Castilla y León pide a Sánchez que revise los criterios de reparto de fondos estatales para políticas activas de empleo

Las Cortes de Castilla y León urgen al Gobierno de España y a la Junta a reforzar las políticas activas de empleo. El Parlamento autonómico ha sacado adelante una iniciativa del PP que contaba cn el apoyo de Vox, UPL-Soria ¡Ya!, Por Ávila y los no adscritos -PSOE e Igea votaron en contra- que, entre otras cosas, insta a desarrollar una actuación específica en los municipios con más de 20.000 habitantes o con más de 1.000 desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo así como pedir al Gobierno que refuerce la transparencia en el procedimiento de asignación de fondos estatales destinados a las políticas activas de empleo.

La iniciativa, defendida por la popular Mercedes Cófreces, reclama también la revisión de los criterios de reparto de los fondos estatales finalistas destinados a políticas activas de empleo, recogidos en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (PAFED), de manera que, además de los indicadores relativos al volumen de población activa y número de personas desempleadas, se incorporen de forma efectiva y con un peso significativo variables de carácter estructural como la densidad de población, el índice de envejecimiento, la dispersión territorial o el coste diferencial de prestación de servicios en territorios con especiales dificultades demográficas y de cohesión social.

Duranate su intervención, Cófreces mostraba la preocupación del PP por la "falta recurrente de transparencia y claridad" en los criterios que utiliza el Gobierno de España para tal distribución de fondos "a pesar de los compromisos formales con la evaluación y la eficiencia". En esete sentido, aseguraba que las actas de la Conferencia Sectorial no siempre permiten conocer con precisión los factores ponderados ni las justificaciones técnicas de los repartos.

La procuradora defendía que Castilla y León genera empleo con 31.000 ocupados más y 16.000 parados menos así como una tasa de paro del 8,7 por ciento inferior al 11,7 por ciento nacional, lo que supone que algo más de un millón de personas tengan un empleo en la comunidad.

“Son unos buenos datos que reflejan un compromiso público”, decía la popular, si bien llamaba a avanzar en las políticas activas de empleo ante la compleja realidad territorial de Castilla y León asociada a valores físicos y demográficos.

Por ello, reclamaba una financiación justa al Gobierno para que todas las personas tengan igualdad en el acceso a un empleo.

Desde Vox Fátima Pinacho calificaba la iniciativa “poco ambiciosa” aunque finalmente la apoyaban a pesar de que no se aceptó una enmienda de su partido para elaborar un paquete de medidas destinadas al emprendimiento en municipios más pequeños, y reclamaba la puesta en marcha de políticas a favor de las empresas con una fiscalidad favorable. “

El socialista Pedro González criticaba que la Junta reclame transparencia y no ejecute los fondos que han devuelto, señalaba que se trata de una iniciativa sin sentido y reclamaba la necesidad de que se precisen los criterios para acceder a los programas además de defender que el reparto de fondos del Gobierno es transparente porque va asociado al cumplimiento de objetivos.

Francisco Igea valoraba que se pida transparencia al Gobierno pero reclamaba que se haga lo mismo con la Junta y se mostraba de acuerdo con variables como la densidad de población o el índice de envejecimiento, saunque finalmente votaba en contra.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que dio el voto a favor, defendía que se articulen medidas adoptadas a la realidad del territorio pero llamaba a potenciar la actividad de las mujeres en el sector primario, tecnología e innovación.

Y desde la UPL, Alicia Gallego, pedía a la Junta que sea la primera en aplicarse la transparencia que demanda al Gobierno, así como plantearse los criterios en sus ayudas a otras entidades para solventar el problema del paro.