Se ampliarán las ayudas a los afectados por ERTE

La Consejería de Empleo e Industria trabaja en estos momentos con el objetivo de mejorar y ampliar las ayudas complementarias a los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) durante la crisis sanitaria del coronavirus, para de esta forma poder llegar a más personas y, sobre todo, que reciban estos recursos los que más lo necesitan.

Así lo anunciaba este martes en las Cortes regionales el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su cara a cara con el socialista Luis Tudanca, quien le acababa de reprochar que su Gobierno aún no haya destinado a los trabajadores damnificados por un ERTE «ni un solo euro» de las ayudas comprometidas en el decreto ley de medidas urgentes consensuado en el Diálogo Social que se firmaba el pasado mes de marzo, y que prevé destinar seis millones de euros a tal fin.

El presidente aseguraba que la Junta «siempre» cumple lo que firma y dejaba claro que las familias y los trabajadores «pueden estar tranquilos porque tienen en el Gobierno autonómico a su mejor aliado». «La consejera de Empleo e Industria y su equipo tiene todo nuestro apoyo y confianza para adaptar las ayudas a la realidad actual», decía el presidente, mientras enumeraba algunas de las medidas ya iniciadas que están ayudando a la Comunidad a salir adelante. Como por ejemplo, los 65 millones de euros para la industria agroalimentaria, los 2,5 millones de euros para dar liquidez a 1.800 empresas, la moratoria de impuestos que han beneficiado a 148.000 contribuyentes, los 22 millones para autónomos o los 5,5 para los que no tienen trabajo pero tampoco cuentan con ingreso alguno.

Antes, el portavoz socialista reprochaba al presidente que hayan pasado tres meses desde la firma del acuerdo de «medidas urgentes» y los 170.000 trabajadores afectados por un expediente temporal sigan sin cobrar. También le afeaba que los seis millones que se van a destinar son «insuficientes» ante la peor crisis de la historia, decía, mientras recordaba que en el 2014, en la anterior crisis, la Junta aportó nueve millones de euros como complemento a los ERTEs. Y comparaba los 0 euros destinados por la Junta a tal fin con los «268 millones aportados por el Gobierno central». «No podemos esperar más y la palabra dada se cumple», insistía Tudanca, que al inicio de su intervención también había advertido a Fernández Mañueco del informe de la oenegé Intermón Oxfam, que alerta de que Castilla y León será la región de España donde más crecerán la pobreza, hasta superar las 417.500 personas en esta situación.

«La Junta cumple lo que firma, y cumplirá también con el complemento firmado en el Diálogo Social», replicaba de nuevo Fernández Mañueco a Tudanca, a la vez que le espetaba que lo que más preocupa ahora en España es que Sánchez prolongue los ERTE por fuerza mayor en los sectores más afectados por la pandemia. Y recordaba al líder socialista que ese dinero del que presume que ha destinado el Gobierno «no es ni suyo ni mío, ni del Ejecutivo ni de la Junta, sino de los contribuyentes». Por el contrario, afirmaba que el problema de Castilla y León «es Sánchez» por haber sustraído a la región 80 millones en formación o 125 millones del fondo extraordinario por los nuevos criterios de reparto, y pedía a Tudanca que se ponga del lado de la Comunidad.

León si está en el pacto

Ciudadanos no cuestionaba esta vez al presidente y el turno corría a la Unión del Pueblo Leonés (UPL), al que le tocaba esta vez como miembro del Grupo Mixto realizar su pregunta de control al Ejecutivo, que versaba sobre si la Junta está haciendo todo lo necesario y adecuado para superar la crisis sanitaria. Fernández Mañueco aprovechaba su respuesta para afear al portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, que sea el único de los trece procuradores por León de todos los partidos que no se haya sumado al pacto por la recuperación de la Comunidad firmado el pasado viernes.

“León si está en el pacto, pero usted y su partido, no”, decía el presidente de la Junta, mientras pedía al leonesista que abandone su victimismo con la provincia leonesa, se sume al pacto “porque aún está a tiempo” y haga “algo útil” por los leoneses.

Fernández Mañueco no se mordía la lengua en su respuesta a Luis Mariano Santos al que echaba en cara una vez más en el hemiciclo que se dedique a “buscar la confrontación, levantar muros y cavar trincheras” en lugar de arrimar el hombro y ser leal con la Comunidad.

Por su parte, el portavoz de la UPL criticaba que en este pacto se incluyen medidas “ya aprobadas en las Cortes”, como el pacto por la reindustrialización, la petición de una EBAU única o la defensa de la Política Agrícola Común (PAC) o no se hayan incorporado ninguna de las 71 medidas que su formación propuso -algo que negaba el presidente, quien le recordaba que en el pacto se han incluido casi medio centenar- y le trasladaba algunas de las necesidades que tienen muchas zonas leonesas, como en la Ceped o Sahagún o la “falta de UCIs” del propio complejo asistencial de León.

Empleabilidad de las personas con discapacidad

Por otra parte, el pleno dejaba también el anuncio de la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, ha anunciado este martes su intención de ampliar la línea de ayudas para contratación de personas discapacitadas por parte de los ayuntamientos hasta llegar a los 5 millones, en lugar de los 3 millones que fueron consignados inicialmente en la convocatoria publicada el pasado 16 de junio. La titular de Empleo destacaba el “compromiso absoluto” con las personas con discapacidad y recordaba que ya se han destinado 24 millones a la inserción de este colectivo.

Curso escolar

En el día en el que acababa el curso escolar, el inicio del siguiente en septiembre también se colaba en el Pleno de las Cortes, a una pregunta de la socialista Judith Villar a la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien aseguraba que su departamento no improvisará y aplicará “mucha seriedad, coherencia y seguridad”, si bien tampoco dejaba claro en qué circunstancias concretas arrancará.

La procuradora del PSOE reprochaba a Lucas que haya estado en “fuera de juego” durante la pandemia sin tener voluntad de acordar nada con los sindicatos para negociar las condiciones en que regresarán los profesores y los alumnos a las aulas, y le pedía a Lucas “menos moqueta y más trinchera”.

La consejera, por su parte, aseguraba que negocia “todo lo que sea susceptible de negociación”, pero ha distinguido que las instrucciones del inicio de curso son cuestiones organizativas que nunca se han negociado con los sindicatos en una mesa sectorial, mientras que la dotación de personal sí es objeto de negociación, como las comisiones de servicios, el personal interino o la dotación de recursos. “La negociación es buena y hablar es necesario”, afirmaba Rocío Lucas, quien recordaba que durante el estado de alarma la Junta ha celebrado trece reuniones, frente a las tres del Ministerio de Educación y Formación Profesional. “Si no te sientas, no te puedes levantar”, ironizaba, mientras pedía “seguridad” y criticaba la improvisación del Gobierno de España.

Residencias privadas

Finalmente, el Pleno dejaba también la afirmación del vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, de que van a pedir a las residencias privadas si están en disposición de publicar los datos de afectados y fallecidos por Covid, como lleva tiempo reclamando el PSOE. Según Igea, la Dirección General de Registro Civil, que tenía los datos, no los ha facilitado y recordaba a Luis Tudanca respecto a la critica que formulaba este lunes a la Junta de que se escuda en la ley de Transparencia para no facilitar los datos de las residencias privadas, que no lo hacen por esta normativa sino mediante un informe de la Asesoría Jurídica.

“Es prudente”, decía Igea, mientras unía que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha dirigido también a la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales para ver si se puede realizar esa publicación, sin haber obtenido respuesta, por lo que pidió a los socialistas que se dirijan a su Gobierno para cumplir con el deber de informar a los españoles.