El 17A: sobrio homenaje entre quejas por el abandono institucional

Cataluña conmemora este jueves el sexto aniversario de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en La Rambla de Barcelona sin una ley propia de atención a las víctimas –que sí tienen otras comunidades como Madrid–, y con la principal asociación de apoyo a las víctimas disuelta entre críticas por abandono institucional y falta de ayudas. La masacre del 17 de agosto de 2017 dejó 16 muertos y más de 300 heridos.

En este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona organiza el tradicional homenaje a las víctimas en La Rambla de Barcelona a primera hora. El acto se celebra en el mosaico de Joan Miró el punto en el que el terrorista yihadista Younes Abouyaaqoub detuvo la furgoneta tras los atropellos en la conocida arteria barcelonesa. El formato será prácticamente calcado al del año pasado, con la interpretación del «Cant dels Ocells» y una ofrenda floral posterior por parte de las autoridades.

Un sexto aniversario que llega después de que este mismo año, en marzo de 2023, la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) pusiera fin a su actividad por la falta de apoyo de las administraciones, del Gobierno y de la Generalitat.

En el caso del Ejecutivo catalán, el Síndic de Greuges pidió el pasado año al Govern y al Parlament, al cumplirse el quinto aniversario de los atentados, una ley propia de víctimas del terrorismo y un protocolo de atención a las víctimas, que incluya el acompañamiento psicológico. Un guante que recogió el propio titular de Interior, Joan Ignasi Elena, quien prometió en una entrevista radiofónica ponerse a ello y sacarla adelante aprovechando el 17A de 2022.

Sin embargo, un año después la normativa se encuentra todavía en fase de trabajo interno entre los departamentos de la Generalitat implicados, sin previsión de cuándo podría tener luz verde, aunque se mantiene el compromiso de sacarla adelante.

En declaraciones a Efe, Robert Manrique, uno de los impulsores de la mencionada Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo, urge al Govern a aprobar esta Ley, ya que también debe servir para disponer de un protocolo de atención a las víctimas justo después de un atentado.

De hecho, desde la entidad privada han atendido a 221 víctimas del 17A, pero no ha podido localizar a otras 200 por falta de herramientas antes de su disolución.

Entre todos los agravios que denuncia UAVAT el que desencadenó su reciente disolución es la inoperancia de las administraciones a la hora de comunicar la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021 a las 347 personas que el texto del magistrado Alfonso Guevara reconocía como víctimas de los atentados del 17A.

La entidad asegura que ha contabilizado a 250 víctimas, del total de 347, a las que nadie ha transmitido la sentencia. En 2022, ante la decisión de Interior de no contactar con las 347 víctimas reconocidas en la sentencia hasta que esta ésta sea firme, UAVAT propuso a la Generalitat asumir esa tarea y le pidió que les facilitara los números de teléfono de las víctimas, algo que el Govern pospuso invocando la ley de protección de datos y a la espera de una oficina de atención a las víctimas.

Por otro lado y además del acto institucional de mañana, la ACVOT convoca, también en las Ramblas, otro evento.

Al día siguiente, el viernes 18, los actos de homenaje se trasladan a Cambrils siguiendo también un perfil sobrio.

Por su parte, el independentismo radical ha convocado una manifestación de protesta ante la Delegación del Gobierno en Barcelona a través de la plataforma #17AExigimResponsabilitats.

[[H3:Sobriedad rota por un boicot «miserable»]]

El quinto aniversario de los atentados del 17 de agosto en Barcelona estuvo marcado por el boicot de un grupúsculo de independentistas radicales que protestaron entre gritos, silbidos y abucheos en el acto oficial en La Rambla y ante las víctimas y los familiares. Una mala imagen culminada por el apoyo de la presidenta de Junts, Laura Borràs, quien acudió a saludar a los manifestantes tras lo ocurrido. La posconvergente evitó después disculparse pese al aluvión unánime de críticas provenientes de todos los partidos y entidades. El propio Gabriel Rufián tildó el boicot de «miserable». Este año, el secesionismo ha convocado ante la Delegación del Gobierno a las 12:00 horas.