Es oficial: estas son las ciudades en las que no podrán circular coches con etiqueta B a partir de 2026

La extensión de las Zonas de Bajas Emisiones en muchas ciudades españolas ha transformado de manera significativa la movilidad urbana. Las autoridades locales han comenzado a instalar cámaras y sistemas automáticos para controlar el acceso a determinadas áreas, regulando los horarios de circulación y limitando el paso a los vehículos más contaminantes. Calles que antes estaban abiertas a todo tipo de tráfico ahora cuentan con restricciones que obligan a muchos conductores a buscar rutas alternativas o a dejar su coche fuera del centro. Esta reorganización del espacio urbano responde a un objetivo ambiental, pero también está generando fricciones en la vida diaria de los ciudadanos.

Estas nuevas normas implican más que simples límites de velocidad o señales de advertencia. Exigen que los vehículos lleven un distintivo ambiental visible y, según la categoría del coche, se autoriza o se restringe su acceso. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que todas las ciudades españolas con más de cincuenta mil habitantes deben contar con su propia Zona de Bajas Emisiones, lo que está llevando a muchas localidades a aplicar medidas cada vez más estrictas. A medida que estas zonas se consolidan, los coches con etiquetas menos eficientes van perdiendo terreno.

Cataluña y la Generalitat dan el primer paso

En este contexto, a partir del 1 de enero de 2026, varias ciudades españolas comenzarán a restringir oficialmente la circulación de los vehículos con etiqueta B. Barcelona, Sabadell y Terrassa ya han confirmado que los automóviles con esta clasificación no podrán circular durante episodios de contaminación y esta tendencia se extenderá en las 30 Zonas con estas características que se incluyen dentro de Cataluña cuando se de esta condición. Desde el año 2028 la medida se aplicará de forma permanente. Esto implica que muchos conductores que hasta ahora cumplían con los requisitos para circular deberán reconsiderar el uso diario de su vehículo o enfrentarse a sanciones.

La tendencia que seguirán el resto de ciudades

Esta tendencia no se limita a Cataluña. Otras grandes ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza o Sevilla también han desarrollado Zonas de Bajas Emisiones o están en proceso de ampliarlas. La legislación nacional obliga a estos municipios a aplicar restricciones más severas a medida que se acerque el año 2026, por lo que los coches con etiqueta B irán perdiendo acceso a las zonas centrales y más transitadas. Esto afectará de forma directa a un número importante de conductores que todavía utilizan coches relativamente recientes y en buen estado, pero clasificados como contaminantes por la normativa actual.

Para muchas personas, esta nueva regulación supondrá un cambio importante en su rutina diaria. Quienes necesiten utilizar el coche para trabajar, estudiar o atender compromisos personales podrían verse obligados a cambiar de vehículo o buscar medios de transporte alternativos. Aunque algunos optarán por el transporte público o por adquirir un coche eléctrico, no todos los ciudadanos tienen la capacidad económica para afrontar ese cambio de inmediato. Por tanto, la aplicación de estas medidas puede profundizar la desigualdad en el acceso a la movilidad.

La controversia está servida

La decisión también abre un debate sobre justicia social y sostenibilidad. La transición hacia un modelo de ciudad más limpio y saludable es necesaria, pero debe hacerse con criterios que no penalicen a quienes tienen menos recursos. Muchos de los coches con etiqueta B corresponden a personas que no pueden permitirse vehículos nuevos o que dependen del coche para trabajar en áreas mal conectadas por transporte público. Las administraciones deberán equilibrar la presión ambiental con políticas de ayuda que permitan a todos adaptarse sin quedar atrás.

La prohibición de circulación para coches con etiqueta B en estas ciudades representa un punto de inflexión en la política de movilidad urbana en España. Más allá del impacto inmediato, esta medida confirma que el modelo de ciudad está cambiando y que la lucha contra la contaminación va a marcar el futuro de la planificación urbana. El reto será garantizar que esa transformación sea justa, accesible y realista para toda la ciudadanía.