Sacyl registra en el primer año de la pandemia hasta el 62% del volumen de contratación de la Junta de Castilla y León

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentó hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes otras tres auditorías recientes, todas ellas aprobadas durante los últimos 10 meses. En primer lugar, dos sobre contratación en la Administración de la Comunidad: el informe anual de carácter legal sobre la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma en el ejercicio 2020 y la fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Comunidad Autónoma en los ejercicios 2018-2019.

En segundo lugar, la fiscalización de los convenios celebrados por la Comunidad de Castilla y León en los ejercicios 2018-2019.

A modo de balance, tras la sesión de este lunes 4 de julio quedan 12 informes pendientes de comparecencia “que, gracias a la colaboración de esta Comisión, estamos poniendo al día con prontitud, superando la acumulación coyuntural que se había producido”, señaló el presidente.

En el actual mandato del Consejo son ya 26 las comparecencias realizadas, en las que ha presentado 77 informes, que suponen un 32 por ciento del total histórico. En cuanto a la programación del resto de los trabajos, hay 48 auditorías en marcha, que incluyen las 24 que integran el Plan Anual 2022, las 8 de la contabilidad electoral y otras 16 del Plan 2021 que irán publicándose en los próximos meses. Más de 60 informes en distintas fases de tramitación, “dato suficientemente ilustrativo sobre la envergadura del trabajo de control externo permanente que realiza esta institución”.

Según las previsiones del Consejo, este mes se aprobarán tres fiscalizaciones relacionadas con el impacto de la COVID-19 y en agosto los ocho informes sobre contabilidad electoral. El último cuatrimestre del año será de mucha intensidad en la finalización de auditorías para concluir el ejercicio con una treintena de informes aprobados, en línea con el récord alcanzado el pasado año dentro de toda la serie histórica del órgano fiscalizador.

Fiscalización de la Contratación Administrativa

Este trabajo consiste en una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual en relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia, no discriminación e igualdad de trato a los licitadores. La fiscalización abarca los contratos administrativos y privados celebrados por las consejerías, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado que integran la Administración General e Institucional de Castilla y León, anotados durante el ejercicio 2020 en el Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad.

Según los datos proporcionados por dicho registro, el número de contratos no menores formalizados ascendió en 2020 a 3.390, por un importe de adjudicación total de 960 millones de euros. El número total de contratos menores ascendió a 13.798, por importe de 70 millones. No se ha incluido la revisión de los contratos menores porque serán objeto de una auditoría específica, si bien figura su número e importes en el correspondiente anexo del informe.

El mayor volumen de contratación corresponde a la Gerencia de Salud, 62 por ciento del total, once puntos porcentuales más que el peso que representaba en los dos años previos al inicio de la pandemia. Le siguen, por importancia, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que representa el 13 por ciento frente al 18 por ciento de los dos ejercicios anteriores, y la Consejería de Educación y como el Itacyl, en torno al 5 por ciento, un punto menos.

Por tipos de contratos, el 58 por ciento del importe total corresponde a suministros, 19 puntos porcentuales más que en la fiscalización realizada de los ejercicios 2018 y 2019; el 23 por ciento del total son contratos de servicios, 12 puntos menos; y la contratación de obras supone el 17 por ciento del importe, cuyo peso relativo desciende 4 puntos.

En 2020, primer ejercicio afectado por la pandemia, en cuanto al procedimiento de adjudicación, los contratos negociados sin publicidad ocupan el mayor volumen del importe, un 42 por ciento del total, seguidos de los formalizados mediante de procedimiento abierto, un 40 por ciento; mientras que otras formas de adjudicación suman el 18% restante. Además, durante 2020 se tramitaron de forma ordinaria 2.523 expedientes; 820 mediante tramitación de emergencia y 47 de urgencia.

La auditoría se realizó sobre una muestra representativa de 85 expedientes y el Consejo recogió 15 conclusiones, centradas fundamentalmente en el análisis sobre el procedimiento de contratación (actuaciones preparatorias y expediente de contratación; adjudicación de los contratos, así como formalización, ejecución y extinción de estos).

