Consejo de Gobierno
Un mayor servicio de calidad de la administración y con más ventajas para sus trabajadores
El nuevo anteproyecto de Ley de la Función Pública recoge un permiso retribuido para mujeres embarazadas a partir de la semana 37
Continuar avanzando en la administración pública para continuar ofreciendo los mejores servicios de calidad por parte de sus trabajadores y, además, beneficiar con medidas más ventajosas a los propios funcionarios. Es lo que refleja en nuevo anteproyecto de Ley de la Función Pública, que se puede ver en el Portal de Gobierno Abierto, y que afectará a la vida administrativa de 12.650 personas.
Es lo que ha presentado el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, junto con el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en rueda de prensa tras la celebración de un nuevo Consejo de Gobierno, y con esta publicación se cumple con el trámite previsto en la Ley autonómica de Transparencia y Participación Ciudadana. Una norma que quiere servir de soporte para un adecuado funcionamiento de la Administración autonómica, para satisfacer los intereses de los empleados públicos, pero siempre teniendo presente avanzar en la calidad de la prestación de los servicios demandados por los ciudadanos de Castilla y León.
Entre las novedades que presenta este anteproyecto se encuentra el nuevo permiso para las funcionarias en estado de gestación, a partir de la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto, o a partir de la semana 35 en el caso de embarazo múltiple. Hasta ahora podían gozar de este permiso desde la semana 39. Una nueva medida que viene de la demanda social debido a que muchas trabajadoras, por incomodidad a partir del parto y en esas últimas semanas debían coger la baja laboral y ahora se podrá sustituir de manera anticipada.
Por otra parte, en el apartado de novedades dentro del anteproyecto de Ley, se incluye también la regulación de los Cuerpos y Escalas de los funcionarios en los que se organiza la administración Autonómica, una regulación adaptada a la realidad del empleo público actual. En este sentido, por ejemplo, el texto establece la creación de nuevos cuerpos, como los diferentes Cuerpos de Informáticos, que pasarán de ser personal laboral a ser personal funcionario. Además, se eliminan algunos cuerpos, bien porque se encuadrarán en otros ya existentes, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Delineantes, o porque son cuerpos en los que, actualmente, no hay ningún empleado público en activo, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Auxiliares Técnicos Calculistas.
Un anteproyecto de ley, que ofrece otras novedades en cuanto a modalidades de carrera profesional o concursos de traslados y que busca, mediante un único texto ordenado, integrado y completo, adaptarse a la realidad diaria del empleo público autonómico de Castilla y León, y dar seguridad jurídica a los funcionarios ante todas las situaciones que pueden presentarse en el día a día de la Administración.
Entre otros acuerdos adoptados por el Consejo se encuentra la inversión de 9,7 millones para impulsar la modernización de la cadena de valor agroalimentaria mediante el desarrollo de una plataforma digital: 500.000 euros para los stands que representarán a Castilla y León en las ferias Sirha, Biofach y Meat Attraction; y un gasto de 240.000 euros para el asesoramiento y puesta en marcha de una tienda "online" para la comercialización internacional de las pymes.
En relación a Medio Ambiente, se destinan más de2,1 millones de euros a la lucha contra los incendios forestales desde la base de Cebreros, y se acometerán actuaciones de conservación de hábitats de pino silvestre en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama con 220.000 euros.
Respecto a Sanidad serán 1,7 millones de euros para hemodiálisis extrahospitalaria en pacientes del Área de Salud de Ávila y se aprueba un millón de euros para suministros sanitarios en el Complejo Asistencial de Salamanca y el Clínico de Valladolid, así como 847.000 a la primera fase de las obras de reforma y ampliación en el Centro de Salud de Arévalo.
Por último, la Junta ha concedido la cuarta aportación dineraria del año a las universidades públicas por más de 112 millones de euros.
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