Castilla y León garantiza el derecho a la salud de los ciudadanos

Las Cortes de Castilla y León han ratificado este miércoles por unanimidad los convenios ya suscritos con Castilla-La Mancha y el País Vasco, que benefician a más de 29.000 ciudadanos de Ávila y 61.000 de Burgos que viven en zonas limítrofes de la comunidad.

Unos acuerdos que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, enmarca en la apuesta de la Junta por el “autonomismo útil” que en esse caso permite garantizar la “accesibilidad" en las zonas límites y hacer efectivo el derecho a la salud de los ciudadanos.

"Son un ejemplo claro de cómo la colaboración entre comunidades puede mejorar la vida de las personas, hacer mucho más eficiente el sistema y reforzar la equidad por encima de cualquier frontera administrativa y color político", destacaba Vázquez en el atril del hemiciclo, donde defendía también que la Junta trabaja para “salvar” aquellos obstáculos que dificultan la asistencia en las zonas limítrofes, mejorando la “coordinación” y garantizando una asistencia “accesible” y de "calidad", con independencia del lugar de residencia y la titularidad del recurso.

Asimismo, avanzaba que ya tienen “muy avanzada” la tramitación de dos nuevos acuerdos en materia sanitaria con Cantabria y La Rioja.

Durante el debate, el ‘popular’ José María Sánchez señalaba en declaracione srecogidas por Ical que estos convenios buscan que la sanidad pública funcione con “sentido común”, priorizando a los pacientes sobre la “burocracia”, las “barreras” administrativas y los “prejuicios” políticos. Además, aseguraba que suponen una “política con mayúscula” y un reconocimiento al trabajo y la “humanidad” de los profesionales. También criticaba a la oposición por utilizar la sanidad como “arma arrojadiza” contra la Junta.

El socialista Jesús Puentedecía que con estos dos convenios se cierra un “poco” la “brecha entre el centro y la periferia” pero advertía de que estos pactos nacen “anémicos”, por lo que a su juicio no van a evitar que se genere “frustración” en la población. E

La procuradora de Vox María Isabel Pérez cuestionaba la delegación de competencias de Castilla y León en otras comunidades, por lo que pedía más inversión a la Junta en Sanidad y arremetía contra el Estado de las autonomías por convertir a España en “17 reinos de Taifas”, lo que denunció genera “desigualdades”, “duplicidades”, “caos administrativo” y territorios “de primera y segunda”. “¿Dónde está el Estado?”, se preguntaba, mientras defendía un “modelo único” y una “red nacional”.

Desde soria Ya, Juan Antonio Palomar pedía renovar el pacto con Aragón, así como ampliar los de La Rioja o Navarra y, finalmente, el procurador Francisco Igea llamaba a que las urgencias se deriven a los centros más cercanos y que no se descapitalice la actividad de los hospitales más pequeños.