Castilla y León plantea una estrategia nacional de lucha contra los incendios forestales y financiación estatal suficiente a las Comunidades Autónomas como servicio al territorio

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha participado este jueves 26 de enero en Zaragoza en una mesa redonda con sus homólogos de las otras comunidades autónomas limítrofes con Aragón (Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra) sobre “Los retos de las administraciones públicas ante el desafío de los grandes incendios forestales”, en el marco de un foro organizado por el Gobierno de Aragón y la Fundación Felipe González, con el fin de contribuir al debate suscitado en la sociedad española por los grandes y devastadores incendios del pasado verano en la Nación.

En este marco, Suárez-Quiñones ha manifestado que el riesgo de grandes incendios forestales es creciente, dada la experiencia de las condiciones meteorológicas anómalas y extremas habidas el pasado verano, y ha planteado la necesidad de que, acompañando a las medidas que los gobiernos autonómicos están poniendo en marcha, el Gobierno de España, en coordinación con estas, apruebe una Estrategia nacional de lucha contra los incendios forestales, destine financiación estatal suficiente destinada a estos servicios al territorio, y un marco adecuado, normativo y fiscal, que incremente la movilización pública y privada de los recursos de los montes a través de la bioeconomía y el aprovechamiento forestal.

En su intervención, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha contextualizado que Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa (95.000 kilómetros cuadrados), con 2.248 municipios (de los que dependen casi 7.000 núcleos de población), con casi 2.400.000 habitantes (el 80 por ciento viviendo en las capitales y el 20 por ciento viviendo en una vasta extensión de territorio despoblado) y más de 5.3 millones de hectáreas forestales, más de la mitad de la superficie de la Comunidad.

Un verano pasado con condiciones climáticas extremas

Asimismo, el consejero recordó que Castilla y León ha vivido un verano de 2022 sin precedentes, con las peores condiciones climáticas habidas en España, incluso en Europa, según los estudios publicados, con temperaturas de más de 40 grados, con noches tropicales, con 42 días de tres olas de calor; humedades que bajaron del 5 por ciento en vegetación y humedad ambiental; vientos erráticos de más 70 km/hora, tormentas secas con miles de rayos y una sequedad por falta de lluvias sin precedentes… Conforme a la estadística oficial, en 2022 hubo 57 grandes incendios forestales en España, 16 de los cuales ocurrieron en Castilla y León, comunidad en la que las anómalas condiciones meteorológicas del pasado año provocaron el que en diversos momentos los incendios superaran la capacidad de extinción de los operativos en varias comunidades autónomas, que necesitaron reforzar la coordinación y colaboración, también del Gobierno, al máximo.

Suárez-Quiñones también recordó que Castilla y León venía teniendo en torno a 2.000 incendios al año, donde la media de la serie histórica de los diez años cada vez iba a menos en cuanto a superficie arbolada y forestal, con incremento sostenido de los conatos (incendios que nos superan una hectárea por la rápida acción del operativo de extinción). “Pero el año pasado todo cambió. Nuestros técnicos nunca habían visto nada igual. Los incendios forestales pasaron a ser emergencias de protección civil”, comentó el consejero, quien señaló que el año pasado se desalojaron 86 pueblos por los incendios con miles de personas, cuando nunca se había desalojado ninguna localidad por incendios, y todo a pesar de tener operativo de lucha contra incendios de más de 4.500 personas, con más de 175 cuadrillas helitransportadas y de tierra, con más de 200 máquinas (entre autobombas y buldócer), con una treintena de medios aéreos. Un operativo muy potente, como lo son en España todos en general, muy superiores a cualquier país europeo, contando con la colaboración de los medios del Gobierno y su competencia principal en medio aéreos. “Sin embargo -comentó el consejero-, con todo esto, fue imposible acometer esta situación con menos daño personal y material”.

