Los miembros de la Mesa del Parlament niegan intención de desobedecer al TC en el “procés”

Menos la exdiputada de la CUP Mireia Boya: "No reconozco al Tribunal Constitucional como a un agente legítimo en el proceso de independencia", ha asegurado en el juicio por el 1-O ante el TSJC

El juicio a los miembros de la Mesa del Parlament y una diputada de la CUP por el “procés” ha arrancado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Procesados por un presunto delito de desobediencia, -Vox ha retirado la acusación de organización criminal por la que pedía 12 años de prisión al inicio de la sesión durante las cuestiones previas-, en la primera jornada –se extenderá hasta el jueves-, han declarado los cinco acusados y, salvo la exdiputada de la CUP Mireia Boya, todos han negado -de manera más o menos explícita- que hubieran tenido voluntad de desoír al Tribunal Constitucional (TC) y han indicado que actuaron movidos por defender los derechos de los diputados y permitir el debate parlamentario.

Boya, en cambio, lejos de rodeos, se ha mostrado fiel al estilo directo de la CUP y ha asegurado que el TC no es un “agente legítimo” para el proceso de independencia en respuesta al Fiscal –Pedro Ariche-. “No reconozco al Tribunal Constitucional como a un agente legítimo en el proceso de independencia de Cataluña”, ha afirmado, al ser preguntada sobre cómo hubiera actuado si hubiera recibido alguna notificación del TC advirtiéndole sobre las consecuencias de seguir adelante con iniciativas parlamentarias rupturistas, como el resto de miembros de la Mesa. De hecho, ha ido más allá y se ha mostrado en contra de Carles Puigdemont y su decisión por aplazar la declaración de independencia del 10 de octubre. “Yo no voté la declaración de independencia de manera simbólica, quería realmente que se hiciera efectiva”, ha afirmado.

La exdiputada de la CUP, en todo caso, como el resto de miembros de la Mesa –todos ellos de JxSí: Lluís Guinó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet (PDeCat) y Anna Simó (ERC)-, ha invocado la inviolabilidad parlamentaria argumento para permitir el debate parlamentario. En este sentido, los cuatro miembros de la Mesa del Parlament han defendido que su función es tramitar las iniciativas parlamentarias, pero no erigirse en “órgano censor” porque nunca entraban al fondo de la cuestión, sino que se limitaban a aspectos formales.

“Ni yo ni ningún miembro de la Mesa tuvimos ninguna intención de desobedecer al TC, en ningún momento”, ha asegurado Barrufet, quien también ha recordado que “acataron” la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que intervino la Generalitat y disolvió el Parlament.

Corominas, en la misma línea, ha defendido que con su actuación “no estaba desobedeciendo ninguno de los requerimientos y notificaciones del TC”. ”Mi intención siempre fue hacer cumplir lo establecido por el Reglamento del Parlament y que los diputados pudieran ejercer sus derechos”, ha añadido.

Simó ha sostenido que sentía que su deber “era velar por la libertad de expresión” de los parlamentarios. “La inviolabilidad es para defender lo que representa la soberanía del Parlament. Desde mi punto de vista es para defender los derechos fundamentales de los diputados, para defender la separación de poderes y la autonomía parlamentaria”, ha asegurado.

Guinó ha sostenido que la Mesa no podía hacer un control sobre el contenido de las propuestas parlamentarias. “Sería crear una función impropia al Parlament y limitar la autonomía parlamentaria”, ha asegurado sobre la DUI del 27 de octubre de 2017, que también ha apuntado que no tenía un “efecto vinculante”. También ha defendido las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre, cuando se votaron las famosas leyes de ruptura. “Duró muchas horas pero personalmente pienso que fue una experiencia absolutamente única y que desde un punto de vista político los grupos parlamentarios hicieron lo que se hace habitualmente en los parlamentos, que es hacer política”, ha afirmado.

Los cinco acusados están procesados por un presunto delito de desobediencia al permitir la tramitación de iniciativas parlamentarias dirigidas a la independencia de Cataluña, y se enfrentan, además de una pena de inhabilitación de 20 meses, a una multa de 30.000 euros cada uno.