En una fría mañana del 15 de enero de 1475, en una sala del Alcázar de Segovia, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón firmaron un pacto que no solo consolidaba su matrimonio, sino que sentaba las bases de un nuevo modelo de gobierno. Era el inicio de una monarquía compartida que, con el tiempo, daría lugar a lo que hoy conocemos como España.

Isabel y Fernando llevaban casados desde 1469, pero su unión aún no era del todo aceptada ni tenía efectos políticos claros. Cuando Enrique IV, hermano de Isabel, murió en 1474, se desató una guerra civil por la sucesión del trono de Castilla. Aunque Isabel fue proclamada reina, muchos apoyaban a Juana la Beltraneja, respaldada por Portugal.

En ese contexto inestable, Isabel necesitaba consolidar su autoridad, pero también integrar a Fernando en la política castellana. No bastaba con ser su esposo: necesitaba tener un rol real, legal y visible en el gobierno.

El pacto del Alcázar

La Concordia de Segovia, firmada en el imponente Alcázar de la ciudad castellana, fue la solución diplomática a ese dilema. El acuerdo regulaba cómo gobernarían juntos sin que uno quedara por encima del otro aunque, en la práctica, Isabel conservaría más poder.

Según lo pactado ese frío día del mes de enero Fernando sería reconocido como rey de Castilla, pero Isabel conservaría la autoridad efectiva sobre el reino. Todos los documentos oficiales llevarían la firma de ambos contrayentes y serían emitidos en nombre de los dos monarcas. De la misma manera, los nombramientos importantes (cargos, embajadores, etc.) serían decididos conjuntamente.

Sin embargo, Isabel se reservaba la última palabra sobre los asuntos internos de Castilla. Era, en esencia, una corona bicéfala, un poder dual que, aunque desigual, se mostraba unido hacia el exterior.

Un experimento político avanzado

La Concordia no solo resolvía una crisis dinástica. También fue un ejercicio de innovación política. En una Europa donde el poder se concentraba en monarcas absolutos, Isabel y Fernando optaron por compartir el trono con normas pactadas, como si anticiparan -de forma embrionaria- el concepto moderno de Estado.

El acuerdo dio lugar a una monarquía que no fusionaba los reinos, pero sí los gobernaba desde una coordinación sin precedentes en la historia. Durante su reinado, ambos mantuvieron instituciones separadas en Castilla y Aragón, pero actuaron como una única potencia internacional.

Segovia, la ciudad del pacto

La elección de Segovia no fue casual. Era una ciudad simbólica: había sido uno de los principales bastiones de Isabel durante la guerra sucesoria, y su Alcázar representaba el poder real castellano. Hoy, esa misma fortaleza, convertida en museo, aún conserva la solemnidad del lugar donde comenzó la unificación política más importante de la península. Pocos visitantes saben que en esas salas, entre muros fríos y tapices, nació el germen del Estado español. Ningún mármol lo grita. Pero en esos papeles firmados con pluma y prudencia, se redactó un modelo de gobierno que sobreviviría siglos.

¿Qué queda de la Concordia?

Aunque España como nación no se formalizó hasta siglos después, muchos historiadores coinciden en que la Concordia de Segovia marcó el nacimiento del proyecto común entre Castilla y Aragón. Y, sobre todo, demostró que un país también puede fundarse sobre un acuerdo, no solo sobre conquistas o imposiciones. En un tiempo en el que los pactos parecen frágiles, interesados, inestables y los gobiernos no tienen la solidez de antaño, la Concordia recuerda algo simple y poderoso: a veces, compartir el poder es más revolucionario que dominarlo.