Mejoras en el dispositivo y gestión forestal relevante

“Con este contexto -añadió Suárez-Quiñones-, debido básicamente a las condiciones meteorológicas extremas, todas las comunidades autónomas hemos reaccionado con un refuerzo muy importante del operativo; en Castilla y León con el acuerdo del Diálogo Social entre de la Junta, los sindicatos más representativos y los empresarios, donde se van a invertir 127 millones en tres años, a mayores de lo invertimos, llegando a duplicar el presupuesto: potenciando el operativo o estabilizando las plantillas de personal, entre otras mejoras”.

El consejero también señaló que la Comunidad de Castilla y León trabaja desde hace años con un importante bagaje de gestión forestal, con la mayor superficie forestal con plan de gestión sostenible y certificada, con millones de metros cúbicos de aprovechamiento de madera puestos en el mercado, una Comunidad donde se moviliza el mayor número de toneladas de biomasa de España para alimentar las redes de calor públicas y privadas que promueve la Junta, con dos plantas de producción eléctrica con biomasa muy importantes. A pesar de lo cual, no fue suficiente para evitar las consecuencias de los grandes incendios del verano de 2022.

El reto de trabajar en común y con el apoyo presupuestario del Estado

A este respecto, el consejero señaló que ni con un operativo potente, ni con una gestión forestal sostenible, planificada, responsable e intensa como pocas en España y en Europa es suficiente para solucionar el problema de las consecuencias de determinados grandes incendios forestales cuando se dan unas condiciones climáticas extremas, “que no es un problema solo de Castilla y León, sino un problema común de todo el territorio nacional -y también global-, y por tanto la solución debe ser común”. Añadió Suárez-Quiñones que “hay que hacer una apuesta indudable por la bioeconomía y hay que cambiar el paisaje, tal como está establecido; donde hace cincuenta años había 30 toneladas de biomasa, ahora hay 60 toneladas; y esta disminución del combustible de los incendios no lo pueden abordar sólo los fondos públicos de la Comunidad. Defender que se soluciona sólo con gasto público de la Comunidad en prevención y extinción, es una equivocación”.

“Hemos pasado de un territorio discontinuo, donde se podía identificar la zona agraria de la forestal, a un territorio continuo, embastecido, abandonado por parte de la población (menos usos agrícolas, menos cortes de leña, menos ganadería extensiva, menos trashumancia…). Ganar nuevamente ese mapa discontinuo del terreno, ganar población y cambiar el uso del territorio es lo único que va a garantizar que salgamos de esta situación -ilustró el consejero-, porque hay un elemento hostil, que es el cambio climático, con temperaturas inéditas, vientos y sequedad que, combinado con el combustible de las masas forestales, provoca incendios muy difíciles de controlar. Tenemos un incremento importantísimo de masas forestales, fruto de una gestión forestal esforzada y responsable de esta Comunidad, pero que con la nueva realidad climática supone un mayor riesgo de incendios y de graves consecuencias, por mucho operativo que se tenga, por mucha colaboración entre instituciones, entre las comunidades y el Estado que hagamos”.

Castilla y León plantea que el Gobierno lidere una estrategia nacional contra los incendios

La Junta de Castilla y León entiende que esta situación es una cuestión de Estado, como ha reclamado el presidente de la Comunidad, y exige un compromiso nacional, que tiene que liderar el Gobierno de España en colaboración con las Comunidades Autónomas. Unas comunidades “que no tienen una financiación adecuada y suficiente para estos servicios que se prestan al territorio, independientemente de la población que se tenga”.

A este respecto, el consejero Suárez-Quiñones añadió “que el Gobierno de España tiene que elaborar una Estrategia Nacional de Lucha contra los Incendios Forestales, que vaya más allá de unas meras orientaciones, que haya una ley específica de incentivación de la bioeconomía y del aprovechamiento forestal especial y al margen de la Ley de Montes, con incentivos fiscales, y una acción exterior en la que hay que convencer a Europa de que tiene que cambiar postulados como las dudas de que el aprovechamiento energético de la biomasa sea adecuado y positivo para la gestión forestal, o la dañina configuración del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) de la PAC”

“En definitiva -terminó Suárez-Quiñones-, una cuestión de Estado, que requiere financiación y una actuación conjunta, coordinada y común de todas las administraciones”.