“Cirugía” contra el lobo en zonas concretas y cumpliendo la Ley

El lobo y la superpoblación de esta especie en muchos lugares de Castilla y León, pero también de Cantabria y Asturias -regiones que acogen al 97 por ciento de los lobos que hay en la Península Ibérica-, preocupa cada vez más en estos territorios, especialmente a ganaderos e incluso vecinos de zonas rurales que ya han visto a ejemplares paseando por los pueblos.

Una situación que se sigue complicando desde que el Gobierno de Sánchez decidiera proteger a este animal incluyéndolo en la lista de especies protegidas (Lespre) prohibiendo su caza también al norte del río Duero, que de facto impide abatirle en toda España por cuanto al sur no se podía por directiva europea, y en Canarias, Baleares o Ceuta y Melilla no hay presencia de este cánido.

Para dar respuesta a este problema, Castilla y León, Asturias y Cantabria se han aliado y están buscando fórmulas que les permita, desde la seguridad jurídica, poder “controlar” al lobo, y en lugares concretos. O lo que es lo mismo, abatir ejemplares de determinadas manadas que estén atacando con frecuencia a las explotaciones ganaderas.

“Serán actuaciones con cirugía para zonas concretas y cumpliendo la ley, decía este viernes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mientras reafirmaba su defensa de una gestión integral del lobo que asegure su convivencia con la ganadería extensiva.

Si bien, Suárez-Quiñones dejaba claro también que para asegurar esta gestión y su convivencia con la ganadería, hay que llevar a cabo controles de ejemplares que no ponen en riesgo la conservación de la especie, pero cumpliendo las exigencias de la orden ministerial que regula el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Lespre).

El consejero recordaba que antes de la inclusión del lobo en el Lespre “había un equilibrio justo” por lo que echaba en cara al Gobierno de España, que, con razones injustificadas y haciendo caso a una iniciativa conservacionista, por motivos ideológicos, haya protegido al lobo, en lo que está siendo un ataque importantísimo al medio rural en su conjunto.

Además, se quejaba de que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunciara una partida de 22 millones para llevar a cabo medidas preventivas y la compensación de daños por los ataques de lobos y este dinero aún no haya llegado. “Ya está bien”, denunciaba Quiñones, mientras reclamaba esos fondos económicos compensatorios de daños, así como un compromiso al Ministerio con el medio rural, con los ganaderos y contra la despoblación.

Suárez-Quiñones se expresaba así tras reunirse con sus homólogos de Asturias y Cantabria, Alejandro Clavo y Guillermo Blanco, respectivamente, en la localidad lebaniega de Tresviso para abordar este problema pero también la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa.

Los tres consejeros advertían también de que la especie, incluso con los datos que maneja el propio Ministerio, “ha mejorado de forma significativa”, tanto en su área de distribución como en sus poblaciones durante los últimos 20 años.

Picos de Europa

Por otro lado, estas tres regiones que comparten terreno en el Parque Nacional de Picos de Europa, se han comprometido a aprobar este año el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional para que sea como “una herramienta útil” para agilizar las autorizaciones, simplificar los trámites administrativos, potenciar el aprovechamiento de los recursos y, en definitiva, mejorar la vida de sus habitantes.

El PRUG está dotado con más de 7 millones de euros anuales, pero en los próximos tres años esta cuantía aumentará hasta los 10 millones de euros gracias a los fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según anunciaban los consejeros.

Durante la reunión, se ha dado luz verde a las modificaciones del Plan de Actividades y el presupuesto del Consorcio, que se aprobaron en el último encuentro celebrado este mes en Tama (Cillorigo de Liébana) para 2022.

Los tres consejeros han destacado que las tres comunidades autónomas están trabajando para tener listo este año el PRUG, que permitirá agilizar y simplificar los trámites para la realización de actividades, dependiendo del tipo de propiedad y de la zonificación del espacio que establece esta planificación, afectando a las actividades tradicionales, explicaban.

“La aprobación del PRUG será un antes y un después en la gestión del parque a la hora de garantizar recursos, instrumentos y financiación a sus territorios”, destacaba Suárez-Quiñones, para quien esta medida servirá para dotar al parque de mayor seguridad jurídica en el objetivo común de los tres territorios de compatibilizar la conservación, el aprovechamiento y el disfrute de sus recursos.