que prácticamente no fueron atendidas o bien se hicieron tarde y en una cantidad muy inferior a la demandada”, explicaba la directora, para después apuntar que el 17 de marzo el Ministerio, aparentemente desbordado por las peticiones de las Comunidades Autónomas e incapaz de dar respuesta a las mismas comunica a las autonomías que pueden volver a adquirir el material sanitario necesario.

“Pero por desgracia -continuaba Pérez- dicha rehabilitación o autorización llegó en un momento en que se había agravado la situación de desabastecimiento del mercado mundial por una rotura de estocaje en todos los productos demandados, lo que supuso un obstáculo importante para la adquisición de los mismos por parte de la Junta”.

Varios procuradores de la Comisión de Sanidad conversan momentos antes de que empezara la comparecencia de la directora general de Profesionales, Mercedes Pérez
Varios procuradores de la Comisión de Sanidad conversan momentos antes de que empezara la comparecencia de la directora general de Profesionales, Mercedes PérezCCyLLa Razón

Además, afirmaba que el Ingesa (organismo autónomo dependiente del Ministerio de Sanidad) sólo ha proporcionado a Castilla y León un 2,5 por ciento del total de los 43,3 millones de artículos repartidos de equipos de protección individuales (Epi) entre los profesionales para hacer frente al coronavirus., que recibieron el 65 por ciento de este material.

Pérez informaba también de que ls situación previa de partida antes de la pandemia en Castilla y León era “idónea” en cuando a Epis, con un suministro que se efectuaba de “forma regular” y “satisfactorio” a los profesionales., mientras que la Consejería contaba con reserva de Epis, al menos para dos meses. Y pese a que el 5,3 por ciento del personal sanitario se contagió por el coronavirus, la directora general de Profesionales aseguraba que el departamento que dirige Verónica Casado puso un “empeño especial” en la realización de las pruebas diagnósticas (test rápidos, PCRs y en el momento actual la prueba Elisa) a todos los trabajadores, atendiendo así a las recomendaciones de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Hasta el punto de que, según afirmaba, Castilla y León es una de las regiones de la España autonómica con mayor número de pruebas realizadas a sus trabajadores.  

Este ataque contra la gestión del Gobierno de España era contestado por la procuradora socialista Judith Villar que en su turno negaba la mayor al asegurar que el departamento de Salvador Illa no solo no suspendió la llegada de material sino que , además, ayudó a las regiones a comprar yagilizar las gestiones cuando el mercado se colapsó, y afeaba a la directora que se dedicada a echar balones fuera.

Asimismo, la socialista echaba en cara a la directora su versión “edulcorada” de la gestión sanitaria de la Junta así como su “falta de autocrítica” y cargaba contra los contratos por sustituciones que, según decía Villar, fueron en su gran mayoría para sustituir bajas que causaba el coronavirus y  no para reforzar servicios o cumplir con una función específica relacionada con la epidemia. En este sentido, citaba que el refuerzo de las UCI vino por la reorganización de servicios como Anestesia dentro de los hospitales más que por la vía de la contratación.

Por parte del Grupo Mixto, intervenía Pedro Pascual, de Por Ávila, médico de profesión, quien criticaba los contratos de corta duración de los profesionales sanitarios en los hospitales durante cinco o seis meses, de los que dos se destinan a su formación, y sostenía que no a todos los profesionales sanitarios se les ha hecho el test Elisa, que es en sangre. Y se ponía a él como ejemplo, cuando explicaba que le han hecho un test rápido de otra modalidad.

El portavoz de Ciudadanos José Ignacio Delgado defendía que la crisis sanitaria debe servir para “aprender” y hacer las cosas “mejor” de cara al futuro, y por ello criticaba las duras palabras de la socialista Judith Villar al recordarle que pertenece al partido del Gobierno de la Nación “que desconoce el número de fallecidos por la pandemia y tuvo una falta de previsión en el aprovisionamiento de Epis”.

Finalmente, el popular Alejandro Vázquez defendía la gestión llevada a cabo por el Gobierno regional, pero apuntaba a la necesidad de contar de cara al futuro con una “reserva estratégica” de material de protección para los sanitarios y de equipamientos como respiradores para las UCIs, mejorar la formación de los profesionales para hacer frente al Covid-19 y plantillas estables.