El Procurador del Común recomienda a las entidades locales adaptar la recogida selectiva de residuos para cumplir con la nueva legislación

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, recomendó a ayuntamientos y otras entidades locales la adaptación de la recogida selectiva de residuos a la reciente Ley de Residuos, que dispone como obligatoria la recogida separada de nuevos flujos de residuos y de los residuos textiles y domésticos peligrosos. De igual forma, instó a las diputaciones a ayudar a los pequeños ayuntamientos para que puedan cumplir la nueva ley antes de diciembre de 2024.

La nueva Ley de Residuos, aprobada en el mes de abril, establece como obligatoria la recogida separada de nuevos flujos de residuos y, más en concreto, para los residuos textiles, residuos domésticos peligrosos como pinturas, productos de limpieza, lámparas, residuos eléctricos y electrónicos y aceites de cocina, que deben entregarse por los usuarios, recogerse por los ayuntamientos y tratarse por los gestores autorizados de forma separada antes de diciembre de 2024.

En vista de que el cumplimiento de estas determinaciones provocará cambios en la gestión del servicio público tanto para las administraciones como para los ciudadanos, el Procurador del Común inició varias actuaciones de oficio y solicitó información a todos los municipios de Castilla y León de más de 5.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para examinar la labor llevada a cabo en la materia.

Una labor que “por lo general cumple de manera adecuada con los requerimientos que implica la prestación de este servicio esencial”, pero que “tiene margen de mejora”, por lo que el Procurador remitió resoluciones a las distintas administraciones para contribuir a paliar algunas de las deficiencias detectadas.

En concreto, Tomás Quintana se dirigió a todos los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes para que valoren la posibilidad de aprobar un Plan de prevención y gestión de residuos urbanos que analice el volumen y naturaleza de los producidos en cada término municipal y garantice la adecuación de los circuitos de recogida, de los espacios de ubicación de los contendedores y de los medios humanos y materiales que se emplean en el servicio.

Por otra parte, se instó a las mismas entidades locales a examinar el número de puntos limpios de los que disponen y el volumen de residuos admisible en cada uno de ellos y señaló que las administraciones deben adoptar medidas concretas dirigidas a acercar estos servicios a los vecinos mediante la implantación de puntos limpios móviles o el establecimiento de sistemas de recogida puerta a puerta. De igual forma, puso de relieve que se debe profundizar en campañas de sensibilización social y educación.

En cuanto a las diputaciones provinciales, las recomendaciones formuladas se dirigieron a pedir que articulen mecanismos que permitan la implantación generalizada y en los plazos previstos de las recogidas selectivas mediante colaboración económica, técnica y jurídica para que puedan cumplir con las previsiones establecidas en la Ley. Con ese objetivo, se solicitó a las instituciones provinciales que colaboren con las entidades locales, en particular las de menor tamaño, en la aprobación o modificación de las ordenanzas reguladoras o en la elaboración de planes locales de gestión de residuos, de manera que se favorezcan los objetivos de la Ley, es decir, la prevención, minimización, reciclaje y puesta en valor de los residuos que se generen.

El Procurador del Común consideró que a esta labor también pueden contribuir las Diputaciones favoreciendo la creación y el mantenimiento de puntos limpios, teniendo en cuenta para ello el aumento del volumen de recogida selectiva que se pretende alcanzar. Por último, se recomendó que incrementen la colaboración con los pequeños ayuntamientos y mancomunidades en la realización de campañas de sensibilización y educación ciudadana.