El Gobierno de Mañueco moderniza la Función Pública con una nueva Ley más equitativa, social y accesible

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, acompañado por la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, ha presentado este lunes el anteproyecto de ley para la nueva Ley de Función Pública de la Comunidad, un compromiso irrenunciable del Gobierno autonómico desde el inicio de la legislatura, en la búsqueda de un marco normativo completo y adaptado a las necesidades de los empleados públicos y, por extensión, de unos servicios públicos líderes en España.

En este sentido, el consejero ha manifestado que estos años han servido para marcar necesidades de personal que han de regularse de forma actualizada con el objeto de dotar de mayor seguridad jurídica al reconocimiento de los derechos y deberes del empleado público.

Tal y como se ha explicado, el anteproyecto contiene una nueva regulación imprescindible para desarrollar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con una premisa fundamental y es que ni restringe derechos, ni establece nuevas obligaciones a sus destinatarios.

El propósito de la Administración autonómica con la nueva ley es avanzar y mirar hacia el futuro. Así, el nuevo texto contribuye a tres aspectos clave, ya que, en primer lugar, crea un marco jurídico comprensible, ajustado a la norma que desarrolla e integrado en el conjunto del ordenamiento en la materia; en segundo lugar, actualiza conforme a la norma básica las peculiaridades del régimen jurídico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; y por último, facilita a sus destinatarios y a los operadores jurídicos la correcta aplicación e interpretación de su contenido.

En esta línea, el consejero ha aclarado que, adicionalmente, la nueva ley elimina cargas administrativas y además tiene cuatro objetivos claros: avanzar en la modernización de la gestión de los recursos humanos de la organización, agilizar los procedimientos, rebajar el régimen de intervención y establecer medidas transitorias que garanticen los derechos y el cumplimiento de obligaciones por sus destinatarios. “Este texto normativo pretende, por tanto, establecer un marco común para todos nuestros empleados públicos, protegiendo sus derechos, modernizando la Administración y mirando al futuro con un ambicioso modelo propio de organización y gestión autonómica”, ha indicado Ibáñez.

Novedades de la Ley de Función Pública

Se han desgranado algunas de las principales novedades que incluye, como en el acceso y control de los recursos de las mujeres al tener en cuenta la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública en Castilla y León, y medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. El texto regula de manera específica la movilidad por motivo de violencia de género, por motivos de salud, por acoso laboral y la movilidad interadministrativa.

En relación con la excedencia por cuidado de hijo, se propone reservar el puesto tres años. En las situaciones de excedencia voluntaria se propone reducir el plazo mínimo de excedencia a un año. Contempla el reconocimiento y derecho de las personas con discapacidad a acceder al empleo público, facilitando su incorporación. También reserva un espacio destacado a la regulación de las materias que afectan al personal de la administración local.

El nuevo texto establece una regulación actualizada de la carrera profesional, hace referencia específica al teletrabajo y al análisis de puestos de trabajo. Por último, entre las novedades, el texto define de manera concreta qué puestos pueden proveerse por el sistema de libre designación, y en relación a la selección del personal, se incluye la posibilidad de desarrollar diversas formas de ejercicios.

Un proyecto global de actuación en la Función Pública

El consejero ha indicado que el proyecto de ley de Función Pública no es una norma que deba tomarse de forma descontextualizada, ya que el trabajo por actualizar y modernizar la Función Pública requiere una visión global que se adecúe a la realidad normativa y la demanda social.

En este sentido, Ibáñez ha hecho hincapié en que este no es un trabajo aislado y ha recordado el conjunto de actuaciones que desde el inicio de la legislatura se vienen poniendo en marcha, como la actualización de los procesos de acceso al empleo público, la actualización de los Cuerpos y Escalas de la Administración Publica de Castilla y León, la negociación del nuevo Convenio Colectivo, el impulso a la formación en el conocimiento de las Competencias Digitales del Empleado Público, el nuevo Decreto de acceso a nuestra Función Pública a las personas con discapacidad, así como el diseño del sistema de prestación del servicio de modo no presencial, actualizando y adaptando la regulación del Teletrabajo.

En palabras del consejero, “esta estrategia global tiene como objetivo último contar con unos servicios públicos modernos. Y ello parte necesariamente de un empleo público actualizado, acorde con la realidad y legalidad vigente. Porque nuestro personal ha demostrado durante el estado de alarma la capacidad para hacer frente a cualquier necesidad pública en situaciones extremas. Y es por ello que es momento de continuar trabajando para que el desempeño de esta actividad se haga de manera renovada y moderna”.