Opinión del Consejo de Cuentas. En función de los expedientes examinados conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración General e Institucional de la Comunidad cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio 2020, excepto por determinadas salvedades que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos.

Recomendaciones:

1.- El Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las deficiencias detectadas en su información.

2.- Por su parte, los órganos de contratación deben velar por los medios utilizados para la correcta estimación del importe y asegurarse de la designación de un responsable del contrato. Asimismo, deben reservar la utilización de la tramitación urgente y de emergencia exclusivamente para las circunstancias previstas en la ley.

3.- La Administración autonómica, especialmente la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Gerencia Regional de Salud, debe establecer los medios para acreditar la solvencia económico-financiera, técnica y profesional de los licitadores.

4.- Asimismo, debe reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos con el suficiente detalle todos los baremos de reparto y subcriterios que serán tenidos en cuenta.

5.- La Administración de la Comunidad, y en especial la Gerencia Regional de Salud, debe evitar distorsiones en la definición y ponderación de los criterios de adjudicación referentes a la oferta económica. Además, los contratos con alto impacto en el medio ambiente deben incluir criterios de valoración con condiciones ambientales ponderables.

6.- El Consejo de Cuentas recomienda igualmente que los órganos de contratación, y en especial los de la Gerencia Regional de Salud, en la determinación de las ofertas que contienen valores anormales o desproporcionados, se referencie a la oferta en su conjunto, no solo al precio, y respecto de este se refiera a la baja media, no al presupuesto de licitación.

7.- Por otra parte, debe vigilarse por los órganos de contratación, en particular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de la Gerencia Regional de Salud, la adecuada publicación de la composición de las mesas de contratación y de sus actas.

8.- Las mesas de contratación y sus órganos de asesoramiento deben motivar suficientemente sus informes y propuestas de adjudicación, utilizando para ello los criterios previstos en los pliegos.

9.- Los órganos de contratación deben asegurarse de que las resoluciones de adjudicación incluyen dicha motivación. Los órganos de contratación deben asegurarse de que el documento contractual incluye el contenido preceptivo, se cumple el plazo para su formalización y es objeto de la adecuada publicidad en los diarios oficiales y en el perfil de contratante.

10.- La Administración de la Comunidad debe incluir en sus contratos condiciones de ejecución de naturaleza laboral, social y medioambiental, así como justificar su cumplimiento.

11.- La Administración autonómica, en especial las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, deben extremar esfuerzos para que los contratos se cumplan en los plazos establecidos.

12.- Los órganos de contratación deberán verificar la correcta recepción o conformidad del objeto del contrato, con la participación, en su caso, del representante de la Intervención General de la Comunidad, dentro del plazo establecido.

Fiscalización del cumplimiento de la normativa sobre inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación

Una de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas es la inclusión de cláusulas de ejecución de naturaleza laboral, social y medioambiental, un aspecto de la contratación pública que fue objeto de análisis específico en el informe “Fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la comunidad autónoma de Castilla y León, ejercicios 2018-2019″, publicado el 26 de junio del pasado año.

El objetivo de esta auditoría es verificar el cumplimiento de la legalidad en materia de cláusulas sociales y medioambientales en las distintas fases de los contratos de la Administración General e Institucional de la Comunidad.

La directiva europea de 2014 sobre contratación pública sentó las bases vinculantes de una contratación pública social y medioambientalmente responsable.

Por su parte, en la normativa estatal la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 determinó que toda contratación pública incorpore de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato. En el ámbito autonómico, la Junta estableció en un acuerdo de 2016 directrices vinculantes sobre la incorporación de aspectos sociales en la contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad.

La fiscalización se realizó de manera paralela a la de mandato legal efectuada sobre la contratación autonómica de los ejercicios 2018 y 2019, habiéndose utilizado en ambas la misma relación de contratos.

La Administración de la Comunidad adjudicó, excluida la contratación menor, en el ejercicio 2018 un total de 2.655 contratos y en 2019 un total de 3.224. De los 84 contratos incluidos en la muestra, 28 fueron adjudicados en 2018 y 56 en 2019.

Las conclusiones se centran en el análisis de la incorporación de aspectos sociales en la contratación, así como en la inclusión de este tipo de cláusulas en las distintas fases del expediente de contratación, desde el inicio hasta su ejecución final.

