Medio Ambiente
El PP asegura que Navacerrada tiene otra oportunidad de generar riqueza “a pesar del Gobierno de Sánchez”
Los procuradores segovianos recuerdan que la Junta diseñó el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para “permitir la actividad del esquí”
Los procuradores del Partido Popular de Segovia señalaron que es “una buena noticia para todos los segovianos” el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que ordena a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) reparar la toma de agua del arroyo El Telégrafo para que la estación de esquí de Navacerrada pueda fabricar nieve artificial. “A pesar del Gobierno de Pedro Sánchez, Navacerrada tiene otra oportunidad de generar riqueza a esta provincia”, remarcaron. El PP lamentó también la decisión unilateral del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de negar una nueva concesión de uso privativo con destino a la estación de esquí.
Según explicó el vicepresidente 1º de las Cortes Regionales y secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, junto a los procuradores José Luis Sanz Merino y María Ángeles García, “la arbitrariedad” de la decisión, puesta de manifiesto ahora por el TJSCyL y “el hostigamiento” al que el Miteco está sometiendo a los empresarios que desarrollan su actividad en nuestra provincia, hace que no descarten como ya hicieron hace casi un año, “presentar de un nuevo una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno de Sánchez a que revoque, de manera inmediata, todas las decisiones adoptadas en contra de la instalación invernal”.
Los populares recordaron que la Proposición No de Ley aprobada por las Cortes de Castilla y León ya advirtió a Sánchez de la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias, incluido el desistimiento de cualquier proceso judicial iniciado en sentido contrario, para que se mantuviera la actividad de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada.
“La inquina que ha mostrado el Miteco con las bochornosas actuaciones hace pocas fechas”, sostuvieron, al desmontar y destruir las instalaciones privadas de la empresa explotadora de la estación de esquí, ponen de manifiesto “una actitud prepotente por parte del Gobierno de España, y de sonrojante silencio por parte de los responsables del Partido Socialista en Castilla y León, en la provincia y en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso”.
Para el PP de Segovia, la estación invernal es un elemento de atractivo turístico y de dinamización medioambiental, deportiva, turística, social y económica de la Comunidad de Castilla y León, demandada por muchos segovianos y madrileños, que han visto en ella un lugar que les ha facilitado el acceso a la naturaleza y a la práctica del esquí como una alternativa de ocio saludable.
Los tres procuradores populares por Segovia subrayaron que no entienden la manía persecutoria del Gobierno de España y su obsesión con respecto a los intereses de Castilla y León, a la que de forma imprudente se ha sumado recientemente la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, con unas manifestaciones impropias de una responsable institucional, intentando condicionar las decisiones judiciales y por las que debería ser cesada de forma fulminante”, indicaron desde el PP.
Según los procuradores, la decisión judicial, ha vuelto a poner de manifiesto que el cierre de la estación de esquí de Navacerrada es “una determinación política arbitraria, sin fundamento técnico y de dudosa legalidad”.
Además, añadieron que, en el diseño del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama y posteriormente del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Junta de Castilla y León fue especialmente cuidadosa para permitir que esta actividad, que es tradicional de la sierra tuviera cabida y estuviese permitida.
La actividad económica y el empleo ligado al funcionamiento de la estación en época invernal, cuando menos afluencia de visitantes hay en los pueblos de la comarca, motivaron la decisión de permitir esta actividad, demostrando una vez más, sostuvo el PP, “el Gobierno de Mañueco vela por el medio rural”, por lo que no se entiende la decisión unilateral del Gobierno de España “de perjudicar seriamente a la economía de esta provincia y más concretamente a los municipios de la falda de la sierra que verán mermados sus ingresos por este cierre”, informa Ical.
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