La Diputación de Valladolid reclama al Gobierno 750 millones que adeuda a las entidades locales por las entregas a cuenta del IVA de 2017

El pleno ordinario del mes de mayo de la Diputación de Valladolid, presidido por Conrado Íscar, aprobó por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Popular para exigir al Gobierno de España el ingreso de los 750 millones que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IIVA del año 2017.

De esta forma, la institución provincial vallisoletana se posiciona junto a las entidades locales que desde el año 2019 han reclamado en su totalidad las cantidades que el Gobierno les adeuda, al igual que a las comunidades autónomas, por las entregas a cuenta de la recaudación del IVA del año 2017.

La proposición exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla la ley y haga efectivo el pago de los 750 millones de euros en que se cuantifica la deuda que el Gobierno mantiene con las entidades locales “una deuda que el gobierno mantiene desde hace dos años con todos los vecinos de los municipios y provincias”.

Además, el pleno dio luz verde también la proposición presentada por el grupo Ciudadanos en defensa de una movilidad libre de cargas en las vías de alta capacidad y carreteras convencionales, en respuesta al anuncio del Gobierno sobre un posible mecanismo de pago por el uso. La proposición fue aprobada con los votos a favor de los grupos Vox, Ciudadanos y Popular, la abstención del grupo Socialista y el voto en contra de Toma la Palabra.

Por otra parte, Izquierda Unida llevó a la reunión una proposición para la defensa del servicio postal público de Correos en la provincia de Valladolid. La Diputación acordó por unanimidad solicitar medidas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que refuercen la financiación del servicio público postal, mantenimiento y ampliación de las oficinas rurales de correos, que garantice la cobertura de los puestos de trabajo estructurales, y que cumpla con los parámetros de calidad que establece la normativa para que todas los vallisoletanos reciban su correspondencia al menos cinco días a la semana. La proposición fue aprobada por unanimidad.

Caza

Mientras tanto, el Grupo Vox planteó en una proposición instar a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta que proceda a la modificación del artículo 19 del Decreto 10/2018, relativo a la realización de controles poblacionales sobre especies cinegéticas.

El objetivo de la modificación solicitada es que la forma de obtener el permiso para el control de especies cinegéticas en terrenos agrícolas sea bajo la firma de una declaración responsable. La propuesta contó con los votos a favor del Grupo Popular, Vox, y Ciudadanos, y los votos en contra de Toma la Palabra y Grupo Socialista.

Al mismo tiempo, el pleno aprobó por unanimidad la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales por importe de 143.000 euros para apoyar proyectos innovadores que contribuyan a la creación de empleo y el asentamiento de la población en el medio rural.

Los gastos que son subvencionables son los de inversiones en desarrollo económico y tecnológico y en la innovación de las empresas o la implantación de nuevos proyectos empresariales.

También fue concedida la adjudicación del contrato del Servicio del proyecto piloto de instalación de cinco cajeros automáticos o dispositivos multiservicios financieros en cinco municipios de la Provincia. La empresa adjudicataria es Cardtronics Spei al precio de 263.175 euros, incluidos impuestos, para los cinco años de duración del contrato.

Además y de forma inicial se ha aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos el Reglamento del nuevo Servicio de Asistencia Judicial a los ayuntamientos de la provincia, que viene a completar la labor de asistencia jurídica que tradicionalmente presta el Servicio de Asesoramiento Local. El nuevo servicio viene a sustituir al convenio que tradicionalmente se firmaba con el Colegio de Abogados de Valladolid. Será la Asesoría Jurídica de la Diputación de Valladolid quien preste esa asistencia judicial, que además será gratuita para los ayuntamientos, que solo tendrán que hacer frente a las costas judiciales, en caso de que se impongan, así como a los posibles gastos procesales derivados de peritajes, procurador, etc.

Vacunación

Asimismo, se aprobó la convocatoria de subvenciones a las entidades locales de la provincia de Valladolid con población no superior a 20.000 habitantes para la financiación del transporte para la vacunación contra el coronavirus. Las ayudas tienen un presupuesto de 90.000 euros. El punto se ha aprobado con el voto a favor de los grupos Popular, Ciudadanos y Socialista, y la abstención de Vox y Toma la Palabra

El pleno, a su vez, acordó por unanimidad destinar ayudas por importe total de 20.000 euros a los ayuntamientos que estén incluidos en la campaña de inspección documental de las instalaciones de alumbrado público de titularidad municipal. Se trata de una campaña que realiza la Dirección General de Industria y las ayudas vienen a cubrir los costes que se deriven del resultado de la inspección aunque los ayuntamientos deberán aportar al menos el 20 por ciento de estos costes.

Por último, también se dio luz verde a la convocatoria de subvenciones ‘vivienda joven’ destinadas al alquiler de la vivienda para el establecimiento y fijación de la población joven en el medio rural de la provincia. La convocatoria está dotada con 45.000 euros que van a financiar gastos correspondientes al año 2020.