Recomendaciones:

1.- La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades deberá mejorar la obtención de datos para la elaboración de los informes sobre el grado de inclusión de cláusulas sociales en la contratación autonómica.

2.- Deberá garantizar el cumplimiento por los órganos de contratación, de la inclusión en los expedientes de contratación de aspectos sociales que guarden relación con el objeto del contrato o, en su caso, la motivación de su imposibilidad.

3.- La Junta de Castilla y León deberá adoptar medidas tendentes a incentivar la utilización, por los órganos de contratación, de medidas de tipo medioambiental en la definición de las características técnicas del objeto de los contratos y en sus requisitos de ejecución, favoreciendo en los criterios de selección y de adjudicación a las empresas respetuosas con la calidad ambiental.

Fiscalización de los convenios celebrados por la Comunidad

El tercer informe presentado por Amilivia aborda la fiscalización de los convenios celebrados por la Comunidad durante los ejercicios 2018 y 2019, siendo uno de los trabajos más recientes del Consejo, publicado el pasado 16 de febrero.

Es la primera vez que el Consejo dedica un informe específico a este tipo de acuerdos que pueden adoptar, con efectos jurídicos para un fin común, las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado.

Consiste en una auditoría de cumplimento de la legalidad en la gestión de los convenios por la Comunidad, verificando su adecuada formalización y registro, así como el cumplimiento de la obligación de comunicación al Consejo de Cuentas, en el ámbito de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normativa de aplicación.

En el análisis de la comunicación de los convenios al Consejo también se han incluido los suscritos por las universidades de Castilla y León y sus entes dependientes. La comprobación del cumplimiento de los requisitos legales más significativos se realizó sobre los 68 convenios que por su importe, de más de 600.000 euros, deben remitirse al Consejo, así como sobre una muestra de otros 32 expedientes representativa de los convenios con aportaciones inferiores.

Entre las principales conclusiones, en lo que se refiere a las relaciones anuales de convenios formalizados, la Administración de la Comunidad comunicó al órgano de control externo 1.392 convenios, suscritos en 2018, ascendiendo el importe de las aportaciones de las entidades autonómicas a 130 millones de euros y el de las aportaciones totales a 329 millones; y un total de 1.084 convenios suscritos en 2019, ascendiendo el importe de las aportaciones de las entidades autonómicas a 110 millones, y el de las aportaciones totales a 229 millones.

Otros de los aspectos analizados en esta fiscalización y que se detallan en las conclusiones, han sido el régimen jurídico de los convenios en cuanto al registro, publicidad y transparencia; la preparación y formalización de estos, así como análisis del contenido del convenio y su diferenciación de figuras jurídicas afines.

Opinión: La Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente la obligación de remisión de convenios al Consejo de Cuentas, en los términos contemplados en la normativa, pero no así las Universidades públicas.

Recomendaciones:

1.- La Administración de la Comunidad, así como el resto de los organismos y entidades públicas, deben asegurarse de que los convenios que suscriban se incluyen en el régimen jurídico establecido en la normativa estatal y autonómica, antes de su inscripción en el Registro General Electrónico de Convenios y su remisión al Consejo de Cuentas.

2.- La Comunidad debe establecer los criterios que determinen las entidades que tienen la obligación de remitir los convenios al Registro General Electrónico de Convenios y al Consejo de Cuentas. Además, debe establecer las medidas necesarias para que se envíe toda la información y documentación requerida dentro del plazo señalado.

3.- La Comunidad deberá elaborar normativa propia que regule la figura de los convenios adecuando sus normas a las disposiciones establecidas en la normativa estatal.

4.- Las entidades públicas que suscriban convenios, en su preparación, deben recabar las autorizaciones o acuerdos de la Junta de Castilla y León, en su caso, así como la elaboración e inclusión de toda la documentación que sea preceptiva, en cada uno de los expedientes tramitados.

5.- Las entidades públicas deben asegurar que, al formalizar los convenios incluyan, al menos, las materias señaladas para el contenido de los convenios, en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Decreto 66/2013.