Movilidad

El PP denuncia que Sánchez está "pisoteando" a los zamoranos

Los parlamentarios populares exigen al Gobierno la inmediata recuperación de las frecuencias suprimidas del AVE en Sanabria

El diputado nacional del PP por Zamora, Óscar Ramajo Prada, interviene en el Congreso, en presencia de Ángel Ibáñez
El diputado nacional del PP por Zamora, Óscar Ramajo Prada, interviene en el Congreso, en presencia de Ángel IbáñezPPLa Razón

El Partido Popular de Zamora acusa al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, de ocultar deliberadamente el expediente que justifica la supresión de las frecuencias del AVE en la estación de Otero de Sanabria.

El diputado nacional del PP por Zamora, Óscar Ramajo Prada, denuncia que el Ministerio ha denegado el acceso a la documentación alegando un supuesto carácter “reservado” por tratarse de información comercial, a pesar de que este expediente fue solicitado hace más de cinco meses y nunca ha sido clasificado como secreto.

"No existe ninguna clasificación oficial que convierta este informe en reservado", señala el parlamentario popular, quien advierte de que “quizá no existe o no está bien justificado, y por eso lo quieren ocultar", ya que, según afirma, la conclusión lógica sería que, tratándose de una empresa pública como Renfe, las frecuencias suprimidas deberían pasar a ser de obligación de servicio público y el Gobierno tendría que rectificar.

Asimismo recuerda que el derecho de los zamoranos y de su representante en el Congreso, amparado en el artículo 23 de la Constitución, no puede ser pisoteado por decisiones políticas opacas.

Por ello, el diputado vuelve a exigir al Gobierno y al titular de Transportes la restitución inmediata de todas las paradas suprimidas, al tiempo que critica la falta de transparencia del Ministerio y de Renfe. Y explica que el expediente es imprescindible para conocer si se valoró incluir estas frecuencias como obligación de servicio público; qué indicadores de demanda se analizaron; qué criterios de impacto social se tuvieron en cuenta; y por qué se optó por la supresión y no por alternativas menos lesivas para el territorio.

El PP de Zamora recalca que esta no fue una decisión técnica, sino política, tomada por Óscar Puente y por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, “para satisfacer los intereses del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, a costa de castigar a Sanabria y al medio rural”.

Abandono del mundo rural

Los populares zamoranos sostienen que esta decisión es un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno socialista penaliza sistemáticamente a los territorios de baja densidad, ignorando la obligación legal del Estado de protegerlos por su rentabilidad social.

“El AVE que pasa por Sanabria debe seguir siendo un instrumento de vertebración, cohesión y desarrollo, y no una línea diseñada solo al servicio de las grandes ciudades”, denuncian.

En contraste, el PP recuerda las políticas impulsadas desde la Junta de Castilla y León por Alfonso Fernández Mañueco, como BUSCYL, que permite viajar gratis en las líneas autonómicas, o la bonificación de peajes incluida en los próximos presupuestos, medidas “que sí favorecen la cohesión territorial y protegen al medio rural”.

El PP de Zamora anuncia que continuará registrando iniciativas parlamentarias y promoviendo mociones y acciones públicas “hasta conseguir que el Ministerio rectifique”. Ramajo destaca que desde el 9 de junio ya se han convocado seis movilizaciones multitudinarias, la última en Vigo, en defensa de las paradas de Sanabria AV.

En la Comisión de Transportes, el diputado dejó claro que, si el Gobierno no rectifica, serán los propios zamoranos quienes exigirán directamente la recuperación del servicio, reivindicando su derecho a “vivir donde queremos” con los mismos servicios básicos que el resto del país.

Asimismo, Ramajo recuordó al ministro Óscar Puente que el Gobierno deberá cumplir lo aprobado gracias al Partido Popular en la recientemente aprobada Ley de Movilidad, incluida la recuperación de los compromisos de puntualidad de Renfe, las indemnizaciones por retrasos y la garantía de que no se suprimirán paradas de autobús en los pueblos, una medida que afectaba a siete localidades zamoranas.