Estrasburgo, última bala de las familias de las niñas desaparecidas en Aguilar de Campoo hace 31 años

Los abogados de las familias de Manuela y Virginia, las niñas del municipio palentino de Aguilar de Campoo desaparecidas desde 1992, han anunciado que van a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para lograr saber qué les ocurrió a ambas menores, de 14 y 13 años, que fueron una tarde a Reinosa (Cantabria) y nunca regresaron a sus casas.

La representación legal de las familias ha explicado a EFE que toman esta decisión tras conocer que el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por la desaparición de Virginia Guerrero y Manuela Torres Bougueffa, de las que no se tiene noticia desde el 24 de abril de 1992.

"Ante este nuevo revés de la Justicia española vamos a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, una vez que en nuestro país se han agotado las posibilidades judiciales que reivindicábamos para conocer el paradero de Manuela y Virginia", ha detallado en un escrito el Despacho Criminológico Jurídico Balfagón & Chipirrás, que representa a las familias.

"Entendemos que negar dicha posibilidad atenta contra los derechos humanos que asisten a las familias", ha continuado la representación legal, que siempre ha insistido en que iban a explorar todas las vías a su alcance ante lo que considera una clara indefensión de las familias.

Lo último que se sabe de ellas es que hicieron autostop desde Reinosa (Cantabria), donde habían ido a pasar la tarde, para volver a su casa en Aguilar de Campoo (Palencia), que estuvieron en una discoteca y en un parque y que se subieron a un Seat 127 color blanco o crema.

En mayo de 2021, se reabrieron las investigaciones a raíz del testimonio de una mujer en un programa de televisión y un año después el Juzgado de Cervera de Pisuerga acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones asegurando que "no constaba autor conocido en la perpetración de los hechos objeto de denuncia".

La Audiencia Provincial de Palencia confirmó después el auto judicial y la representación legal recurrió al Tribunal Constitucional para determinar si había habido una vulneración de derechos fundamentales en la sentencia que archivaba definitivamente la causa.

La representación legal defiende que se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva e insiste en que durante la investigación reabierta en 2021 no se admitiera ninguna de las diligencias planteadas por la representación de las familias y en "los errores" que, según este despacho, incurre la sentencia de la Audiencia Provincial.

Como ejemplo ponen la petición de que se volviera a inspeccionar la mina Fontoria (una mina de magnesita en Cantabria, donde se buscó en 1992 tras dos llamadas anónimas a la Guardia Civil) y la Cueva Cervatos (un lugar cerca de Reinosa idóneo para ocultar los cadáveres según la propia investigación) para buscar restos biológicos de las niñas, usando las técnicas y los recursos que existen ahora y que no existían cuando se hizo tras su desaparición hace más de 30 años.

Los abogados recuerdan que España está adherida al convenio de Naciones Unidas para buscar a personas desaparecidas e insisten en las "lagunas legales" que existen en las causas de personas desaparecidas y sobre todo cuando son menores