Castilla y León

¡Queremos trabajar!

Grito unánime del sector de la hostelería de Castilla y León que se ha echado a la calle para protestar contra las medidas restrictivas de la Junta

¡Queremos trabajar! Éste fue el grito unánime de los hosteleros de Castilla y León que se echaron a la calle para protestar contra el cierre de sus negocios desde la jornada de este viernes para frenar la Covid-19 en la Comunidad.

Cientos de personas se concentraron frente a la sede de las Cortes regionales, para reivindicar ayudas directas que les permitan sobrevivir. “Rescate para la hostelería ya”, se podía leer en los carteles que portaron los manifestantes, donde el SOS al sector se repetía constantemente. La cita arrancó a las 11.30 horas de este jueves, y una hora después, un grupo tomó la avenida de Salamanca, dirección al edificio de Hacienda, trayecto en el que hubo varios conatos de corte del tráfico, que impidió la Policía.

La Policía impide a los manifestantes cortar la Avenida de Salamanca
La Policía impide a los manifestantes cortar la Avenida de SalamancaEduardo Margareto/Ical

“La hostelería está a punto de fallecer por la mala gestión y el desamparo de las autoridades (gobierno nacional y regional”, se leía entre los mensajes. Algunos carteles rechazaban los argumentos sanitarios del cierre: “Menos del cinco por ciento de los contagios se producen en los bares”; otros apuntaban al dinamismo económico que producen en las zonas donde se instalan: “Sin hostelería no hay vida”.

La exigencia de apoyos era generalizada, pero bajo la advertencia de: “Queremos trabajar no queremos limosna”. Asimismo, advertían a las autoridades de que “No se puede exigir impuestos si se prohíbe tener ingresos" y las instaban a "Que gasten en salud no en crear chiringuitos”.

El presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, el empresario segoviano Ángel Blasco; destacó que llevan siete meses “reivindicando”, y todo se resume en una cosa: “La situación es tan grave que necesitamos ayudas directas, porque ya no tenemos liquidez”, afirmó en declaraciones a la Agencia Ical.

Balasco asumió que lo “principal” es la salud, “lo entendemos, pero la pandemia económica está aquí, y la única manera de solucionarla es con ayudas importantes directas”, porque hasta la fecha, denunció, has sido “escasas” y sujetas a una “excesiva burocracia”.

Así, advirtió que con las nuevas restricciones, un “porcentaje” altísimo de negocios “no volverá a abrir ya las puertas” y podrían estar en peligro 150.000 empleos. “Se nos está provocando una gran herida y no se puede tapar con una tirita”, dijo, para estimar que “hay más de 30.000 establecimiento y es posible que el 50 o más estén cerrados”.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, acudió a la manifestación para acompañar al sector regional y “alzar la voz, ante la situación lamentable de ruina total” por decisiones “absolutamente arbitrarias, injustas, carentes de evidencias científicas”. “Todos los datos sanitarios nos dan la razón, porque solo el 3,2 por ciento del os contagios tiene que ver con la restauración”, añadió.

Los hosteleros también recibieron el apoyo del presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, quien lamentó que se haya “criminalizado” a este sector, “tan importante” para el dinamismo económico de la Comunidad.

Los representantes de los hosteleros se manifiestan a las puertas de las Cortes de Castilla y León
Los representantes de los hosteleros se manifiestan a las puertas de las Cortes de Castilla y LeónEduardo Margareto/Ical

Aparicio, junto a otros miembros de la patronal, como la vallisoletana Ángela de Miguel, advirtió del “daño terrible” que se está provocando a la hostelería y defendió que se pude compaginar esta actividad con medidas frente a la Covid-19. Constató asimismo, el impacto que el cierre hostelero tendrá sobre un sector estratégico para la Comunidad, como es el agroalimentario.

Los parlamentarios de grupos de la oposición también apoyaron la protesta. El secretario general y portavoz del PSOE, Luis Tudanca, se reunió con los representantes de los hosteleros. Por su parte, VOX acudió con su propia pancarta a la concentración, con la presencia del procurador Javier Conde.

Valoración de la Junta

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, reiteró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, lo que ya había dicho en la entrevista a LA RAZÓN de que tienen claro que “los hosteleros no son los culpables, pero que tienen que tomar medidas para acabar con los virus”.

En este sentido les recordó que el Gobierno regional están a su lado, como demuestra el Plan de Choque que contará con más de 70 millones para respaldar a los sectores más afectados por la crisis. Además, anunció que han escrito una carta al Ministerio para que ponga en marcha un proyecto que apoye al sector hostelero y turístico.

Por otra parte, el secretario general del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, recordó al Gobierno de España que “la hostelería es competencia de todos” y, por ello, pidió recursos para el sector de cara a que “el tejido empresarial no se hunda”, dado que, hasta el momento, el Ejecutivo nacional “no ha puesto ni un duro para apoyar a la hostelería”.

Se trata una vez más, según explicó el número 2 del PP autonómico, de “otra dejación de funciones” del Gobierno de Pedro Sánchez. Una situación que “en materia sanitaria mata y en materia empresarial hunde la economía del país”, por lo que afirmó no estar extrañado porque los empresarios del sector estén “soliviantados” puesto que “el Gobierno les ha dado la espalda”.

Propuestas socialistas

Tras la reunión con los hosteleros, el secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, exigió a la Junta un plan de choque “ambicioso” con 40 millones de euros en ayudas directas para el sector de la hostelería y el comercio.

Tudanca avanzó que presentarán una moción durante el próximo pleno, para consensuar este programa, que debe definir, dijo, ayudas por una cuantía máxima de 10.000 euros por beneficiario, para que los negocios puedan afrontar “todos sus gastos ordinarios”, como consumo eléctrico, gas, telecomunicaciones, mantenimiento de instalaciones, seguros o asesoría jurídica.

El líder socialista apeló además a la aprobación “inmediata” de un decreto ley, como en otras autonomías, para “regular y aligerar” la carga del pago de los locales de alquiler a la hostelería, el ocio nocturno y el comercio afectados por el cierre total o parcial de sus negocios