La Junta remite al Gobierno 12 alegaciones al anteproyecto de condonación de deuda que implicaría 523 euros a cada ciudadano

La Junta ha registrado las alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. El documento, que recoge 12 alegaciones, reitera la oposición del Ejecutivo de Castilla y León a la propuesta de condonación de deuda autonómica planteada por el Gobierno de España, que, según fuentes de la Administración regional, implica que los castellanos y leoneses estarían entre el “grupo de los más perjudicados”, ya que el efecto final es que verían “aumentada su deuda per cápita en 523 euros”. Este rechazo ya fue trasladado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y reiterado en distintos encuentros técnicos, así como en el trámite de consulta pública previa.

El documento de alegaciones registrado expone que la norma tiene una “motivación claramente política” y responde al “cumplimiento del acuerdo de investidura” del Gobierno de España entre dos partidos políticos; donde el anteproyecto de Ley “no ofrece una solución integral al problema de la sostenibilidad financiera de las autonomías para sufragar los servicios de su competencia”. Se trata de un “parche aislado y no incluye ninguna disposición para corregir la insuficiencia financiera estructural” de las administraciones autonómicas.

Asimismo, se “menoscaba el principio de responsabilidad fiscal de la gestión pública" por el que cada administración “debería responder de sus decisiones y asumir las consecuencias” de estas.

Desde la Junta aseguraron en un comunicado recogido por Ical que el anteproyecto “no implementa mecanismos de condicionalidad adecuados” para garantizar que el endeudamiento “se adecúe a lo que permiten las reglas fiscales”, quienes dejaron claro que el Gobierno de España ha actuado “sin transparencia”, al “socavar” los principios de “cooperación y colaboración” en las relaciones financieras del Estado y las comunidades. Sin olvidar que es una “medida injusta” que genera "agravios comparativos entre territorios y un trato discriminatorio y no igualitario", añadieron.

Por ello, “discrepa” de los criterios de reparto acordados y aplicados ya que se consideran “totalmente discrecionales”, pues esta medida “no supone un flujo de ingresos adicionales” hacia el conjunto de las arcas autonómicas, “ni tampoco se generaría mayor capacidad de gasto para destinarlo a sanidad, educación o servicios sociales”.

Desde la Junta aseguraron que la sostenibilidad financiera de las autonomías se debe abordar de “forma conjunta con la reforma del SFA”, en un debate “multilateral” que garantice la" igualdad en el reparto de recursos". “Castilla y León sufre la insuficiencia de recursos para afrontar las necesidades de gasto y está afectada por la insuficiente ponderación en el modelo actual de los factores demográficos y territoriales que incrementan de forma significativa el coste real de prestación de los servicios públicos”.

A ese respecto, puntualizaron que, según el Consejo de Cuentas de Castilla y León, se cuantifica el déficit acumulado de financiación de la Comunidad en el SFA entre 2009 y 2021 en “6.722 millones de euros”, más de 500 millones anuales, apuntaron.