Defienden más vías de socialización para los alumnos de la escuela rural

Incorporar a la normativa vigente la posibilidad de autorizar el establecimiento y mantenimiento de unidades educativas en los centros públicos incompletos y localidades de colegios rurales agrupados, aunque no se cumplan las bajas ratios que actualmente ya se contemplan en la normativa en vigor, en función de las circunstancias de cada caso en particular.

Que se tengan en cuenta las expectativas que puedan existir de fijar población escolar en un marco temporal superior al del (próximo) curso escolar para el mantenimiento de unidades educativas.

Y que los centros educativos cuenten con los medios personales y materiales que garanticen una educación de calidad, sin olvidar la singularidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como con los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar que sean precisos para facilitar la vida de los escolares y sus familias..

Estas son, grosso mod, las peticiones que el Procurador del Común, el defensor del pueblo de Castilla y León, hace a la Consejería de Educación de cara al próximo cuso escolar que se avecina, con el objetivo de reafirmar la apuesta del Gobierno regional con la escuela rural.

Tomás Quintana, Procurador del Común, ha mostrado su preocupación en su último informe por el presente y el futuro de la escolarización en el ámbito rural, debido a la crisis de la natalidad y el fenómeno de despoblación rural que sufre la Comunidad desde hace años en los pueblos, que está provocando que se vayan dejando de ofertar las plazas escolares que ya no resultan necesarias.

Por ello, el defensor del pueblo castellano y leonés reivindica una oferta educativa adecuada que permita a las familias escolarizar a sus hijos en el ámbito rural, es una circunstancia de importancia para fijar la población y propone al departamento que dirige Rocío Lucas una serie de medidas que considera imprescindibles para favorecer la igualdad de oportunidades de todo el alumnado sin excepción y en favor de la dotación de los servicios públicos que merecen los ciudadanos que residen en el medio rural.

Quintana advierte de que la escuela rural, junto con sus ventajas, puede presentar ciertos inconvenientes en cuanto a la socialización de los niños, especialmente en el caso de aquellos escolarizados en las aulas unitarias que agrupan un mínimo número de alumnos, y, además, de diferentes edades. Por ello, el Procurador del Común hace hincapié en la necesidad de establecer vías de socialización del alumnado de la escuela rural, fundamentalmente a través de la acción de la red de Centros Rurales de Innovación Educativa.

Finalmente, en la resolución, el defensor del pueblo espera de la Administración educativa de Castilla y León adopte las medidas necesarias para que el ámbito rural pueda seguir contando con el servicio educativo de calidad que le es debido, y que junto con el resto de servicios esenciales, “están llamados a dignificar la vida de las personas que residen en él y, con ello, contribuir a frenar la despoblación del medio rural”