La escuela concertada se rebela contra el decreto de admisión de la Generalitat

Representantes de las familias de la escuela concertada, la Confederación Cristiana de Padres y Madres de alumnos de Cataluña (CCAPAC) y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres (FAPEL), alarmaron hace una semana a padres y madres con una carta donde pedían su firma para presentar alegaciones contra el decreto de admisión. El texto creó confusión porque no contextualizaba que el decreto de admisión es una de las dos herramientas que el gobierno catalán está preparando para desplegar el pacto contra la segregación que, hablando en plata, es un acuerdo para evitar escuelas gueto. Pero pese a que muchas familias no entendían muy bien para qué se les pedía su firma, las patronales de las escuelas concertadas han recogido y presentado esta mañana un total de 121.604 alegaciones contra el decreto de admisión de alumnos. Y hoy, el presidente de Fapel, Josep Manuel Prats, y la secretaria de CCAPAC, Maria del Mar Pla, han ofrecido más explicaciones. Han expresado que, entre otras razones, creen que la norma, que reserva plazas para alumnos en riesgo de exclusión, limitará el derecho de elección de centro. También han denunciado que «no asegura una financiación suficiente para escolarizar a los alumnos».

Alarmismo

Las patronales temen también que no haya presupuesto para acompañar las nuevas medidas del decreto de admisiones, que el Consell Escolar de Cataluña tiene previsto presentar en el pleno del próximo día 18. Dicen que que «la financiación insuficiente provocará un sobrecoste que deben sufragar los padres, o la asfixia económica de la escuela». También que el decreto «pretende restringir el derecho de las familias a la elección de escuela, porque se pueden suprimir unidades antes de que los padres hayan podido manifestar sus preferencias».

A los titulares de los centros concertados, les preocupa que el decreto cambia el modelo de preinscripción escolar actual. De modo que el número de plazas concertadas se determinará antes de saber cuántas familias quieren matricular a sus ­hijos en esos centros, lo que a juicio de la concertada recorta la libertad de los ­padres a escoger la escuela. Concretamente, el número de plazas se otorgará en función de la demanda del curso anterior, tal y como se hace en la escuela pública.

Señalan que el proyecto «otorga atribuciones impropias a las Oficinas Municipales de Escolarización y en las Comisiones de Garantías de Admisión». Y lamenta que estas atribuciones «van en perjuicio de las competencias de los titulares la concertados o los directores de la pública para decidir cómo gestionar el centro».

En peligro puestos de trabajo

El presidente de la FAPEL ha insistido en que la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que la programación se tiene que hacer en base a la demanda social, “que se conoce en el momento de la preinscripción” y no anteriormente.

Ha advertido de que si se reducen las plazas concertadas “está en peligro parte de la estabilidad laboral de los trabajadores” de la escuela concertada, y ha reprochado cómo se ha acabado elaborando el decreto.

Prats ha lamentado que conocieron el decreto hace 20 días y que han podido introducir alegaciones "deprisa y corriendo", y ha sostenido que desde julio estaban negociando el decreto de conciertos pero no el de admisión de alumnos.

El decreto también prevé retirar ayudas públicas a las escuelas que segreguen por sexo. Aunque cabe precisar que el concierto a secundaria e infantil se concedió el año pasado y tiene vigencia para cuatro años. Este años se tiene que reasignar el concierto para la educación primaria. Desde Educación, confirman que el niño que ha sido escolarizado con concierto no lo perderá.

La Generalitat da la bienvenida a debate

El director general de Atención a la Familia de la Generalitat, Juan José Falcó, ha subrayado que el borrador responde "al pie de la letra" al Pacte contra la Segregació Escolar impulsado por el Síndic de Greuges, el Pacte Nacional d'Educació de 2006 y la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha explicado que desde julio están negociando con la escuela concertada el decreto de conciertos y que "han hablado mucho de los aspectos principales del decreto de admisión" porque tiene mucho que ver con el régimen de concertación.

Ha dicho que propuso a las entidades que han iniciado la campaña "la posibilidad de una reunión o las que hiciesen falta para analizar sus alegaciones", y ha mostrado su incredulidad ante la reacción.

“Pese a todo, la sensación es de tranquilidad porque lo que hay en las alegaciones, una buena parte lo compartimos y está en el decreto, y lo que no compartimos tiene poco fundamento jurídico. Nos pondremos de acuerdo, haremos un decreto de consenso, que estará dentro del Pacte contra la Segregació Escolar”, ha remarcado.

Falcó ha dicho que el decreto busca conseguir una situación de equidad escolar, ha dicho no entender que entidades que firmaron el Pacte Nacional per l’Educació y el Pacte contra la Segregació Escolar cuestionen el principio de la programación escolar y ha subrayado que “no es cierto que el texto solo prevea supresiones en los centros públicos”.