Mañueco defiende los órganos consultivos como garantes del buen Gobierno

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que “seguir el criterio, la opinión de los órganos consultivos, evita dificultades a todos los gobiernos, al Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, locales”, como así lo hace la Junta y manifestó su deseo de incorporar las reflexiones que salgan de la jornada “Función consultiva y responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas derivadas de la COVID-19″, organizada en el campus de la Uva en Segovia, por el Consejo Consultivo de Castilla y León, con la presencia del Consejo de Estado, que encabeza María Teresa Fernández de la Vega, con el resto de consejos autonómicos.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado la importante labor que desarrollan los diversos órganos consultivos españoles como garantía del buen gobierno a través del control de la legalidad de normas y resoluciones administrativas.

Los órganos consultivos contribuyen a defender mejor los derechos e intereses de las personas, según ha destacado el presidente, quien ha manifestado que es una labor respaldada por una indudable legitimidad democrática. Así, ha añadido, el Estatuto de Castilla y León concibe al Consejo Consultivo como una de las instituciones propias de la Comunidad, cuyos cargos electos son designados por las Cortes autonómicas.

Fernández Manueco ha señalado que la labor Consejo Consultivo es realizada de manera austera y contenida en sus costes, y ha citado, como ejemplo, que las instituciones propias de Castilla y León cuentan desde hace nueve años con una Secretaría única y el Consejo Consultivo, sin afectar a su plena independencia, está adscrito presupuestariamente a las Cortes.

Por todo ello, el presidente de la Junta ha considerado que la utilidad y la necesidad de los órganos consultivos está suficientemente acreditada. En este sentido, se ha referido al objeto de la jornada y ha asegurado que la pandemia de la Covid-19 ha dejado un importante cúmulo de secuelas en todos los órdenes, también las jurídicas.

Fernández Mañueco ha manifestado que el Estado de Derecho garantiza a sus miembros la posibilidad de reclamar patrimonialmente, entre otras vías, si creen que sus derechos han sido afectados por la acción pública. Una opción, ha apostillado, que están ejerciendo con plenitud y libertad, como prueba que entre 2020 y 2021, el 72% de las materias dictaminadas por el Consejo Consultivo se referían a la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica.

La alta calidad de la labor de los órganos consultivos les permite dictaminar estas reclamaciones según criterios de legalidad y justicia, ha reivindicado el presidente, quien ha apuntado que estos dictámenes anticipan muchas veces las resoluciones de unos tribunales que, en Castilla y León, vienen confirmando la legalidad de las actuaciones de su Administración en esos momentos.

Así pues, ha advertido que si todos los gobiernos siguieran las recomendaciones de los órganos consultivos habría menos decisiones anuladas en los tribunales.

“Tema de Estado”

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, calificó como “tema de Estado” la responsabilidad patrimonial de las acciones administrativas derivadas de pandemia del COVID-19. Esta institución se ofreció al Consejo de Estado para celebrar una reunión técnica y “buscar líneas de posiciones comunes a la hora de resolver las reclamaciones de los ciudadanos”, que ya están llegando a todos y cada uno de los consejos consultivos autonómicos.

Para Sánchez de Vega es importantísimo desde el punto de “vista social, económico jurídico-político y vital porque ha afectado a la vida de muchas personas, en el conjunto de España”. Una vez más, los consejos consultivos de España junto al Consejo de Estado buscan, en un encuentro conjunto, “líneas de posiciones comunes a la hora de resolver las reclamaciones de los ciudadano que van a llegarnos porque somos la primera línea a los que van a llegar reclamaciones”.

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León subrayó que son los que tienen que dictaminar y afrontar “ese cúmulo de reclamaciones”, lo que les lleva a reuniones técnicas, como la celebrada hoy en la Universidad de Valladolid, para “buscar líneas comunes que resuelvan las mismas situaciones con las mismas soluciones en todo el conjunto de España”. En el caso de Castilla y León, tienen a las puertas “más de cien” y ya han visto unas 25, entre ellas varias relacionadas con vacunación. “Esto se puede multiplicar”, resumió.

Hay dos grandes bloques, de ahí la creación de mesas monográficas. La responsabilidad patrimonial sanitaria que tiene una casuística es enorme. “Cualquier detalle de las personas que han sufrido el COVID-19 en el mundo sanitario”, sostuvo Sánchez de Vega.

También se puso encima de la mesa la responsabilidad patrimonial por daños a la actividad económica, moderado desde el Consejo de Estado, en la persona de José María Jover Gómez-Ferrer, y la participación de consejeros de Galicia, Islas Baleares, Canarias y el Principado de Asturias, y en la que se abordaron circunstancias como una situación difícil atravesada por un establecimiento durante la pandemia, que generan reclamaciones.

“Pretensiones por parte de los ciudadanos”, explicó el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, anfitrión de esta jornada, con “pequeñas cuestiones, si se pueden llamar pequeñas cuestiones, a grandes reclamaciones hospitalarias, que han producido daños a las personas a niveles altos”. En definitiva, las situaciones son infinitas. “Vemos caso a caso. Emitimos dictámenes muy al estilo inglés o americano, con las circunstancias concretas de cada caso que pueden dictar un informe favorable o desfavorable, que sea estimatorio o desestimatorio”, desgranó. Los consejos consultivos tiene mucho que decir y se trabaja para “buscar soluciones comunes a casos que sean similares para ello contamos con letrado del Consejo de Estado”, reiteró.

Agustín Sánchez de Vega dijo, ya durante su intervención a los participantes, que es un tema que es “máxima actualidad con consecuencias para las administraciones y el Estado y para los derechos y la vida de los ciudadanos”.